El proceso es una ciencia de derecho que garantiza un resultado de acuerdo con las cifras del valor de sus etapas y el llenado de la información requerida para contribuir al resultado en el que se arribó a feliz término, sin hacer otra cosa más que desahogar sus fases, paso a paso. El propio código procesal indica cuándo se cubre el extremo para poder considerar que el valor de una prueba se emite en sentido positivo o negativo a las partes, pero el proceso, con la independencia del sentido, cubre la expectativa esperada conforme la adquisición de valor para que sirva de peso o contrapeso en la decisión, pero esta ciencia en todo momento va a determinar un resultado jurídico que se puede asegurar, siempre y cuando esté soportado por el derecho procesal científico, pues esto es lo que descriptivamente arroja la ciencia a través de los métodos y técnicas empleadas, además, no tiene ninguna otra vertiente que se oponga a su resultado y que, al momento de pronunciarse en definitiva, éste sea el apoyo legal del fallo. Si en el juicio hay una fase de investigación directa en la que se consulte una base de datos del comportamiento crediticio, bancario, carcelario, multas de tránsito, faltas menores, carta de conducta escolar, carta de conducta laboral, testigo de conducta obligatoriamente vecino contiguo, etcétera, en el registro electrónico de la base de datos se hallará mayor apreciación sobre la probabilidad de la persona, pero se rebaja en el derecho a la privacidad resguardada por los derechos fundamentales, lo que sí es permisible son los indicios que provienen de pruebas periciales, que deben reunir el carácter de investigación científica con la metodología adecuada a la ciencia especializada; este dato obedece a la obligación de concentrar mayor valor procesal, al momento de valorar las pruebas es interesante reconocer que es necesaria la profesionalización al cien por ciento del personal de los tribunales, es decir, desde tronco común del puesto más bajo hasta el más alto deben estar equilibrados por la licenciatura en derecho, sobre todo la especialidad, ciencia o arte que desarrolle, incluyendo la secretaría, el escribano, el archivista, entre otros. Entre esas filas debe haber lugar para la ciencia y la tecnología, además del campo para el criminalista o el especialista en ciencias forenses, el médico legista debe tener la especialidad de legista, de internista u otro posgrado y especialidad, entre los médicos se debe considerar el cargo de médico legista como un título honorario y de servicio reconocido socialmente valorado en el campo jurídico, que pueda apoyarse en un laboratorio de pruebas especiales, químicas, biológicas, genéticas, rayos X, láser, de intervención en cirugía y seguimiento de la secuela.

La secuela procesal no debe ser entendida como una línea recta, ya que el procedimiento principal se puede cortar o interrumpir con la finalidad de resolver controversias accesorias de carácter adjetivo, por medio de una sentencia interlocutoria; el hecho de resolver de forma anticipada una parte del principal demuestra la importancia que tienen los incidentes. En razón de lo descrito en el párrafo anterior es que en el presente tomo, los autores se dan a la tarea de realizar un estudio sobre los incidentes procedentes en materia familiar, no sólo aportando la parte doctrinal que el tema requiere, sino, también, dotando al lector de conocimientos que le ayudarán a conocer y, en su caso, a intervenir de manera idónea en este tipo de procedimientos, sin importar si son estudiantes de Derecho o abogados consolidados. Mediante la presentación de casos prácticos, la obra brinda al lector una visión directa del papel que debe desempeñar el abogado, dotándolo de herramientas útiles como la jurisprudencia que podrá citar para crear convicción en el ánimo del juzgador, así como los formularios que conforman la parte forense de esta obra, no sólo integrada por cada uno de los escritos presentados por la parte solicitante (que comienzan con el escrito inicial de solicitud), sino por los acuerdos que les hayan recaído hasta la sentencia interlocutoria emitida por la autoridad, cuya intención es mostrar cómo se pronuncia el juzgador en cada una de las peticiones hechas y, así, estructurar una estrategia de litigio idónea para resolver este tipo de procedimientos. El presente tomo 15 de esta Colección de Juicios Especiales, dedicado a los incidentes procedentes en materia familiar, aporta al lector, en su parte doctrinal, conocimientos básicos que le harán alcanzar un dominio del tema, con la finalidad de que realice