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RESULTADOS DE LA BUSQUEDA
DERECHO PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR
  • Víctor Peña Oviedo
La evolución del derecho procesal civil es sostenida, los cambios legislativos acordes o no a las necesidades de la población existen, así, por lo menos debemos exigir orden en la formulación de las leyes procesales, al versar sobre un aspecto delicado, como es la aplicación del derecho positivo, en apego a las garantías de seguridad jurídica en la materia adjetiva civil y con ello emitir resoluciones equitativas y propias de un sistema al alcance de todos aquellos quienes creemos en las instituciones generadas por el gobierno, encargadas de la aplicación y reconocimiento del Estado de derecho. Por tanto, los mecanismos existentes y utilizados constantemente por cualquier autoridad de carácter judicial, justifican al Juicio Ordinario Civil, para el ejercicio práctico del accionar de la justicia, pero junto a dicha vía procesal principal, existen los mecanismos o vías especiales, encargadas de regular las diferentes acciones, que conforme al contenido de su pretensión se habrá de completar el deber jurídico dispuesto. El Juicio Ordinario Civil, para cada entidad federativa en México, son las columnas vertebrales de cada Código de Procedimientos Civiles; al ser parcialmente diferentes, en relación a las restantes entidades federativas, lo cual genera interés en su estudio. En el sistema federativo, al ser un sistema político centrífugo, a diferencia del confederado, es la Constitución, quien delega facultades a las diferentes entidades federativas por él creadas y reconocidas, para legislar sobre materias donde el Congreso de la Unión, no mantiene facultad especial, lo anterior conforme al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados, por tanto lo no reservado en dicho artículo antes mencionado, queda dispuesto a las legislaturas estatales conforme al artículo 124 de nuestro documento fundamental antes descrito, aspecto que acontece en México. Es donde nace la facultad de las diferentes entidades federativas para emitir sus propias legislaciones procesales civiles, enlace permisible que hace comprender cómo al existir diferentes leyes adjetivas, al generar antagonismos y diferencias, ello es así, en la actualidad observamos a los juicios orales como una alternativa para resolver los problemas del derecho procesal penal, que más allá de cuestionar las reglas procesales dispuestas por el Código Nacional de Procedimientos Penales, es promitente por el nuevo rol por parte del gobierno en otorgar una calidad humana en el trato de los sujetos procesales, cuando para el derecho procesal civil, los juicios orales, se encontraban en un pleno periodo de extinción a nivel nacional, cuando la verdadera y una única necesidad real y efectivamente olvidada, es la unificación procesal en México, en todas las actividades procesales. Por tanto, actualizamos la problemática del Derecho Procesal, al practicar un análisis profundo al Juicio Ordinario Civil, en el ámbito nacional, desprendiendo elementos que mejoren su desenvolvimiento, forma de interacción, organización de los Tribunales del Fuero Común, y principalmente un proceso civil que responda a las necesidades sociales de nuestro país. Para cumplir con ello, se propuso realizar un marco teórico del derecho procesal civil en México, de sus diversas instituciones jurídicas procesales, conforme a los parámetros de la doctrina y la praxis. Para completar esta obra realizamos la referencia histórica, la cual me parece importante, en virtud de mantener la creencia de que existen dos formas efectivas para conocer el derecho positivo, a través del análisis de los sucesos del pasado, y en consecuencia de la comprensión de la jurisprudencia, al interpretar la norma jurídica, lo cual permite englobar el conocimiento en nuestra disciplina, pero si es a través de ambas mejor. Con modestia espero que está obra contribuya en el engrandecimiento del derecho procesal civil, al versar sobre aspectos delicados del sistema, organización y estructura del Poder Judicial en México, para cumplir con dicho objeto, se presenta una obra original y distinta en relación a los textos jurídicos de derecho procesal civil.
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CUENTOS, MITOS Y LEYENDAS EN RELACIÓN CON EL MUNDO JURÍDICO
  • Raúl Iruegas Alvarez
Siguiendo una preciosa tradición histórico-jurídica, el autor de este libro, el jurista y escritor mexicano Raúl Iruegas Alvarez conjuga admirablemente profesión y devoción, Derecho y Literatura, y nos ofrece un sugerente ensayo donde analiza cuentos, mitos y leyendas desde la óptica del mundo jurídico. Muchas y muy sabrosas son las anotaciones que Raúl Iruegas nos brinda en este libro. Doble es, digamos, el método empleado por el autor del presente ensayo en estas páginas luminosas: por un lado, uno histórico, retrospectivo, gracias al cual observa, con las lentes de su particular ingenio, el devenir histórico con los ojos del jurista actual (cabría incluir aquí, en este apartado, los epígrafes del capítulo primero y muchos del segundo, con pasajes tan deliciosos como la Biblioteca de Alejandría, el Derecho azteca, el Código de Hammurabi o el Derecho novohispánico); de otro lado, se observa en estas páginas el manejo de un método plurifacético y multidimensional, que no sólo vincula dos subsistemas sociales como Derecho y Literatura sino que entremezcla también una perspectiva histórica, filosófica y mitológica de donde extrae claras y sugerentes enseñanzas: podrían citarse aquí los diversos y sugerentes pasajes literarios que analiza y expone con lentes de jurista atento, culto y laborioso, desde los genios clásicos de Cervantes y de Shakespeare al mito de Don Juan, desde el fantástico Fuenteovejuna de Lope al complejo proceso de Kafka, pasando por otros tan diversos como el extraordinario y desdichado Crainquebille o los cuentos de los hermanos Grimm, entre otros muchos. En la época actual en la que los legisladores (y los políticos, y los juristas, y los estudiantes y casi todo el mundo) escriben por lo general de manera tan descuidada, en un mundo tan tecnificado como el presente donde se impone la prosa aburrida de lenguaje impostado, un libro como el que nos ofrece hoy el querido amigo y compañero mexicano Raúl Iruegas resulta decididamente tonificante y revitalizador: unas páginas que se sorben como un vaso de agua clara y que nos dan la balsámica medida de la belleza del Derecho y de la armonía de la poesía. Felicidades y gracias al autor y que Udes. lo disfruten.
