Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V.

Calle Cuauhtémoc No. 1405 Col. Del Gas

C.P. 02950, Alcaldía Azcapotzalco, CDMX

Tels.: (55) 5556-0590 / (55) 5556-7020 / (55) 5355-1108

BUSCAR LIBROS

BUSCAR LIBRO


RESULTADOS DE LA BUSQUEDA
CONSIDERACIONES LEGALES A LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
  • Juan Raúl López Villa
En fecha 9 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, mediante decreto, la denominada Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED), misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Dicha ley, en su artículo segundo transitorio, establece que, a partir de su entrada en vigor, queda abrogada la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes de extinción de dominio de las distintas entidades federativas; también se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan a dicho decreto. De igual forma, la Ley Nacional de Extinción de Dominio establece, en su artículo tercero transitorio, que, en un plazo que no excederá los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de referido decreto, las legislaturas de las entidades federativas deberán armonizar su legislación respectiva con el mismo. En este nuevo ordenamiento legal se endurecen las medidas para la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con bienes mediante los cuales se cometieron, presumiblemente, ilícitos a los que se refiere la mencionada ley. De igual forma, la citada ley establece la procedencia de la acción de extinción sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, en particular con respecto a aquellos bienes que hayan sido instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su realización, como pueden ser: los bienes de procedencia lícita que se hayan utilizado para ocultar otros bienes de origen ilícito, o que se encuentren mezclados, de forma material o jurídica, con bienes de ilícita procedencia; bienes respecto de los cuales su titular no acredite su procedencia lícita; bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes antes referidos, siempre que no sea posible su localización, identificación, incautación, aseguramiento o aprehensión material; bienes utilizados para la comisión de hechos ilícitos por un tercero, siempre que su dueño haya tenido conocimiento de ello, no lo haya notificado a la autoridad por cualquier medio ni haya hecho algo para impedirlo; y bienes que constituyan ingresos, rentas, productos, rendimientos, frutos, accesorios, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes antes citados. La presente obra pretende plantear, de una forma objetiva y a la luz de los derechos fundamentales y de la constitucionalidad de los actos de autoridad, si esta ley se apega o no a dicho ordenamiento fundamental, en particular a los principios de legalidad, certeza jurídica, debido proceso e irretroactividad, entre otros. Es indiscutible (y ha sido reiterado por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) que esta ley no respeta al principio de presunción de inocencia (como tampoco lo respetaba la ley que le antecede). En ese contexto, ¿los hechos susceptibles de extinción de dominio podrían ser aplicados en forma indebida a un particular que no cometió ninguno de los delitos a que se refiere la LNED? ¿Cómo se regula el juicio civil de extinción de dominio? ¿Se extingue la acción de extinción de dominio por la muerte del presunto propietario de los bienes con los que se cometió, presumiblemente, cualquiera de los delitos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 22 Constitucional? ¿Puede el Ministerio Público sacar a remate el bien mueble o inmueble materia de la acción de extinción de dominio antes de que se dicte sentencia en el juicio civil de extinción de dominio? ¿Puede el Ministerio Público aplicar de manera retroactiva la acción de extinción de dominio en perjuicio de persona alguna? Estas y muchas preguntas más son las que esta obra pretende resolver, siempre apegada a los criterios que, hasta la fecha, ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dada la naturaleza de la ley que analiza la presente obra, ésta se divide, para efectos didácticos, en cuatro partes: La primera parte se titula “Parte teórica”; la segunda parte se denomina “Parte procesal. El proceso en el juicio de extinción de dominio”; la tercera parte tiene como título “Consideraciones sobre la inconstitucionalidad de la Ley Nacional de Extinción de Domino”; y la cuarta parte que lleva por título “Los delitos de defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada” De igual forma, se incluyen como anexos tres documentos que resultan importantes para el presente tema: en el anexo I se reproduce el texto íntegro de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; el anexo II contiene los hechos susceptibles de extinción de dominio; y el anexo III está constituido por el “Acuerdo A/016/19 por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en materia de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de octubre de 2019.