el mejor papel cuando tenga la necesidad de intervenir en este tipo de procedimientos, pues, considerados de esta manera, ya que cuentan con todas las etapas procesales. Esta obra analiza primero la parte doctrinal de los incidentes, partiendo de sus generalidades, como es su conceptualización, objeto y clasificación; así como por un análisis detallado de los efectos que conlleva su interposición y la forma correcta para tramitarlos, tanto en la vía ordinaria como en la oral, particularmente en lo que refiere a la materia familiar. Asimismo, se realiza un estudio detallado de una de las características principales de los incidentes, que son las sentencias interlocutorias que el juzgador emite cuando éstos son tramitados, además, se menciona los procedimientos que se pueden tramitar mediante la vía incidental y se detalla cuándo son improcedentes. Por lo que refiere a la parte forense de este tomo 15, esta obra aporta siete procedimientos completos, que abarcan desde el escrito inicial hasta la sentencia interlocutoria emitida por el juzgador, entre los que se encuentran dos incidentes para solicitar el incremento o aumento de la pensión alimenticia, un incidente para la reducción, otro para tramitar la cesación y uno más para la cancelación de la misma obligación alimentaria, así como un incidente para solicitar la ejecución en vía de apremio, de igual forma contiene otro procedimiento con el cual se busca la regularización de un régimen de visitas y alimentos y, por último, un incidente mediante el cual se busca decretar la nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento hecho durante el procedimiento. Por otra parte, esta obra aporta elementos útiles para el desarrollo profesional del lector, los cuales, en algunos casos, servirán para confirmar el conocimiento adquirido con antelación y, en otros, para obtener nuevos conocimientos. Este es el caso del glosario que acompaña al presente tomo, cuya descripción de los conceptos ahí concentrados permiten conocer y emplear con precisión el lenguaje jurídico. Los incidentes, al ser una parte procesal de vital importancia dentro del derecho familiar, están regulados por las 32 entidades del país, razón por la que los autores se han dado a la tarea de acompañar a este tomo con una correlación de los códigos sustantivos y adjetivos de estas entidades. Como ya hemos mencionado, en el apartado inicial de esta obra se encuentra la parte doctrinal, que tiene que ver con los incidentes, cuyo conocimiento y dominio es necesario para entender estos tipos de procedimientos. Realizado todo el análisis doctrinal necesario para la correcta comprensión del tema descrito en el presente tomo 15, se desarrolla la parte procesal necesaria para realizar dichos procedimientos, por lo que dota al lector de formularios —como ya se ha descrito con antelación—.

La falta de capacidad de ejercicio no es una limitante para que una persona tenga seguridad de que sus intereses están salvaguardados, de ahí la importancia de la figura jurídica de la tutela, ya que, si bien es cierto que su participación por sí mismos se encuentra restringida en determinados actos, al momento de decretar quién habrá de representarlos como tutor o curador debe haber certeza de que sus intereses estarán amparados bajo lo descrito en nuestro sistema normativo. En razón de lo descrito en el párrafo inmediato anterior es que en este tomo, los autores se dan a la tarea de realizar un estudio sobre el procedimiento jurídico para realizar un juicio de tutela, no sólo aportan la parte doctrinal que el tema requiere, sino, también, dotan al lector de conocimientos que le ayudarán a conocer y, en su caso, a intervenir de manera idónea en este tipo de procedimiento, sin importar que sean estudiantes de Derecho o abogados consolidados. La presentación de casos prácticos dan al lector una visión directa del papel que debe desempeñar el abogado, lo dotan de herramientas útiles, tales como la jurisprudencia que se podrá citar para crear convicción en el ánimo del juzgador; los formularios que conforman la parte forense de esta obra, no sólo integrada por cada uno de los escritos presentados por la parte solicitante (que comienzan con el escrito inicial de solicitud), sino, además, por los acuerdos que les hayan recaído hasta la sentencia emitida por la autoridad, lo cual tiene la intención de mostrar cómo se pronuncia el juzgador ante cada una de las peticiones hechas y, así, estructurar una estrategia de litigio idónea para resolver este tipo de procedimientos. El presente tomo 14 de esta Colección de Juicios