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EL ABC DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 2A. ED
  • Javier Jiménez Martínez
En esta segunda edición se incluyen algunos aspectos importantes que aparecieron en la mencionada miscelánea penal, tales como las disposiciones de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (la LGSNSP), la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal (LFPPPIPP), la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro (LGPPSDMS), Ley de Amparo (LA), la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), la Ley Federal de Defensoría Pública (LFDP); y, el Código Fiscal de la Federación (CFF).
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS BÁSICAS DE LA LEY DEL ISSSTE
  • Juan Raúl López Villa
El 31 de marzo de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley del ISSSTE. El presente texto tiene por objetivo hacer más asequible a todas aquellas personas interesadas en conocer las regulaciones que contempla dicha ley, mediante el ejercicio de contestar todas aquellas preguntas que consideramos desde nuestro particular punto de vista como elementales, mismas que pueden servir como un primer acercamiento para entenderla mejor, mediante la forma más práctica desde el punto de vista didáctico para fijar un punto de vista general sobre la misma, cuestionario que les presentamos esperando que resuelvan la mayoría de las dudas que puedan presentarse en su lectura y análisis. Cabe señalar que el presente libro incluye todas las reformas que desde su publicación ha sufrido la ley en comento hasta la fecha de la publicación del presente.
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LA TEORÍA DEL CASO PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA SANCIÓN PENAL
  • Hesbert Benavente Chorres
Si el barco no obedece al timón, los escollos le impondrán obediencia. Que lamentable es cuando intervenimos en una audiencia como representante procesal y no tenemos la capacidad o experticia de comunicar una petición clara y sencilla, así como sus fundamentos de hecho y de derecho. O bien, no podemos contestar, contradecir o rebatir los argumentos esgrimidos por la contraria. De seguro la manera más sencilla para ocultar nuestras limitaciones sería culpar a un tercero, el juez, el sistema, la autoridad, alguien… menos yo. Ahora bien, este escenario se oscurece aún más cuando nos enfrentamos a tópicos que, si bien no son novísimos, no han sido lo suficientemente estudiados por la comunidad jurídica, como es el caso de la individualización judicial de la sanción penal, la cual el presente ensayo se ha dedicado a comentar. Es decir, nuestra hipótesis es que la selección del fin de la pena determina la teoría del caso que se va a esgrimir en la audiencia regulada en el artículo 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales (en adelante CN); en donde, dicha teoría consiste en la formulación de los enunciados fácticos, material probatorio y fundamentación jurídica que sustente una determinación-petición, la cual guarda relación con la temática que se puede discutir en la audiencia anteriormente citada. Así, el capítulo primero está dedicado a justificar el porqué una teoría del caso para la individualización judicial de la pena, y si se debe o no mantener una audiencia por separado al debate oral. Asimismo, el capítulo segundo gira en torno al estudio de la teoría del caso en sí, a través de sus dos primeros pasos:a) la identificación del fin de la pena y, b) los enunciados fácticos. En ese sentido, se dejó para el capítulo tercero el examen del siguiente paso, esto es, el material probatorio; asimismo, el capítulo cuarto está dedicado al paso final de la teoría del caso, esto es, la fundamentación jurídica. El capítulo quinto gira en torno al análisis de la audiencia regulada en el artículo 409 del CN. Finalmente, el capítulo sexto está limitado a la teoría del caso de la defensa ex post al dictado de la sentencia. Seguimos expresando nuestra gratitud a la comunidad jurídica del país, a la cual también dedicamos el presente ensayo, con el objetivo de su discusión y mejoría en aras de enriquecer la doctrina nacional en temas procesales.