Detalles
AVALÚO DE BIENES MUEBLES
  • Raúl López Domínguez
En uno de los primeros cursos de valuación al que asistí, el maestro hizo mención acerca de que todo lo que nos rodea tiene un valor, sea este sentimental, histórico, monetario, etcétera, por lo que era necesario preparar a especialistas con la capacidad técnica y los conocimientos suficientes para poder valorar bienes y emitir una opinión técnica formal, vertida en un dictamen o en otros documentos que son requeridos por autoridades judiciales, aseguradoras, bancos o el particular interesado en conocer dicho valor. Lo anterior fue razón más que suficiente para continuar con la búsqueda de conocimientos e información en el tema de valuación de bienes muebles. Pero mi sorpresa fue tal al momento de empezar a escribir la presente obra y descubrir que en materia de valuación de bienes inmuebles existe toda una tradición y una madurez en cuanto información, conocimientos, principios y técnicas. Es tan importante la valuación de inmuebles para el caso de México que existen colegios que se aglutinan en una federación y que han hecho una labor seria e interesante para validar el ejercicio profesional de los valuadores y legitimar la importancia social de los mismos. Ahora bien, el trabajo de los colegios, de algunas instituciones de educación superior, bancos, así como del gobierno federal y de otras instituciones han sentado las bases para la valuación, e incluso, hasta llegar a establecer una norma mexicana (NMX) de valuación. Estos mismos actores han hecho aportes a la valuación de bienes muebles (en particular para maquinaria y equipo); pero aún es necesario unificar criterios, aportar nuevas técnicas y metodologías para que la valuación de bienes muebles alcance una madurez tal y como lo ha logrado la valuación de bienes inmuebles.
Detalles
REGLAS PROCESALES SISTEMA ACUSATORIO MEXICANO
  • Manuel Valadez Díaz
Todo sistema jurídico está conformado por principios y reglas que deben ser conocidos y aplicados al debido proceso, por los operadores jurídicos. Las reglas procesales se pueden entender, en pocas palabras, como aquellos lineamientos, pautas o cánones que permitan conocer la estructura y forma de operación de cualquier sistema jurídico. En ese sentido, esta obra desarrolla las reglas procesales que, con un enfoque totalmente práctico y dentro del proceso penal mexicano, permitirán al operador jurídico conocer temas como: la posibilidad de que la Policía inspeccione a personas o vehículos sin previa orden judicial, si la formulación de imputación se considera un derecho fundamental, cuándo es posible que el juez de control intervenga ante una inadecuada imputación, si la totalidad del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa reformado ya se encuentra vigente, cuáles son los requisitos para vincular a proceso a una persona y qué se entiende por un hecho que la ley señala como delito, cómo se lleva a cabo la investigación por parte de la defensa, cómo se realiza el descubrimiento probatorio por parte de la defensa y sus consecuencias cuando no se realiza, qué significa el punto de prueba, cómo se demuestra la pertinencia de la prueba, cómo se llevan a cabo las técnicas de litigación, cómo se plantea un incidente, en qué momento procesal y en qué tipo de casos se puede llevar a cabo, cuáles son las posibilidades procesales de la asesoría jurídica de las víctimas, entre otros. Así, pues, sin importar el rol que el operador jurídico desempeñe, éste debe conocer las reglas de juego procesal, pues sólo así podrá intervenir con éxito en el nuevo proceso penal mexicano. Esta obra se ocupa a detalle de ello, con apoyo en cuestiones prácticas y con base en normativa y jurisprudencia que la sustentan tanto a nivel nacional como internacional.
