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RESULTADOS DE LA BUSQUEDA
EL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY
  • Johnny Morales Martínez
La presente investigación aborda el tema sobre los derechos fundamentales desde la perspectiva de la teoría liberal, institucional, axiológica, democrático-funcional y del estado social. Asimismo, estudia la clasificación y fuentes de los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano; pero, de manera particular, este estudio se concreta a analizar el derecho humano a la igualdad, desde su evolución en el derecho comparado y en la aplicación de la ley, así como su aplicación por los órganos jurisdiccionales, como límite a la legislación. De igual forma, se analiza el principio de igualdad a partir de la perspectiva de la doctrina de la clasificación razonable y la doctrina de la clasificación sospechosa. También estudia la inclusión de ese derecho humano en los tratados, convenios y pactos internacionales, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del contenido del artículo 1o. de este ordenamiento legal. Aborda el tema de cómo la diferencia normativa puede considerarse apegada al derecho humano a la igualdad, cuando existe una justificación razonable, desde el punto de vista del principio de razonabilidad respecto del derecho de igualdad y no discriminación, en el que, después de realizar una evaluación sobre el caso, se puede justificar un trato desigual, con motivo de que la libertad configurativa del legislador está limitada por los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación de los particulares. Por último, se analiza, el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, como ejemplo de una norma del sistema jurídico del Estado mexicano que vulnera el derecho fundamental a la igualdad, previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no estar debidamente justificada de forma objetiva y razonable la distinción que hizo el legislador sobre el derecho a recibir una pensión de viudez, respecto de las relaciones entre cónyuges y concubino.
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MANUAL PRÁCTICO DE LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL DERECHO PENAL ACUSATORIO
  • Faustino Guerrero Posadas
Al concluir mi libro Manual práctico de la etapa intermedia derecho penal acusatorio (Flores Editor y Distribuidor, 2016), me vi en la necesidad de continuar analizando la siguiente etapa procesal desde la razón misma de mi actuar diario, a saber, Manual práctico de la etapa de juicio oral derecho penal acusatorio, obra que va en la continuidad del libro anteriormente citado y que ha generado un gran impacto en la república mexicana, con la fundamentación de los criterios ulteriores de la razón lógica. Esta obra denominada Manual práctico de la etapa de juicio oral derecho penal acusatorio tiene sustento en la misma práctica procesal, específicamente en la funcionalidad de los presupuestos de la razón, para poder establecer exegéticamente las técnicas de litigación. La facultad de intervenir de las partes lo es en la naturaleza de los argumentos que se busca que sean atendidos por el órgano jurisdiccional, lo cierto es que nada es a priori, por ello, en este manual práctico se pide que los intervinientes estén atentos a la razón de lo que se pretende, pues no podría concederse por el órgano jurisdiccional lo que peticionan las partes, pero no tiene razón de ser, salvo que el juez no conozca el proceso penal acusatorio y la argumentación jurídica. Cada interviniente deberá razonar considerablemente que la actuación es por razón al lugar que ostentemos, juez, Ministerio Público o defensa, para poder hacer viable el desahogo de la audiencia de juicio oral. Así, que, si se reflexiona para intervenir por parte de los operadores, entonces se pueden aterrizar actuaciones con sentido y con suficiencia lógica. Por ello, me di a la tarea de reflexionar estas líneas en las que se ponderan las técnicas de litigación para poder llevar a cabo un buen debate de los órganos de prueba, específicamente con la mecánica de desentrañar el contenido de la teoría del caso a acreditar. En esta unidad se presentan temas relevantes como es el caso de una breve reflexión del auto de apertura y su radicación, con la que da comienzo la etapa de juicio oral o de debate, así como también se abunda sobre la técnica de litigación, haciendo valer un interrogatorio y contrainterrogatorio, apoyo o refresque de memoria, evidencia o superar contradicción y, en sí, trabajar con base en la razón y no con los sentidos únicamente, ya que es la parte final de decisión, lo que surja de cada una de las pruebas sea el contenido más veraz para esclarecer el hecho acreditando la teoría del caso de las partes. Así mismo, se abunda sobre la dinámica de la audiencia, el orden lógico del desahogo probatorio y su funcionalidad de la víctima y del procesado. Es menester también tomar como parámetro el que un buen alegato de apertura siempre tiene como conexión trascendental el excelente funcionamiento de los elementos probatorios. Qué complicado se hace para las partes exponer alegatos de apertura cuando no se hacen con didáctica jurídica, ponderando, precisamente, que la forma y mecánica de exposición no es complicada, sino que es más sencilla por razón a que sólo es versar sobre la teoría del caso a acreditar. Cuando se cuenta con el desahogo probatorio, éste deberá tomarse con seriedad, para que pueda tener sentido trascendental y, desde luego, se busque que la funcionalidad sea conforme a lo que se razona del mismo contenido de la prueba. Al concluir el desahogo probatorio en la dinámica procesal, es importante tener presente la didáctica jurídica para su realización, comprendiendo que en ésta se pondera que la técnica jurídica empleada sea para que se hable de una dialéctica funcional, pues, de entrada, es el resultado inmediato a la luz de la razón del derecho penal acusatorio, con el sentido teleológico que implica su objetivo el esclarecimiento del hecho.