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EL ABC DEL POLICÍA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO
  • Simitrio Ruiz Martínez
Con la implementación de la reforma constitucional en materia penal de corte acusatorio adversarial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del año 2008, en el que se transita de un modelo tradicional de corte inquisitivo a uno de corte acusatorio adversarial, fue necesaria la modificación sustancial de 10 artículos de la Constitución Federal, aterrizándose en el artículo 20 la sustancia del nuevo modelo de justicia penal, estableciendo en el citado artículo que el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Al efecto, en dicha reforma se estableció en el transitorio segundo un término de ocho años para que todos los estados de la república mexicana adecuaran su marco normativo y transitaran del sistema inquisitivo al sistema procesal penal de corte acusatorio. Sin embargo, con la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución Federal del país publicada en el Diario Oficial el 8 de octubre del 2013, se facultó al Congreso de la Unión a legislar en una materia única procedimental penal y con ello se dio origen a lo que hoy actualmente conocemos como el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del 2014 vigente actualmente en todo el país. El nuevo sistema de justicia penal para su consolidación exige la profesionalización de todos sus operadores, y uno de los más importantes dentro de la implementación y ahora en la fase de consolidación del nuevo sistema de justicia penal lo es sin duda el policía, esto atendiendo al nuevo rol que desempeña en este nuevo modelo de enjuiciamiento penal. El artículo 3o. fracción XI del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el concepto de policía, aunado también al artículo 132 del mismo ordenamiento procesal, permite conocer las obligaciones de éste en el nuevo sistema de justicia penal, esto atendiendo además que es el policía uno de los principales protagonistas en el procedimiento penal acusatorio. Por ello, afirmamos que es de vital importancia la participación del policía en este nuevo modelo de enjuiciamiento, ya que conjuntamente con los peritos y bajo la dirección del Ministerio Público son los encargados de lograr los fines del artículo 213 del Código Nacional, esto es reunir los indicios suficientes para el esclarecimiento de los hechos, reunir los datos de prueba necesarios para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y reunir los elementos para garantizar eventualmente en sentencia el pago de la reparación del daño. Es tarea primordial de todos los actores lograr la consolidación del nuevo sistema de justicia en el país, para ello es necesario dotar a todos los operadores las herramientas básicas para cumplir a cabalidad las obligaciones que tienen encomendadas y así lograr una eficaz procuración y administración de justicia haciendo efectivos los ideales que establece el artículo 20 apartado A, fracción I de nuestra Constitución, en la que se establece el objeto del proceso penal, que a decir se constriñen en el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Atendiendo a ese compromiso ético y moral de sumar y contribuir a la consolidación y fortalecimiento de nuestro nuevo modelo de justicia penal, el suscrito pone en las manos del apreciable lector un texto dirigido principalmente a los policías, en la que se les pretende dotar de las herramientas mínimas para realizar adecuadamente su función, redactado en un lenguaje sencillo y claro, lejos de vocablos rebuscados o técnicos, en la que puedan encontrar pronto apoyo para realizar a cabalidad y eficiencia su delicada función dentro del nuevo sistema de justicia penal. A lo largo de las páginas que el lector tiene en sus manos, se concentran las experiencias que el autor ha tenido como Agente del Ministerio Público y Defensor Privado y por supuesto también las más de dos mil noventa y dos horas que ha tenido de experiencia como capacitador en diversos cursos de capacitación, la mayoría dirigidos al perfil de policías en el nuevo sistema de justicia penal. Mucho habremos de agradecer si este libro denominado El ABC del policía en el Procedimiento Penal Acusatorio, sea de gran utilidad a nuestros compañeros policías y que su lectura ayude a solventar las dudas y contribuya a eficientar su función en este nuevo modelo de justicia penal, con la seguridad de que si ello se logra estaremos satisfechos con la dignidad del deber cumplido.
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LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
  • Marino Velasco García
Realizar estas líneas para invitar al lector a un trabajo de una calidad jurídica excelsa, resulta complicado, no obstante, lo anteriormente dicho, la presente obra que tienen en sus manos aborda uno de los principales objetivos políticos-criminales del sistema de justicia penal, que es la promoción de los intereses concretos de las personas en situación de víctimas. En el presente libro el lector observará y reflexionará sobre la víctima, quien se ha convertido durante varios siglos en la “gran olvidada” del sistema penal moderno, ocupando un lugar marginal en su desarrollo y regulación. Con todo, esta situación tiende a revertirse principalmente desde la década de los setenta del siglo XX, cuando desde diversas perspectivas teóricas se abogó por un reconocimiento más amplio de los derechos de las víctimas en el funcionamiento del sistema de justicia penal. Así, en la lógica de modificar los sistemas judiciales y por las reformas al sistema de justicia penal del 18 de junio de 2008, surgió la Ley General de Atención a Víctimas como parte del proyecto de Estado, esta ley pretende y se crea bajo el argumento principal de que las víctimas merecen ser parte de un proceso, y que se les reconozcan y garanticen sus derechos. La obra es muy clara al señalarnos que nuestro derecho positivo, se ha generado a partir de los derechos humanos, teniendo como resultado ordenamientos de carácter nacional (con obligación para todo orden de gobierno), general (de competencia concurrente), federal (sólo para aplicación del orden federal), y local (aplicación única de las entidades federativas); es el caso que en diversidad de ellos podemos encontrar los derechos de las personas en situación de víctima, lo que nos llevaría a estudios interesantes de convencionalidad y constitucionalidad.
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