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La presente obra es la visión práctica de un penalista en el ejercicio diario como defensor y acusador coadyuvante, tanto en la protección de los derechos del imputado como los de la víctima que ha logrado acumular una diversidad de casos y modelos prácticos de escritos de juicios de amparo que lograron sacar adelante diversos procesos. Mediante una forma clara y objetiva de un litigante el autor realiza críticas, propone soluciones y presenta una diversidad de medios para que el litigante activo en materia penal, el estudiante de derecho y todo aquel estudiante de especialidad y maestría que requiera sumergirse y disfrutar de casos prácticos acordados y relacionados con la jurisprudencia más actualizada, que en estos momentos se encuentra al rojo vivo en los juicios orales, brindará al lector lo que busca, respuestas a sus problemas de percepción y comprensión del juicio de amparo en materia penal, sea como víctima, ofendido, autoridad, o bien como imputado, ejemplificando mediante escritos actualizados y concordados con articulado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Amparo y los últimos criterios jurisprudenciales seguramente apoyará en resolver las cuestiones más difíciles y novedosas en el procedimiento penal.

Me ha alegrado conocer que, desde la primera edición de este libro, en 2013 y la segunda, en 2018, acogiendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha codificación sigue mi criterio relacionado con la prueba que puede ser anulada por ilicitud y/o por ilegalidad (Cfr: art. 97), los criterios de saneamiento (Cfr: art. 99) y convalidación (Cfr: art. 100). Sin embargo, aunque acepta los efectos del acto ilícito que permite anular los actos probatorios que dependen de ese acto (Cfr: art. 101 y 264), no admite el concepto y/o las teorías del “árbol envenenado” ni la contraria de “supresión hipotética”, lo que ahora exige una interpretación que yo había analizado en aquella primera edición. Hoy, doce años despues, nos enfrenta aún a lo desconocido en materia de pruebas aun cuando se haya escrito ya mucho. Por esto, mantengo el título hacia una teoría de la prueba. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos enfrenta al vació procesal. Siguió la técnica de “dejar para otra ley” y/o “para un manual próximo”, lo que falta, lo que se entiende cuando se utiliza, en una ley, un glosario de términos. Se escribió con “mentalidad” de un “manual de procedimientos”. Se promulgó dejando en cada institución una serie de vacíos en el procedimiento que exige ahora responder: ¿cómo debe hacerse esto? Se suma a esto una tendencia “enfermiza” de “legislar” a través de Protocolos, Acuerdos y la Jurisprudencia. Desde la prueba un Código de Procedimientos Penales debe ofrecer respuesta a, por lo menos, tres preguntas: ¿Cómo se realiza, durante la investigación, el acto probatorio? ¿Cómo y cuándo se desahoga el acto probatorio? ¿Cómo se valora? Pueden resultar preguntas poco importantes si, a la luz de la Constitución Federal, se trata de datos de prueba que se han de desahogar en la audiencia de juicio oral. El problema es que México asume el desahogo en juicio de la prueba previamente desahogada en la investigación. El problema es que México exige el desahogo previo de la audiencia para cumplir con el “descubrimiento probatorio”. El problema es que, en México, un Juez no puede admitir los datos de prueba en la audiencia intermedia o de preparación del juicio oral sin, de previo, conocer los alcances y resultados de ese dato de prueba. El problema es que, si no se desahoga el dato de prueba, no es posible conocer si contamos con un medio de prueba que, luego, en juicio, pueda ser desahogado. ¡Creo que este libro sigue siendo importante, aunque un inicio, apenas!