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LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL: UN NUEVO PANORAMA, COMENTARIOS, RETOS Y PERSPECTIVAS
  • Luis Raúl Hernández Avendaño
La Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) es una nueva ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016. Esta nueva LNEP (aplicable en todo el país, tanto en el fuero local como federal), a partir de su entrada en vigor, reconoce los derechos de la personas privadas de libertad, ya sean procesadas o sentenciadas, cuya finalidad es romper con la percepción de que la cárcel es el lugar sin ley. La diferencia más notoria entre la Ley Nacional y la normativa anterior radica en haber eliminado el “tratamiento” del interno e incorporar el concepto de “plan de actividades”, que implica la participación del interno como sujeto de derechos y no como objeto. Esta ley reglamenta la figura del juez de ejecución, que si bien puede ser comparado con el juez de vigilancia penitenciaria de otros países, no es igual. El juez de ejecución penal, que establece la norma mexicana, es único en el mundo. Otros temas que se desarrollan en este libro son: la vigencia de la LNEP y sus implicaciones, la competencia, la aplicación en beneficio, los procedimientos administrativo y jurisdiccional, los nuevos beneficios de los sentenciados, la forma de hacer los traslados de internos, los actos de revisión o inspección de los centros penitenciarios, el uso de la fuerza en la prisión, así como reflexiones sobre la jurisprudencia relevante en torno a la LNEP; y, para finalizar, se presentan modelos de petición de informes a la autoridad penitenciaria y de beneficios al juez de ejecución. Este libro está dirigido al personal penitenciario, a la defensa pública especializada en ejecución penal, a los defensores particulares, a los jueces de ejecución, a los ministerios públicos, a las comisiones de derechos humanos, a las organizaciones civiles que protegen derechos humanos en las prisiones y a todo aquel que busque hacer que la justicia se cumpla en la prisión con el justo y con el injusto, con el débil y con el que abusa. La intención de esta obra no es ser el punto final, sino un punto de partida. Cierto es que “una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada” (Nelson Mandela).
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LA EXCLUSIÓN PROBATORIA EN EL DERECHO PROCESAL PENAL MEXICANO
  • Cipriano Sotelo Salgado
Uno de los temas más complejos, pero también interesantes del Sistema de Justicia Procesal Penal Oral, lo constituye la Exclusión Probatoria. Cuyo contenido incluye a los datos de prueba, a los medios de prueba, a la exclusión probatoria y a la prueba en si misma. Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales Mexicano, es claro al establecer las causas de exclusión probatoria; sin embargo, ello sólo constituye la generalidad de los motivos por los cuales los medios de prueba sujetos a debate por las partes deberán ser admitidos y cuáles no. La evolución de la administración de justicia en México con su incursión a la globalización del Derecho, ha dado pauta al engendro de teorías interesantes cuya aplicación ha sido antigua en otros Sistemas Procedimentales Penales, como el norteamericano y el puertorriqueño. Ello, nos permite conocer y poner en práctica las reglas de excepción a la admisión de medios de prueba ilícitos o ilegales con las cuales deberá ser juzgado el acusado. Bajo estos lineamientos, no basta entonces conocer las reglas generales de exclusión probatoria, sino el dominio de las excepciones y su análisis pormenorizado que permitan debatir a las partes soportar su teoría del caso. Las leyes de Miranda y la teoría de la ponderación de los Derechos, cobran relevancia en la exclusión probatoria, cuyo dominio es obligatorio no sólo para el litigante penalista, sino para los jueces que administran justicia.
