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LA DEFENSA PENAL DENTRO DEL SISTEMA ACUSATORIO, ADVERSARIAL Y ORAL EN MÉXICO
  • Eduardo López Lara
  • Edgar Bringas Ocaña
El nuevo Sistema de Justicia Penal en México, ha sido a partir de la reforma constitucional de 2008, un paradigma de alto tratamiento jurídico. Para los juristas dedicados hoy al estudio, y aplicación del derecho procesal penal moderno resultan de gran preeminencia instituciones jurídicas que acoge este sistema. Una de estas instituciones jurídicas es legítimamente la de la defensa en materia penal dentro del sistema acusatorio adversarial y oral en México, de suerte que los literatos nos hemos propuesto a crear una exposición de la génesis, la conceptualización, el sazón normativo que guarda la defensa, sus teorías en que se sustentan y cerramos con el ofrecimiento del perfil idóneo del defensor punitivo ya sea publico o particular. Es como el leedor tiene en sus manos una faena meritoria para concebir cual es la necesidad de actualizarse en el campo del derecho adjetivo contemporáneo, y que a través de los modelos hoy abordados se comprenda que la renovación académica es uno de los elementos vitales para que se eficientice la labor de los defensores con el objeto de cumplir a cabalidad la figura de la defensa adecuada que como derecho humano y garantía constitucional tiene como derecho subjetivo publico el gobernado que se encuentra embrollado en un juicio de carácter criminal. Bajo este contexto anhelamos que esta misión sea de utilidad al gremio en aras de que los justiciables cuenten con una salvaguardia jurídica adecuada.
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CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
  • Juan Raúl López Villa
El libro que tiene en sus manos aborda de una forma práctica y concisa uno de los temas que ha cobrado particular importancia a partir de 2015 en nuestro país, nos referimos al derecho procesal constitucional, mismo que ha consolidado el Sistema de Control Constitucional, tema que sin duda todo estudiante de derecho debe conocer. En ese sentido, el autor aborda el estudio de las Controversias Constitucionales y Acción de Inconstitucionalidad, bajo una perspectiva práctica y con una didáctica jurídica diferente a la tradicional, a través de preguntas y respuestas, vinculando en cada una de ellas, las tesis de jurisprudencia y tesis aisladas que han sido emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se relacionan y amplían el conocimiento del lector en cada tema abordado. ¿Qué es una controversia constitucional y quién la puede promover?, ¿en qué consiste la acción de inconstitucionalidad y quién puede promoverla?, ¿en qué casos procede la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad?, ¿se pueden impugnar las normas generales en materia electoral?, ¿en qué casos se dará la contradicción entre normas de carácter general expedidas por órganos legislativos estatales y la Constitución Federal?, ¿qué procede en contra de la no conformidad de leyes electorales a la Constitución?, ¿pueden tener efectos retroactivos las declaraciones de invalidez de aquellas resoluciones que deriven de controversias constitucionales? Éstas son algunas de las interrogantes que se pretenden resolver en la presente obra, por lo que más que un libro de texto, es un libro de consulta para abogados postulantes y estudiosos del derecho constitucional y derecho procesal constitucional.
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BASES PARA UN CÓDIGO NACIONAL PENAL APUNTES PARA UNA PARTE GENERAL
  • Rubén Quintino Zepeda
La ciencia jurídico-penal mexicana está por delimitar su objeto de estudio en un solo ordenamiento, es decir, en un Código Penal Único. Se trata de una excelente oportunidad, no sólo para reflexionar respecto de un solo objeto de estudio, sino también para aprender a debatir como auténticos profesionales. Ciertamente será difícil, aunque si fijamos las reglas desde el principio, haremos avanzar la ciencia jurídico-penal mexicana, así para poder internacionalizarla con el tiempo. La primera regla podría ser la siguiente: no hay que considerar nada personal, sólo hay que tener honestidad intelectual. Algunos tal vez perciban lo anterior como falsa modestia, porque ni siquiera hace falta justificarse. De hecho, debo parecer muy pesimista pero soy de los que opinan que el debate es fundamental. Ejemplo, aunque en este trabajo me ocupo de términos excesivamente genéricos, centré mi atención en las consideraciones que al respecto guarda mi querido amigo Miguel Ontiveros Alonso —¿por qué?—, porque precisamente a él concierne la coordinación de las mesas de trabajo en torno al Código Penal Único. Pero ¡atención!, Ontiveros es un profesional, ello le permitirá debatir con quien sea, sin que necesariamente relegue la amistad a un segundo plano, gracias a lo cual, hay ciertos motivos para creer que, en nuestro país, la ciencia penal del futuro sabrá tener fidelidad a su deber. En fin, mi más esperanzado propósito es contribuir con algunas breves reflexiones que, tal vez, puedan ser de utilidad. En 2007 publiqué un trabajo titulado “La impostergable unificación de los códigos penales de la república mexicana”. A diez años Tratándose de definiciones o conceptos legales, hay que centrar la mirada en cada una de sus consecuencias jurídicas. Los lectores podrán percatarse de este cambio de perspectiva, debido a que, tal cual, casi transcribí en su totalidad el documento de 2007, indicando a nota de pie de página los aspectos en que ha cambiado mi manera de pensar. Pues bien, después de mucho meditar y buscarle la vuelta a muchas definiciones de la Parte General del Derecho Penal, los lectores encontrarán una propuesta de la misma en el contenido de esta obra. Lo que escribo es algo tendencioso y lo sé, pero ha llegado el momento de promover el debate al respecto.