Detalles
LA VÍCTIMA, IMPUTACIÓN DEL DAÑO Y EL PERITAJE EN EVALUACIÓN DE DAÑOSEN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO
  • Hesbert Benavente Chorres
En el momento que escribo estas líneas, la humanidad está sufriendo las consecuencias de la pandemia por Covid-19; nuestras autoridades han tenido que asumir los retos que ello genera, que no sólo limitan la salud y la economía. Nosotros hemos tenido que ser empáticos y solidarios unos con otros, pero, también, hemos sido cuidadosos para que el virus no se propague y, en consecuencia, haya más víctimas mortales. Ahora bien, presentamos a la comunidad jurídica un ensayo en torno a dos temas. En primer lugar, la imputación del daño, esto es, la explicación de la afectación a los intereses de la víctima u ofendido del delito, que descansa en las evidencias en torno a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para que sean calificadas como una afectación y, por ende, se deba hacer una reparación integral. Así, la imputación del daño presenta un aspecto fáctico, probatorio y jurídico, cuya exposición deberá darse en cualquier audiencia en la que se toque el tema de la reparación del daño, por parte de los sujetos procesales, en especial el asesor jurídico de la víctima. En esa línea, los tres primeros capítulos del ensayo estarán dedicados al análisis de la imputación del daño —con comentarios a pie de página sobre los temas colaterales—, incluyendo tesis aisladas y jurisprudencias que se han dictado sobre el tema en estudio, con el objetivo de que el lector pueda ampliar el espectro cognitivo de la imputación del daño. En segundo lugar, examinamos el peritaje de la evaluación de daños como herramienta epistémica que buscar superar el equívoco de que existen daños no pecuniarios cuando no se pueden cuantificar económicamente. En esa inteligencia, partimos de la premisa mayor de que la prueba es ejercicio de razonamiento, el cual puede ser de corte epistémico, lógico y dogmático. En el contexto epistémico, hemos identificado tres reglas: las leyes científicas generalizadas, la probabilidad estadística y las máximas de la experiencia, que dotan de cientificidad al peritaje de evaluación y, si el daño moral es objeto de compensación económica, entonces también deberá ser evaluado en términos económicos. En efecto, desde la imputación del daño podemos identificar daños tangibles, como el físico, material y ambiental; así como daños intangibles, como el capital humano y moral. Asimismo, desde la teoría del multicriterio y del proceso analítico jerárquico, podemos explicar la decisión de dotar de un valor dinerario a tales tipos de daños, metodología y resultados que serán explicados en el peritaje de evaluación de daños. En ese marco, también se pretende superar equívocos como el de indemnizar sólo con base en Ley Federal del Trabajo y tomar en cuenta la capacidad económica del responsable o la víctima —a los que hemos calificado como inconstitucionales—, máxime si formulamos la necesidad epistémica de la prueba, a través del multicitado peritaje. Con el anhelo de contribuir al análisis del daño, presentamos este ensayo a la comunidad jurídica.
Detalles
TÓPICOS JURÍDICOS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN
  • Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria
En esta obra el lector se adentrará al estudio de los tópicos más actuales y relevantes para el combate a la corrupción desde una perspectiva multidisciplinaria, además de tener acceso a más de 260 esquemas con temas jurídicos para el combate a la corrupción, desde la multidisciplinariedad de la normatividad jurídica de combate a la corrupción, tales como el procedimiento administrativo de responsabilidad (contenido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas), lavado de dinero, bloqueo de cuentas bancarias y financieras a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, extinción de dominio, entre otros temas. El libro que el lector tiene en sus manos contiene temas como el Derecho Administrativo Disciplinario, Derecho Penal (con especial énfasis al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito); del ámbito de extinción de dominio desde el Derecho Civil; del bloqueo de cuentas bancarias por actos de corrupción desde las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como las restricciones al ejercicio de los Derechos Humanos de los servidores Públicos y alguna puntualidades de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La obra está pensada para apoyar en sus actividades a los operadores del Sistema Nacional Anticorrupción, así como para cualquier interesado en el combate a la corrupción desde el ámbito jurídico; es importante señalar que puede ser utilizada como un complemento de las anteriores obras de la autora publicadas en la misma editorial.
Detalles
GUÍA PRÁCTICA PARA LITIGAR LOS JUICIOS ORALES FAMILIARES
  • María del Carmen Ayala Escorza
  • Juan Carlos García Alonso
La caricatura ha ocupado, en la cultura mexicana, un lugar preponderante, pues ha servido como medio de transmisión de ideas, críticas e información; aunado a esto, el aspecto visual es un medio muy eficiente para alcanzar un óptimo aprendizaje, de aquí la razón para crear una obra que contará con un texto sencillo y digerible, apegado a la terminología jurídica. La obra está dirigida a todo aquel estudiante de la carrera de derecho, novel abogado o abogado consolidado que desee conocer sobre los juicios orales en materia familiar. Además, se mostrarán representaciones gráficas de las diversas etapas y fases que integran a los referidos juicios orales, haciendo esto de una forma divertida, amena y un tanto sarcástica. A lo largo de los capítulos que integran esta obra, los personajes que acompañarán al lector nos mostrarán todas y cada una de las etapas que integran a los procedimientos orales que en materia familiar se ventilan dentro de la Ciudad de México, las cuales tienen gran similitud con los procedimientos en otras entidades de nuestro país. En, Guía práctica para litigar los juicios orales familiares, se analizan los principios rectores de los procedimientos orales de la materia; se enuncian los que se resuelven por esta vía, las audiencias que los integran, las formalidades y las características, las particularidades que deben tener las probanzas que son ofrecidas en estos juicios, haciendo especial énfasis en las pruebas periciales, se habla de las unidades de apoyo administrativo como la UGA, la CCP y la UAT que facilitan la labor del juzgador y ayudan a optimizar los resultados procesales. También se trata la figura del perito único, exclusivo de la materia familiar, para lo cual se hace un detallado estudio del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con la finalidad de conocer sus áreas de apoyo y las periciales con las cuales se ayuda a la correcta administración de la justicia. Nos enseña también sobre los alegatos que las partes ofrecen, las particularidades de la sentencia emitida como conclusión del procedimiento y, por último, se describen los medios de impugnación que son procedentes en los Juicios Orales en Materia Familiar.