La audiencia de vinculación a proceso es una institución procesal penal mexicana. Su estudio exige, a doce años de experiencia: — Primero, sencillez y desformalización; — Segundo, conceptualizar, es decir, ofrecer criterios para aunar en un concepto de vinculación a proceso; — Tercero, ofrecer criterio para la jurisprudencia; — El cuarto, conciliar formulación de la imputación, al modo como funciona en todos los países latinoamericanos con la igual formulación de la imputación en México y la vinculación a proceso; — Entender al imputado como sujeto de derechos humanos, desde su situación de persona imputada —formulación de imputación—, y persona vinculada a proceso —auto y audiencia de vinculación a proceso—, para finalmente sentar las bases jurídicas para analizar el sistema acusatorio desde el proceso mexicano y desde la misma vinculación a proceso. Hace unos años, con ya cuatro reformas, nace el Código Nacional de Procedimientos Penales luego de que estaban publicados 29 Códigos de Procedimientos Penales de ese mismo número de entidades federativas. Es necesario entender que la Institución debe haber mejorado. Sin embargo, es posible sostener que los redactores del Código Nacional no tuvieron especial interés en conocer la experiencia de diez años y, aunque invitaron a algunos a exponer sus ideas, no lo hicieron con los verdaderos autores, jueces de Control, defensores públicos, agentes del Ministerio Público que venían “luchando” con la institución de la Vinculación a Proceso.1 Se entiende así que se hayan repetido los mismos errores, que se hayan dejado de responder las preguntas que nos hemos hecho desde la codificación de Chihuahua que introdujo la figura antes de la reforma del 18 de junio del 2008, que se haya omitido analizar las normas como ya lo había hecho el Código Modelo que ofrecía algunas respuestas y, que se haya vuelto atrás, más que adelantar, en una figura tan importante. He titulado el libro La audiencia de vinculación a proceso, porque se trata de una audiencia propia del Proceso Acusatorio Mexicano. Por eso, igualmente, he mantenido el mismo título para esta segunda edición. Una institución que tiene amigos y enemigos y algunos detractores. Pero, la de vinculación es la audiencia más importante —como exclusiva— del sistema procesal acusatorio mexicano sin desconocer todas las instituciones procesales que se incluyen —o se pueden incluir— en dicha audiencia. Es posible realizar por separado la audiencia de control de detención y la audiencia de vinculación a proceso y dictar en cada una de ellas un auto distinto pero, la segunda no puede ser ajena a la primera. Cuando la audiencia de vinculación a proceso incluye la de control de detención en una unidad de proceso tiende a convertirse en el más importante momento procesal para el sistema de justicia penal en México. Más importante —desde mi personal criterio— que el propio juicio oral y público.

En una trilogía de derechos humanos he escrito Dimensión jurídica de los derechos humanos, Perspectiva de género y libertad personal (Hidalgo, 2017) y ahora, tienes en tus manos Libertad de expresión y derecho de expresión. Tres libros complejos de tres temas polémicos. No quiero adentrarme al siglo XXI sin decir lo que creo que debe decirse al respecto de los derechos humanos, cuando estos derechos quieren ser interpretados al arbitrio de los jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el derecho se interpreta ajeno a valores, cuando las leyes se conciben sin respetar a la persona humana fundamento de los derechos y, por ende, razón de la ley y del derecho. En este tercer libro he analizado el derecho de expresión desde el falso concepto de libertad de expresión. Sin renunciar a la libertad que todos tenemos por el hecho de ser personas libres, en sociedad esa libertad es derecho de libertad, esto es, una libertad limitada por el bien común, el orden público, la moral pública. Pero, no un bien común contrario al bien común, ni una moral y orden público contrario a la moral y al orden público, como se ha sostenido en la Jurisprudencia. Es que la persona libre es libre en sociedad. Es que la persona libre es libre en democracia. Es que la persona libre es libre y social, es libre y moral, es libre y ansiosa de verdad en la expresión, de verdad en la opinión, de verdad de la información. Mi idea es analizar el derecho de expresión como un derecho que, procedente de la libertad de la persona humana se sujeta al derecho para producir sociedad y libertad. Porque quiero ser libre para ser libre; porque quiero proteger los derechos para que seamos sujetos de derechos. Como siempre, agradezco a la prestigiosa casa editorial Flores Editor la publicación y el apoyo de mi Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas, que hacen posible éste como muchos otros libros.

La Etapa Intermedia consta de dos fases, una escrita y otra oral, ambas especialmente sencillas. En México se producirán seis fases, cuatro de las cuales son innecesarias, ilógicas, repetitivas, inconstitucionales. 1. Fase de cierre y/o de plazos. 2. Fase de descubrimiento probatorio previa a audiencia. 3. Fase de formalización del Actor Coadyuvante. 4. Fase de ofrecimiento y desahogo de pruebas del Actor Coadyuvante. 5. Fase oral y/o de Audiencia Intermedia. 6. Fase de impugnación. A la etapa o fase de cierre se le puede llamar Fase de Tranzas Procesales. Los términos perentorios se convierten, en México, en una serie de ampliación de plazos que puede hacer durar la fase dos meses más. La fase de descubrimiento previo es inconstitucional porque la Constitución Política exige ese descubrimiento desde la Etapa de Investigación antes de la Audiencia Inicial, en México se realiza ante el Ministerio Público que ya cerró la Etapa de Investigación, ya presentó la acusación, ya fijo litis y ya enlistó los medios de prueba. La Etapa Intermedia es ya una segunda fase de descubrimiento probatorio y, sin embargo, el artículo 337 produce una tercera fase para ese descubrimiento que, a su vez, atrasa el inicio de la Audiencia Intermedia. La fase de formalización del coadyuvante es inconstitucional porque se exige ésta desde la investigación (Cfr. Art. 20, C, II). La fase de ofrecimiento y desahogo de pruebas es contraria al Proceso Acusatorio, porque ya se dio el cierre de la investigación, ya se ofrecieron las pruebas para el juicio y, sin embargo, la víctima en etapa ya cerrada puede ofrecer pruebas y su desahogo previo. La fase de audiencia es igual a la que se estudia en todas las demás legislaciones comparadas, aunque presenta serios problemas constitucionales con los acuerdos probatorios, México abre, además, una fase de impugnación pues tanto el Auto de Apertura en cuanto encamina la causa a juicio y en cuanto puede excluir medios de prueba que pueden ser impugnados, innecesario cuando esos mismos medios de prueba pueden ofrecerse en el Juicio Oral. Gracias al Código Nacional la Etapa Intermedia se convertirá en un cruce de carreteras peligroso, absurdo, innecesario y lento, con muchos —muchos— accidentes.