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DERECHO ROMANO
  • Francisco Antonio Lembo Rosales
El mundo está dividido en términos de normas de derecho, en grandes sistemas jurídicos de los cuales los más significativos son: el sistema inglés del Common Law, el sistema islámico, el casi extinto sistema socialista y, desde luego, el sistema romanista, al cual pertenece nuestro país; se entiende por sistema a una manera, una forma en que se crea, se aplica y se regula el derecho. Nuestro país sigue la tradición romanista, más que por elección, por razón histórica. El pueblo romano, eminentemente, guerrero y conquistador, extendió su imperio hacia el oriente y hacia el occidente, conquistando grandes extensiones territoriales de Europa y llegando, incluso, hasta España, donde extendió ampliamente sus dominios. Desde luego que el pueblo romano, en los territorios conquistados, estableció e implantó —como todo pueblo dominante—, sus propias leyes, mismas que ya regían a todo el vasto imperio y las que ya contenían, muchas de las instituciones jurídicas que han llegado hasta nuestros días. De esta manera resulta fácil entender cómo llegó a México, a través de España, la tradición jurídica romana, desde luego fue a través de la conquista y las leyes que la Corona estableció en la Nueva España, tales como fueron: las Leyes de indias, Las siete partidas, las Leyes de encomienda, entre muchas otras más, de contenido y tradición eminentemente romanista.
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INTERVENCIÓN DE LA COMUNICACIÓN PRIVADA
  • Carlos Quintino Zepeda
Como regla general, la inviolabilidad de la comunicación privada comprende un derecho a la intimidad o derecho fundamental del ser humano. Sin embargo, no todo ser humano es persona y, por ello mismo, se hace necesario regular la intervención a la comunicación privada. De manera recurrente, la intervención a una comunicación privada, se consigue con la autorización previa del juez de control. Como excepción a la regla general, el artículo 252, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que: […], requieren de autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes: […] III. La intervención de las comunicaciones privadas y correspondencia. […]. Cuando un teléfono celular se encuentra abandonado en el lugar del hecho típico. La excepción a la regla general, se presenta con las circunstancias siguientes: a) El perito en materia de informática forense podrá extraer la información electrónica —sin la previa autorización del juez de control—, cuando el teléfono celular se encuentre abandonado en el lugar del hecho típico, y b) No se requiere autorización previa del juez de control cuando el propietario de un teléfono celular aporte el contenido de su información electrónica con relación al hecho típico —dentro de un tiempo real o presente. En la carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público podrá realizar el registro de la intervención a la comunicación privada. El registro deberá referirse a la localización geográfica de un dispositivo móvil. También, se hará un registro de los datos de prueba que se deriven de la información electrónica, siempre y cuando, se relacionen con el hecho típico. Esta obra contiene 10 requisitos a fin de localizar un dispositivo móvil o teléfono celular con relación al hecho típico —dentro de un tiempo real o presente. En atención a ello, es importante saber cuándo sí y cuándo no se afecta el derecho fundamental (intervención a la comunicación privada). Y, para ese efecto, es necesaria la consulta de 11 criterios de jurisprudencia. 120 registros justifican la necesidad de implementar una plataforma digital que sirva de enlace entre las líneas telefónicas, el agente del Ministerio Público y el juez de control, respectivamente. Y, si esto es así, la solicitud de una intervención de la comunicación privada se debe realizar dentro de un tiempo real o presente en aras de una mejor procuración de la justicia federal.