Detalles
SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y JUICIO DE AMPARO 2A. ED.
  • Erika Bardales Lazcano
  • Esteban Gilberto Arcos Cortés
  • Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega
En una conversación con varios investigadores, durante la primavera de 2010, surgieron muchas dudas, para quienes escriben estas líneas, acerca de los medios de impugnación, con respecto al llamado “nuevo sistema de justicia penal”, en especial, del amparo. Así fue como se decidió realizar la investigación que se presenta, con la firme idea de elaborar un trabajo que permita, al lector, conocer el sistema de justicia de corte oral y acusatorio que se instauró en el derecho positivo mexicano, el día 18 de junio de 2008, así como el conocimiento de las diversas reformas en materia de amparo que se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011 para realizar, mediante la metodología de casos prácticos, el estudio de tópicos específicos en los que convergen ambos campos, los cuales deben ser objeto del estudio de los juristas, en la medida en la que tales reformas son la firma del nuevo sendero del Estado democrático de derecho de nuestro país. El primer capítulo aborda el tema del sistema penal acusatorio, tomando en consideración los principios del proceso, los sujetos que intervienen y la substanciación del mismo. El segundo capítulo estudia al amparo como la institución más tradicional del derecho mexicano, analizando las partes procesales, los principios, la procedencia, el sobreseimiento, así como las formas de substanciación dependiendo del acto reclamado, para conocer la vía directa o indirecta en que se debe tramitar. En ese sentido, somete a consideración del lector la naturaleza jurídica del amparo, pues la discusión acerca de si se trata de juicio o recurso ya fue bastante discutida en el país; se estableció que el amparo directo es un recurso, en la medida en la que supone volver a dar curso al conflicto, en el sentido de un pan revisor sobre lo andado, de manera que concurren a la figura correspondiente, las mismas partes que contendieron ante el inferior, y solicitan que reanalice la cuestión controvertida, que decida si la apreciación efectuada se ajusta, o no, a la ley correspondiente y, en su caso, solicitar que modifique la determinación con la que no se encuentran conformes. El recurso implica el mismo conflicto, establecido con respecto a las mismas partes y que debe ser fallado con base en la misma ley que rige la apreciación del inferior. A su vez, el amparo indirecto es un juicio, ya que las partes son diferentes a las del proceso ordinario en que se dictó la resolución reclamada. Además, tiene un procedimiento autónomo, con características específicas propias de su objeto, que consiste en lograr la actuación de las prevenciones constitucionales a través de una contienda entre el gobernado y el gobernante. El tercer capítulo aborda el estudio de casos, mediante los que se analiza la convergencia de ambas disciplinas: por un lado, el sistema penal acusatorio, por el otro, el amparo. Pues las reformas mencionadas, no sólo imponen un cambio regulatorio en la tramitación de los procedimientos penales, también implican la necesidad de un cambio completo de paradigma en la justicia penal, lo que exige nuevas actitudes por parte de los juzgadores, los órganos de procuración de justicia e, incluso, los abogados postulantes. La mencionada reforma penal plantea varias interrogantes que derivan de la complejidad de su implementación y que se pronuncian desde diversos puntos de vista, en relación con ella: desde las teorías del delito, constitucional, del proceso y derecho procesal penal, entre otras. Es por ello que esta investigación se enfoca a dos materias específicas; al amparo y al proceso penal.
Detalles
Flores Editor y Distribuidor S.A de C.V Todos los derechos reservados ©