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NOVEDADES

HACIA UNA TEORÍA DE LA PRUEBA PARA EL JUICIO ORAL PENAL 2A. ED.
  • José Daniel Hidalgo Murillo
Me ha alegrado conocer que, desde la primera edición de este libro, en 2013 y la segunda, en 2018, acogiendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha codificación sigue mi criterio relacionado con la prueba que puede ser anulada por ilicitud y/o por ilegalidad (Cfr: art. 97), los criterios de saneamiento (Cfr: art. 99) y convalidación (Cfr: art. 100). Sin embargo, aunque acepta los efectos del acto ilícito que permite anular los actos probatorios que dependen de ese acto (Cfr: art. 101 y 264), no admite el concepto y/o las teorías del “árbol envenenado” ni la contraria de “supresión hipotética”, lo que ahora exige una interpretación que yo había analizado en aquella primera edición. Hoy, doce años despues, nos enfrenta aún a lo desconocido en materia de pruebas aun cuando se haya escrito ya mucho. Por esto, mantengo el título hacia una teoría de la prueba. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos enfrenta al vació procesal. Siguió la técnica de “dejar para otra ley” y/o “para un manual próximo”, lo que falta, lo que se entiende cuando se utiliza, en una ley, un glosario de términos. Se escribió con “mentalidad” de un “manual de procedimientos”. Se promulgó dejando en cada institución una serie de vacíos en el procedimiento que exige ahora responder: ¿cómo debe hacerse esto? Se suma a esto una tendencia “enfermiza” de “legislar” a través de Protocolos, Acuerdos y la Jurisprudencia. Desde la prueba un Código de Procedimientos Penales debe ofrecer respuesta a, por lo menos, tres preguntas: ¿Cómo se realiza, durante la investigación, el acto probatorio? ¿Cómo y cuándo se desahoga el acto probatorio? ¿Cómo se valora? Pueden resultar preguntas poco importantes si, a la luz de la Constitución Federal, se trata de datos de prueba que se han de desahogar en la audiencia de juicio oral. El problema es que México asume el desahogo en juicio de la prueba previamente desahogada en la investigación. El problema es que México exige el desahogo previo de la audiencia para cumplir con el “descubrimiento probatorio”. El problema es que, en México, un Juez no puede admitir los datos de prueba en la audiencia intermedia o de preparación del juicio oral sin, de previo, conocer los alcances y resultados de ese dato de prueba. El problema es que, si no se desahoga el dato de prueba, no es posible conocer si contamos con un medio de prueba que, luego, en juicio, pueda ser desahogado. ¡Creo que este libro sigue siendo importante, aunque un inicio, apenas!
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LA AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO 2A. ED.
  • José Daniel Hidalgo Murillo
La audiencia de vinculación a proceso es una institución procesal penal mexicana. Su estudio exige, a doce años de experiencia: — Primero, sencillez y desformalización; — Segundo, conceptualizar, es decir, ofrecer criterios para aunar en un concepto de vinculación a proceso; — Tercero, ofrecer criterio para la jurisprudencia; — El cuarto, conciliar formulación de la imputación, al modo como funciona en todos los países latinoamericanos con la igual formulación de la imputación en México y la vinculación a proceso; — Entender al imputado como sujeto de derechos humanos, desde su situación de persona imputada —formulación de imputación—, y persona vinculada a proceso —auto y audiencia de vinculación a proceso—, para finalmente sentar las bases jurídicas para analizar el sistema acusatorio desde el proceso mexicano y desde la misma vinculación a proceso. Hace unos años, con ya cuatro reformas, nace el Código Nacional de Procedimientos Penales luego de que estaban publicados 29 Códigos de Procedimientos Penales de ese mismo número de entidades federativas. Es necesario entender que la Institución debe haber mejorado. Sin embargo, es posible sostener que los redactores del Código Nacional no tuvieron especial interés en conocer la experiencia de diez años y, aunque invitaron a algunos a exponer sus ideas, no lo hicieron con los verdaderos autores, jueces de Control, defensores públicos, agentes del Ministerio Público que venían “luchando” con la institución de la Vinculación a Proceso.1 Se entiende así que se hayan repetido los mismos errores, que se hayan dejado de responder las preguntas que nos hemos hecho desde la codificación de Chihuahua que introdujo la figura antes de la reforma del 18 de junio del 2008, que se haya omitido analizar las normas como ya lo había hecho el Código Modelo que ofrecía algunas respuestas y, que se haya vuelto atrás, más que adelantar, en una figura tan importante. He titulado el libro La audiencia de vinculación a proceso, porque se trata de una audiencia propia del Proceso Acusatorio Mexicano. Por eso, igualmente, he mantenido el mismo título para esta segunda edición. Una institución que tiene amigos y enemigos y algunos detractores. Pero, la de vinculación es la audiencia más importante —como exclusiva— del sistema procesal acusatorio mexicano sin desconocer todas las instituciones procesales que se incluyen —o se pueden incluir— en dicha audiencia. Es posible realizar por separado la audiencia de control de detención y la audiencia de vinculación a proceso y dictar en cada una de ellas un auto distinto pero, la segunda no puede ser ajena a la primera. Cuando la audiencia de vinculación a proceso incluye la de control de detención en una unidad de proceso tiende a convertirse en el más importante momento procesal para el sistema de justicia penal en México. Más importante —desde mi personal criterio— que el propio juicio oral y público.
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE EXPRESIÓN
  • José Daniel Hidalgo Murillo
En una trilogía de derechos humanos he escrito Dimensión jurídica de los derechos humanos, Perspectiva de género y libertad personal (Hidalgo, 2017) y ahora, tienes en tus manos Libertad de expresión y derecho de expresión. Tres libros complejos de tres temas polémicos. No quiero adentrarme al siglo XXI sin decir lo que creo que debe decirse al respecto de los derechos humanos, cuando estos derechos quieren ser interpretados al arbitrio de los jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el derecho se interpreta ajeno a valores, cuando las leyes se conciben sin respetar a la persona humana fundamento de los derechos y, por ende, razón de la ley y del derecho. En este tercer libro he analizado el derecho de expresión desde el falso concepto de libertad de expresión. Sin renunciar a la libertad que todos tenemos por el hecho de ser personas libres, en sociedad esa libertad es derecho de libertad, esto es, una libertad limitada por el bien común, el orden público, la moral pública. Pero, no un bien común contrario al bien común, ni una moral y orden público contrario a la moral y al orden público, como se ha sostenido en la Jurisprudencia. Es que la persona libre es libre en sociedad. Es que la persona libre es libre en democracia. Es que la persona libre es libre y social, es libre y moral, es libre y ansiosa de verdad en la expresión, de verdad en la opinión, de verdad de la información. Mi idea es analizar el derecho de expresión como un derecho que, procedente de la libertad de la persona humana se sujeta al derecho para producir sociedad y libertad. Porque quiero ser libre para ser libre; porque quiero proteger los derechos para que seamos sujetos de derechos. Como siempre, agradezco a la prestigiosa casa editorial Flores Editor la publicación y el apoyo de mi Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas, que hacen posible éste como muchos otros libros.
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