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RESULTADOS DE LA BUSQUEDA
TRAUMATOLOGÍA FORENSE
  • Jesús Alberto Jiménez Ochoa
La Traumatología Forense es la rama o especialidad de la medicina legal dedicada al diagnóstico, descripción, clasificación, valoración y pronóstico de las lesiones producidas bajo circunstancias presuntamente delictivas. Todos los códigos penales de nuestro país contemplan y sancionan la producción, culposa o dolosa, de lesiones. Así pues, ante la presunción de este ilícito, se desencadenan, por parte del personal de las entidades institucionales encargadas de procurar justicia, una serie de diligencias investigativas, la mayoría de ellas de índole pericial, encaminadas a demostrar, técnica y científicamente, la ocurrencia del hecho; reconstruir, en modo, espacio y tiempo, los eventos y circunstancias relacionados con el mismo; identificar a los sujetos involucrados en éste y precisar, con base en evidencias, la naturaleza y grado de participación de cada uno de ellos. Ante tales premisas, y tratando de ofrecer a los estudiantes y a los profesionistas dedicados al derecho penal, la información mínima necesaria en criminalística y medicina legal para abordar e interpretar este tipo de eventualidades, consideramos válida y útil la elaboración de la presente obra. Los datos aquí contenidos están distribuidos en seis apartados de extensión variable. La primera parte se ocupa del concepto de lesión y de los criterios utilizados para clasificarlas. La segunda parte está dedicada al estudio médico-legal de las lesiones producidas por los agentes mecánicos; ocupándose de las contusiones (eritemas, equimosis, sufusiones, hematomas, derrames cavitarios, heridas contusas, roturas y estallidos viscerales, distensiones y roturas musculares, esguinces, luxaciones, fracturas, aplastamientos y arrancamientos), abrasiones (erosiones y excoriaciones), heridas producidas por objetos ejercidos con acción punzante y/o cortante y los diversos tipos de heridas ocasionadas por proyectiles disparados por armas de fuego. En la tercera parte se abordan las lesiones producidas por agentes físicos; figurando entre éstas las quemaduras, heladuras, electrocuciones, fulguraciones y las alteraciones fisiológicas causadas por la disminución y el aumento de la temperatura y la presión medioambiental, las emisiones sonoras y las emisiones electromagnéticas (ondas de radio, microondas, luz infrarroja, luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma). El cuarto y quinto apartado están dedicados al estudio de las lesiones producidas por agentes químicos (ácidos y bases inorgánicas, amoniaco, productos de belleza y secreciones de algunas plantas y animales) y biológicos (cornadas, mordeduras, arañazos, picaduras y lesiones por acción patógena), respectivamente. La sexta y última parte se ocupa en revisar la importancia y estructura general del certificado médico de lesiones.
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LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO: GARANTISMO VICTIMAL
  • María Fernanda Sánchez Díaz
Los derechos humanos de las víctimas y la atención integral a las mismas que ahora se demanda, han despertado interés y relevancia en las últimas décadas, especialmente durante el siglo XX, particularmente desde la Segunda Guerra Mundial y ahora en el siglo XXI con las trascendentales reformas constitucionales que se suscitaron en México en los años 2000, 2008 y 2010. La dinámica de los sistemas de justicia fue durante muchos años la de abstenerse de brindar un tratamiento igualitario entre inculpados y víctimas, siendo ésta última la parte que menos le interesaba al Estado visibilizar en un proceso penal. Actualmente, a nivel mundial las tendencias legislativas se caracterizan por incorporar mecanismos que aseguran una protección integral de la víctima y acentúan su intervención a lo largo de todo el proceso, procurando con ello lograr una posible reparación del daño para la víctima; sin embargo, las acciones realizadas no han sido suficientes, las víctimas continúan sin recibir atención, ya sea jurídica, médica o psicológica, o bien, el trato que reciben por parte de los servidores públicos en muchas de las ocasiones es agresivo, generando con ello la revictimización de la víctima y convirtiéndose en un factor de incremento de la impunidad y la corrupción. De lo anterior se desprende la importancia de contar con normatividad e instituciones creadas desde la perspectiva del garantismo victimal; ello implica que se ponga como foco de atención a la persona que sufrió a consecuencia de un hecho delictivo y que lo que más necesita es ser escuchada y atendida por las autoridades, y más importante, que se le haga justicia, que sus derechos sean efectivos.