Esta tercera edición de la presente obra jurídica, que el amable lector tiene en sus manos, comprende el estudio y análisis de las instituciones de Derecho Procesal Penal, creadas a partir de la reforma constitucional del 18 de junio del año 2008, conforme al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, implementado en todo México el 18 de junio de 2016. Su contenido comprende todo el programa académico de la materia de Derecho Procesal Penal de la Licenciatura en Derecho, aprobado por la otrora SETEC del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal en México, que dependía de la Secretaría de Gobernación, asimismo, como adición a los contenidos temáticos, se desarrollan las dos primeras unidades del programa de estudios, de la materia de Derecho Procesal Penal, que se imparte actualmente en la Facultad de Derecho de la UNAM, ubicándolas según los temas y subtemas correspondientes al presente libro. El objetivo principal de esta obra, considerando el programa académico institucional, es dotar a los alumnos de la materia referida de los conocimientos básicos que les permita comprender la nueva estructura del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, a través del ejercicio de buenas prácticas para transparentar la justicia penal mexicana y promover la rendición de cuentas a que se deben los operadores en el nuevo sistema, desde la perspectiva del cumplimiento irrestricto de los derechos humanos y sus garantías reconocidas en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales en los cuales el Estado mexicano está obligado a cumplirlos por ser parte de los mismos. Los contenidos temáticos están debidamente correlacionados con las disposiciones jurídicas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, doctrina nacional y extranjera, Jurisprudencias y Tesis Aisladas. Las instituciones procesales estudiadas y analizadas se enriquecen con la crítica académica, propuestas viables y razonadas del autor, que invitan a la reflexión sobre su aplicación con sentido humanitario, a fin de hacer justicia con transparencia en materia penal. Al final de la obra se anexan íntegramente los siguientes documentos normativos, para un mejor entendimiento de las instituciones procesales en estudio: formatos de cadena de custodia y actuación policial conforme a la Guía Nacional de Cadena de Custodia y el Protocolo Nacional de Actuación de la Policía con Capacidades para Procesar el Lugar de Intervención, ambos publicados en el DOF el 26 de noviembre de 2015, y el nuevo formato de Informe Policial Homologado, publicado en el DOF el 4 de octubre de 2017; Acuerdo A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los Servidores Públicos que intervengan en materia de Cadena de Custodia, expedido por el Procurador General de la República, publicado en el DOF el 12 de febrero de 2015; Acuerdo A/017/15, por el que se establecen los Criterios Generales y el Procedimiento que deberán observar los agentes del Ministerio Público de la Federación, para solicitar la pena en el Procedimiento Abreviado, y el Acuerdo A/018/15 por el que se delega en los servidores públicos que se indica, diversas facultades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ambos suscritos por el Procurador General de la República, publicados en el DOF el 23 de febrero de 2015; Acuerdo A/001/16, expedido por la Procuradora General de la República, publicado en el DOF el día 15 de enero de 2016, por el que se crea el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Procuraduría General de la República; y el Acuerdo A/099/17, emitido por la Procuraduría General de la República, por el que se establecen los criterios generales para la aplicación de los criterios de oportunidad, publicado en el DOF el 4 de diciembre de 2017. La obra es una contribución doctrinaria y práctica, cuyo contenido invita a ser consultado no sólo por los estudiantes de la Licenciatura en Derecho, sino también por los abogados postulantes y los operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en razón que su autor ha sido catedrático por más de 20 años ininterrumpidos y Miembro Fundador del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Claustro de Profesores del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); exagente del Ministerio Público Federal, ex-Subdirector de Control de Procedimientos Penales y exasesor del titular de la otrora Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR); contando con 30 años de ejercicio profesional; siendo de los primeros Capacitadores Certificados por Méritos por la otrora SETEC-SEGOB, de policías, peritos, ministerios públicos, jueces y magistrados; tomando diversos cursos en las Etapas del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, reconocidos por la USAID-INACIPE-PGR, y por las universidades de Nebraska-Lincoln y de San Diego (EUA) en Convenio con la UNAM, participando como conferencista en Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y autor de libros y artículos en materia penal.