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La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que deriva de la reforma constitucional anticorrupción, es un hito en el orden jurídico mexicano en materia del derecho administrativo sancionador, porque establece un nuevo modelo de faltas administrativas y faltas de particulares, así como un procedimiento específico, completo y garantista, para la investigación, sustanciación y resolución, que puede culminar en la imposición de sanciones a servidores públicos e incluso a personas físicas y morales de derecho privado. Desde los inicios del derecho administrativo sancionador, como expresión del ius puniendi del Estado, se aplicaron principios y metodología del derecho penal y del derecho procesal penal, al advertir que las sanciones administrativas guardan semejanza con las penas y medidas de seguridad, al privar al sancionado de algunos de sus derechos humanos fundamentales, de tal manera que se utilizaron herramientas de la teoría del delito que permitieran aplicar las sanciones siempre que no existiera duda razonable sobre los hechos imputados a los servidores públicos. Proemio Jenyffer P. Hernández Pérez La aplicación de una nueva legislación generalmente es confusa e incierta, sobre todo cuando ya se estaba aplicando una ley que tenía por objeto los mismos supuestos, como lo era la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en el ámbito federal y las correlativas en la Entidades Federativas. Tanto los sujetos obligados, como las autoridades que tienen la atribución de aplicarla, tienen que realizar adecuaciones mentales y gnoseológicas, para el nuevo discurso, los nuevos conceptos, en general, el lenguaje diferente por el que se expresa la norma novedosa, esto es lo que ahora sucede con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, legislación que abarca las cuestiones del nuevo modelo que el Constituyente Permanente diseñó en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La presente obra contiene varios formatos de escritos de algunas solicitudes o peticiones que pueden realizar las partes, dirigidos al órgano jurisdiccional o al agente del Ministerio Público, en los que se sugiere cierta fundamentación y redacción, dependiendo del caso en particular. Se considera que estos formatos constituyen una guía o lineamientos para realizar de manera adecuada y concreta lo que se peticiona a las autoridades aludidas. Sin embargo, cada parte procesal deberá imprimir su sello y estilo personal, así como adecuarlo a la situación en concreto que esté llevando a cabo, pues no son formatos rigurosos, son sugerencias y dependerá de los pormenores del asunto para ajustarlos a sus requerimientos y necesidades, además se deben tomar en cuenta las denominaciones que se le dan de manera particular a los órganos jurisdiccionales y a la institución del Ministerio Público, en la Ciudad de México y los estados que conforman la república mexicana. Finalmente, se pretende que los referidos formatos sirvan como una herramienta orientadora para las partes procesales en este sistema penal acusatorio, ya que están fundamentados conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La presente obra tiene como finalidad, otorgar a los estudiantes y estudiosos del Derecho, los conceptos fundamentales para comprender la seguridad social y su instrumento básico de aplicación: el seguro social. Después de abordar el marco conceptual de la seguridad social, se realiza un estudio de su origen y evolución en el ámbito internacional y nacional, para posteriormente, entrar al análisis de los principales seguros sociales en México, consagrados de manera concreta en la Ley del Seguro Social (LSS), la Ley del Instituto de la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE), la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (LISSFAM) y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (LINFONAVIT), así como de los diversos reglamentos que permiten su aplicación. Asimismo, se presenta la exposición, estudio y práctica forense de los medios de defensa legal con los que cuentan tanto el trabajador como el patrón, en contra de los actos que se estimen ilegales, por parte de las autoridades administrativas, en materia de seguridad social. A pesar de que día con día se presentan reformas a nuestro orden jurídico nacional, que apuntan a la desaparición de la seguridad social —entre otras la aprobación de la actual Ley del ISSSTE, de marzo de 2007, mediante la cual se pasó de un sistema pensionario de beneficios definidos a un sistema de contribución definida, basado en cuentas individuales de ahorro— se debe pugnar por un sistema de seguridad social que otorgue a todos los mexicanos el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección a los medios de subsistencia y a los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de las pensiones que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, disfrutarán los asegurados o sus familiares. Considero fundamental para el bienestar y desarrollo de los individuos y de la sociedad, conocer, respetar y hacer valer el marco jurídico que rige a la seguridad social en México.

La Política Criminal es la disciplina más importante que exis-te actualmente, si se piensa en la disminución de la incidencia delictiva como objetivo. En este texto se han conjuntado diversas posturas de los estudiosos en este tema, aunque consideramos que, en efecto, estamos ante una acción política del Estado, que es traducida en una expresión del derecho penal. La importancia que cobra la Política Criminal teórica-mente, debiera verse reflejada en la praxis, sin embargo, a lo largo de la historia se ha concebido su práctica sólo como con-secuencia del contexto social o político en el que nuestro país se encuentra inmerso. Para comprobarlo, se analizan las con-ductas más significativas que fueron tipificadas como delito en los códigos penales a nivel federal, dependiendo de dichos con-textos y de la ideología prevalente en las épocas en que surge cada uno de ellos. Es necesario conocer esta fase histórica y su evolución, para comprender el porqué, en los últimos tiempos las medidas más importantes de Política Criminal que se han tomado, han reflejado el endurecimiento del derecho penal, hasta llegar al punto de implementar la prisión vitalicia y olvidar el principio básico que se proclama para este tipo de política en el siglo xxi: el respeto a los derechos humanos.

La presente investigación cuenta con cinco apartados: en el primero se reflexiona sobre la función del derecho penal como instrumento de control social y su relación con la imputabilidad penal; en el apartado siguiente, se analiza lo relativo a la imputabilidad penal y a su ubicación en la sistemática del delito; posteriormente, se revisa la inimputabilidad penal y las fórmulas que históricamente se han empleado para regularla; después, se reflexiona sobre la problemática de la imputabilidad penal y su relación con los adolescentes, las acciones libres en su causa, el tema de los derechos humanos, la imputabilidad disminuida y el tema de los indígenas; y finalmente, se presenta un análisis sobre la legislación penal en lo relativo al tema. Este trabajo no habría sido posible sin la dirección y apoyo siempre motivante del doctor Manuel Vidaurri Aréchiga, destacado penalista guanajuatense, a quien le agradezco sus valiosos comentarios y atenciones. De igual manera agradezco la colaboración, en la actualización de la legislación, a una joven promesa nayarita que, seguro estoy, en el futuro inmediato será una jurista destacada, la licenciada Maleny Venegas Ornelas.

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