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DEMOCRACIA Y DERECHO ELECTORAL
  • Ángel Durán Pérez
En la primera parte, para el lector, existe un gran contenido de lo que hoy debe significar el derecho a la democracia como derecho humano; también hallará diferentes doctrinarios especialistas en materia política, mismos que serán confrontados mediante comentarios y opiniones del autor; asimismo, se analiza, pormenorizadamente, cómo es que el Estado mexicano tiene que emigrar a una nación humanista porque el entorno internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos —que ha desarrollado la Organización de las Naciones Unidas— han influido para hacer que el Estado mexicano ingrese a los países que protegen los derechos fundamentales como actividad primordial. En la segunda parte se aborda el estudio del Derecho Electoral y los procesos electorales de las entidades federativas, pero bajo una visión que proviene de las reformas hechas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el mes de junio de 2011 y que, por supuesto, impacta en la forma de cómo empezar a reconstruir la democracia eficaz. El derecho humano a la democracia debe garantizarse por el Estado mexicano. Aunque, hoy, los políticos tienen una crisis que los confronta en la sociedad, México tiene que reconstruir esa relación, pues son ellos, los partidos políticos, los que están destinados constitucionalmente para lograr la democratización en México, pero esta institución tiene que cambiar y, necesariamente, debe hacerse bajo una vocación transformadora con base en el respeto de la dignidad humana y protección a los derechos humanos de carácter político electoral, sólo así, se logrará constituir un sistema político humanista y todas esas formas de cómo lograrlo están contemplados en esta obra.
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DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL
  • Ángel Durán Pérez
El presente libro muestra 8 ensayos cuyo contenido son de gran trascendencia para la democracia funcionalista en México, están elaborados cada uno en su temática especial bajo una visión de carácter humanista, principalmente auspiciados por la idea y las teorías del derecho internacional de los Derechos Humanos y a fin de darle contenido a la reforma constitucional que en derechos humanos se publicó en el Periódico Oficial de la Federación de fecha 10 de junio de 2011, así como también a la reforma constitucional en materia de Amparo, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de junio también del año 2011.
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RIESGO, GUERRA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y POLÍTICA DE SEGURIDAD EN MÉXICO
  • Estelí Martínez Consuegra
El interés que motivó esta investigación se puede expresar en dos preguntas fundamentales: ¿existió o no algún motivo —y, en su caso, cuál fue— que llevara al expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) a implementar una política criminal denominada guerra contra la delincuencia organizada? y, por otro lado, ¿de dónde surgió y cómo operó (analítica y discursivamente) el concepto de riesgo en la agenda penal nacional del sexenio calderonista? La hipótesis radica en señalar dos puntos: 1. Felipe Calderón Hinojosa eligió la política de seguridad que caracterizó a su sexenio (guerra contra la delincuencia organizada), tomando en cuenta el escenario político y la cooperación bilateral que en materia de seguridad han tenido México y Estados Unidos de Norteamérica, (la cual además se fortaleció en ciertos rubros desde los acontecimientos del 11 de septiembre de 2011), sin embargo, dichas circunstancias fueron tomadas únicamente como referente para la construcción de la política de seguridad interna. 2. A partir del concepto de riesgo se construyeron y operaron las políticas en materia de seguridad, cuyas consecuencias sociales se calculan entre 90,000 y 120,000 muertes violentas, entre 150 y 250 mil desplazados por la violencia y más de 26 mil desaparecidos. Desde la perspectiva del riesgo de Niklas Luhmann, dichas políticas públicas fueron decisiones que pueden ser ligadas causalmente a una parte de los daños ocasionados en su sexenio; en este sentido el periodo de Felipe Calderón Hinojosa da cuenta del riesgo generado por su gobierno. El objetivo general radica en analizar cómo operó el concepto de riesgo en el periodo 2006-2012; para ello es necesario evaluar el escenario político que sirvió como referente para la construcción de la política criminal del sexenio calderonista. Entre los antecedentes que sirvieron como referencia para la construcción de la política de seguridad interna se encuentra la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN)/ Trilateral Security and Prosperity Partnership of North America (TSPPNA, por sus siglas en inglés), firmada el 23 de marzo de 2005, por los representantes de los poderes ejecutivos de México, Estados Unidos y Canadá (Vicente Fox Quesada, George W. Bush y Paul Martin).
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