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NOVEDADES

NEGOCIACIÓN Y JUSTICIA REPARADORA
  • Cipriano Sotelo Salgado (Coordinador)
  • Luz Marina Castrillón Bustamante
  • Martha Eugenia Lezcano Miranda
  • Rubén Pacheco Inclán
  • William Fernando Quiroz Salazar
  • Alfredo Araya Vega
En los últimos tiempos hemos sido testigos del enorme boom experimentado por la justicia restaurativa. Ésta y su buque insignia, la mediación, han adquirido en la actualidad un inusitado protagonismo en el ámbito de la justicia penal. Este fenómeno ha ido paralelo al reconocimiento, expansión y consolidación de los derechos de las víctimas, impulsado desde la victimología, lo cual ha impactado en el propio diseño y configuración del proceso penal y sus fines. La justicia restaurativa se presenta como una respuesta a la actual crisis de los fines tradicionales del ius puniendi del Estado. Hoy en día es inconcebible un proceso penal tramitado a espaldas de la víctima o sin su intervención activa, que vaya más allá de su tradicional rol como mero testigo. La víctima ha adquirido un estatus nuevo, como consecuencia de su reconocimiento como sujeto titular de derechos, especialmente del derecho a la reparación, entendido en un sentido amplio. Conscientes de este desarrollo evolutivo, es necesario fomentar una verdadera cultura de la mediación que otorgue, a los operadores del sistema de justicia penal, las herramientas necesarias para una adecuada gestión y resolución de los conflictos. La implementación de la mediación penal y de otros medios alternos de solución de conflictos (MASC), en un ordenamiento jurídico, no sólo conlleva a un mero cambio normativo, sino que se traduce en un verdadero cambio cultural de enorme calado y trascendencia. Sus beneficios se proyectan no sólo sobre los protagonistas subjetivos del conflicto penal, sino también sobre la sociedad en su conjunto, con un objetivo claro de disminución de la conflictividad social y de fomento de una cultura de paz y diálogo.
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LA SOLUCIÓN A LA IMPUNIDAD E INSEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO
  • Enrique Thoth Verdeja Márquez
Este libro es presentado por un policía, quien junto con sus compañeros, vive el problema de la inseguridad desde una perspectiva distinta a la de varios autores. La nuestra es simplemente la vivencia del sistema, el día a día en las calles, prisiones, y el contacto directo con las amenazas de la delincuencia, nuestras carencias y la interacción social. De igual manera, uno también se cuestiona: ¿De dónde salen tantos delincuentes? Y nos hacemos la inevitable pregunta: ¿De dónde surge la inseguridad pública?, cuestionamiento muy complejo aun para quienes enfrentamos a la delincuencia, a mi entender y experiencia, surge de la suma de fracasos en la aplicación de las estrategias institucionales, insuficiencias operativas, programas deficientes, ausencia de planeación estratégica, escasez de recursos económicos, y cuando éstos existen están mal direccionados y sujetos a corrupción, falta de estandarización procedimental, indefensión laboral y sobre todo, a la falta de interés político.
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ARTÍCULO TERCERO CONSTITUCIONAL GÉNESIS Y ACTUALIDAD
  • Julio César Romero Ramos
Los principios del artículo tercero constitucional no surgieron por generación espontánea, fueron apareciendo de manera paulatina como producto de diversas coyunturas históricas en las etapas de la vida de nuestra nación. Las Cartas Magnas; desde la Constitución de Cádiz (1812) ya planteaban aspectos que actualmente están vigentes, como la uniformidad de planes y programas, la creación de una institución que se encargara de la administración de la instrucción pública y la importancia que se le concede a la educación superior. En la Constitución de Apatzingán (1814) se pueden advertir las bases de la educación popular; la Constitución de 1824, de manera implícita, respetaba el aspecto del federalismo en la educación; posteriormente correspondió a las juntas departamentales toda iniciativa de ley sobre educación, según lo planteaban la Siete Leyes centralistas (1836) y las Bases Orgánicas (1843) trataban lo referente al financiamiento de la educación. En la Constitución liberal de 1857 se postula el derecho universal de los mexicanos a recibir educación, el derecho a concurrir en la función de educar y a la libertad ideológica y científica en el terreno educativo; en el artículo tercero constitucional de 1917 se planteaba la libertad de enseñanza, el laicismo, la prohibición a las corporaciones religiosas o ministros de los cultos de establecer o dirigir escuelas, la vigilancia oficial y la gratuidad de la educación primaria. En este trabajo se analiza la génesis y actualidad de los principios del artículo tercero constitucional. Para Robert Alexy los principios “son mandatos de optimización, las normas son mandatos definitivos porque mandan conductas definidas con las cuales se agota el contenido de la norma”.1 Por su parte Zagrebelsky considera que: “las normas constitucionales sobre derechos y sobre la justicia son prevalentemente principios”.2 La interpretación que se realiza del planteamiento de Alexy es que el Estado mexicano debe encaminar su esfuerzo para hacer realidad o lograr materialmente, y no sólo postular formalmente lo establecido en el artículo tercero constitucional.
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