Especiales, dedicado a las diligencias no jurisdiccionales para designar la tutela, aporta al lector, en su parte doctrinal, de conocimientos básicos que le permitirán alcanzar un dominio del tema, con la finalidad de que realice el mejor papel cuando tenga la necesidad de intervenir en este tipo de procedimientos. En la primera parte de esta obra se realiza un análisis de los efectos que conlleva la realización de las diligencias de jurisdicción voluntaria para declarar la tutela, se conceptualiza dicha figura jurídica y se describen sus peculiaridades. Hablar de tutela conduce a estudiar otra figura de igual importancia dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, que es la interdicción, por lo que hablar de incapacidad natural o legal es inevitable para poder comprender los efectos de la tutela. Al examinar la tutela, nos encontramos con una serie de sujetos que intervienen, cuyas características particulares tienen que ser perfectamente entendidas por aquellos que se interesen en conocer el tema, razón por la que en este tomo se analizan a detalle. Al igual que cada una de las diversas figuras jurídicas que contempla nuestro derecho, la tutela tiene particularidades que la diferencian de otras, por lo que en esta obra se analiza su concepto comprendido en el Código Civil para la Ciudad de México. Además, esta obra establece las clases de tutela que el sistema normativo contempla, es decir, la tutela cautelar, testamentaria, legítima, de menores en situación de desamparo y la dativa; además, se menciona quiénes no pueden desempañarla. Como ya mencionamos, esta obra se refiere a los sujetos u órganos con que cuenta la tutela, por lo que se hace un análisis detallado de las obligaciones y retribuciones que tiene y a las que se hace merecedor el tutor; su capacidad para vender, gravar o transigir los bienes de los menores, incapacitados o ausentes; así como las características del curador. Además, contempla como órganos de esta figura jurídica al Consejo Local de Tutelas y a los jueces de lo familiar, quienes tienen una intervención importantísima en este tipo de procedimientos. Esta obra, al tener una doble esencia, no sólo contempla el aspecto doctrinal, sino, también, nos habla del procedimiento para declarar la interdicción de una persona y, así, nombrar tanto al tutor como al curador. Es importante recordar que para que se lleven a cabo estas designaciones, es necesario realizar una diligencia no jurisdiccional, es decir, una jurisdicción voluntaria, en la que intervienen una serie de sujetos —además de los ya referidos— como el Ministerio Público. Por otra parte, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria de declaración de interdicción, encontramos que en estas se realiza el nombramiento de tutor en la vía de jurisdicción voluntaria, por lo que este tomo 14 de la Colección de Juicios Especiales en Materia Familiar se presentan las reglas y requisitos de forma que se deben observar en la tramitación, así como cuáles pueden ser los criterios que puede emitir el juzgador con relación a nuestra solicitud, incluso se mencionan las características y particularidades tanto de la primera como la segunda audiencia de reconocimiento que se han de llevar a cabo dentro de este procedimiento, el cual ha de derivar en una sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional, y cómo puede ser susceptible a interponer un recurso de apelación. Por otra parte, esta obra aporta al lector elementos útiles para que su desarrollo profesional, los cuales, en algunos casos, sirven para confirmar el conocimiento adquirido con antelación y, en otros, para obtener nuevos conocimientos. Este es el caso del glosario que acompaña al presente tomo, cuya descripción de los conceptos ahí concentrados permiten conocer y emplear con precisión el lenguaje jurídico. La tutela, al ser una figura de vital importancia dentro del derecho familiar, lo regula cada una de las 32 entidades del país, razón por la que los autores se han dado a la tarea de acompañar este tomo con una correlación de los códigos sustantivos y adjetivos de dichas entidades. Como ya mencionamos, el apartado inicial de esta obra cuenta con la parte doctrinal que tiene que ver con la tutela, cuyo conocimiento y dominio es necesario para entender este tipo de procedimientos. Realizado el análisis doctrinal necesario para la correcta comprensión del tema descrito en este tomo 14, se introduce la parte procesal para realizar las referidas diligencias de jurisdicción voluntaria, que dota al lector de formularios —como ya hemos descrito con antelación—.