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ESTUDIO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL ARRAIGO EN EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL
  • Lucio Alfonso Rubio Antelis
¿Es la presunción de inocencia o la presunción de culpabilidad, el estándar aplicativo de la norma penal a cargo de los operadores del actual sistema de justicia penal acusatorio? Escribir, discurrir y exaltar este principio parece ser tarea común de los encargados y responsables del funcionamiento de la maquinaria punitiva en el ámbito operativo. La realidad que se vive en las prácticas jurisdiccionales, es una; la realidad que padece el ciudadano común y corriente, es otra. En resumidas cuentas, la presunción de inocencia se aleja completamente de estos escenarios, gozando de privilegios y prerrogativas a las que muy pocos tienen acceso. El brazo de la ley no llega a los marginados del derecho penal. No importa la profesión que se ejerza, el oficio que se desempeñe o la actividad cotidiana que cualquier persona lleve a cabo para sobrevivir, digna, respetuosa y lícitamente; cuando la maquinaria del Estado encamina sus baterías en la persecución del delito, lo hace sabedor de que ahora en las investigaciones preliminares, es más fácil judicializar y emplazar a audiencia de formulación de imputación a cualquier persona, exceptuando a los privilegiados. Actos que se producen siempre ante un juez de control, individualizándole previamente, investigando o acumulando los datos de prueba, ya por el agente investigador o por conducto de la policía ministerial. La inseguridad y la sorpresa invaden a las personas involucradas en algún proceso penal, cuando son citadas a comparecer a una audiencia de formulación de imputación. La maquinaria judicial mediante sus propias reglas sui generis, surte efecto y se ejerce el control social. Es el sistema penal dueño y señor del futuro que depare al mortal imputado de la comisión de un ilícito.
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DERECHO LABORAL BUROCRÁTICO
  • Rogelio Romero Flores
El trabajador de base burocrático es la persona física que presta sus servicios en forma subordinada al patrón Estado, después de que éste le ha expedido un nombramiento para desempeñar un puesto de empleo, y lo hace en su carácter de titular autorizado por la ley. En la vida laboral del trabajador burocrático se enfrenta a diversas incidencias laborales entre ellas la más destacada por sus efectos y perjuicios lo es, el despido laboral. Ante este hecho frustrante para la mayoría de empleados públicos, en este caso el trabajador de base no sabe cómo abordar el problema ni cómo conducirse ante la consecuencia jurídico-procesal de un juicio de reinstalación o indemnización que está por venir. En este contexto jurídico procesal y sustantivo, es cuando el trabajador burócrático decide acudir a la instancia sindical solicitando apoyo jurídico para su defensa jurídica laboral ante del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y lo hace sin saber, casi siempre, sus derechos adjetivos y sustantivos que tutelan su seguridad jurídica en el empleo que por años vino desempeñando. Por lo anterior, y apoyados en la observación fáctica del fenómeno del problema del despido laboral nos propusimos investigar el tema del procedimiento laboral burocrático y tener acceso a los fundamentos adjetivos, sustantivos para resolver una controversia en las relaciones individuales de trabajo entre el patrón-Estado y el trabajador de base. El objetivo general del presente trabajo es investigar la tutela del trabajador burocrático de base en la legislación laboral vigente, como resultado de un acto de despido por parte del titular de una dependencia que representa al Estado empleador; así como el contexto histórico de la relación laboral del empleado público; describir el proceso que se sigue para la defensa en caso de despido y jurídica del trabajador despedido. Para lograr el propósito antes descrito hemos organizado el contenido académico en cuatro capítulos: En el primero, se presenta de manera resumida las etapas históricas del derecho burocrático desde la época precolonial (cultura azteca), la colonia (1521-1821), la época a partir de la independencia (1821-1940) y la época actual. Para una mejor comprensión de la terminología del derecho burocrático en su vertiente procesal se definen algunos conceptos básicos de gran utilidad para centrar el significado de los mismos y, poder acceder con mayor entendimiento al procedimiento de despido y se tenga por parte del trabajador, y los interesados en este tema, una mejor comprensión del proceso laboral, la emisión del laudo, la legislación, y la jurisprudencia que se ha emitido por parte de la Suprema Corte de Justicia SCJN, en esta materia. El marco jurídico de la materia laboral burocrática se aborda en el segundo capítulo, el cual está desarrollado en dos subcapítulos: en el primero se aborda regulación internacional que está prevista en los Tratados Internaciones emitidos por la OIT y en la Reforma de los Derechos Humanos del 10 de junio de 2011. La regulación nacional incluye el estudio y análisis de la legislación federal de trabajo burocrático partiendo desde luego de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); se hace un análisis somero del marco jurídico que regula la organización y competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje TFCA, como encargado de resolver el conflicto individual del despido.
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