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7. ETAPA INTERMEDIA
  • Manuel Valadez Díaz
La audiencia intermedia, también conocida como de preparación del juicio, es una audiencia que puede entenderse como “poliédrica”, ya que en la práctica puede mostrar varios prismas, facetas o vertientes de actuación para los operadores del sistema acusatorio, ya que, aun cuando se le conoce como una audiencia predominantemente de “preparación del juicio”, puede tener diversos resultados en función de las intenciones procesales de las partes, las que, en no pocas ocasiones, permitirán terminar con la causa penal sin necesidad de que se dé inicio a la etapa de juicio oral, pues es un escenario común que se verifiquen en la misma, ya sea soluciones alternas o el procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada del proceso. Sin perjuicio de lo anterior, la audiencia intermedia es, en esencia, una audiencia de preparación del juicio oral, en la que se deberá filtrar cualquier cuestión que pueda entorpecer el libre y adecuado desarrollo del juicio oral, por lo que, en ella, deberá tratarse lo relativo al hecho materia de la acusación, la admisión de aquellos medios de prueba que se estimen útiles y pertinentes, ya sea directa o indirectamente para la solución del caso penal, delimitarse el hecho materia de la acusación en torno al cual girará el juicio oral, así como, en su caso, los hechos que por convenio entre las partes y con la autorización del juez de control, se puedan tener por probados para no ser controvertidos ante el Tribunal de Enjuiciamiento.
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80 PREGUNTAS SOBRE DERECHOS DE INFANCIA Y LA JUSTICIA PENAL JUVENIL
  • Xochithl Guadalupe Rangel Romero
80 preguntas sobre derechos de infancia y la justicia penal juvenil busca cumplir una finalidad didáctica. De manera particular, esta publicación no intenta profundizar sobre las discusiones doctrinales que permean dentro de éste novedoso tópico, pretende poner en contacto a todo aquel lector con algunos conceptos jurídicos básicos; cabe mencionar que al final de la obra se coloca un énfasis especial en cuanto al tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Con objeto de tener precisión en el eje de énfasis, fue agregado un vocabulario de términos jurídicos que permita tener una visualización general sobre diversas conceptualizaciones. La presente obra se encuentra dividida en secciones que permiten vislumbrar cortes temáticos importantes en cuanto al rubro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Aunque se ha pensado en los estudiantes de derecho y profesionales de esta ciencia, se ha redactado de tal forma que pueda llegar a una comunidad interesada. El estudio de los niños, niñas y adolescentes dentro de los estados constitucionales de derecho que a la fecha se encuentran en construcción es de interés prioritario; lo anterior da como consecuencia que los derechos de la infancia se conviertan en una biela central para las naciones que han ratificado la Convención de los Derechos del Niño.
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INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO HACIA UN NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO
  • Eduardo Manzanares Retana
Las similitudes latinoamericanas (y quizá estereotipadas) en los ámbitos social, económico y político no se pueden negar. Por lo general, identificamos a nuestros países por tener una estabilidad económica endeble, bajos niveles de integración y cohesión social, altos índices de pobreza y frustración por no poder salir de ésta, la división de la economía es desproporcionada y la acumulan solamente unas cuantas familias. Por último y quizá lo más importante: una educación de su población que deja mucho que desear, debido a las débiles políticas públicas por parte de los gobiernos latinoamericanos, así como un sistema corrupto que permite que los recursos destinados a mejorar la educación de nuestros países, se desvíen fácilmente. Otra puesta en común que nos caracteriza son los servicios de salud de muy mala calidad, así como la protección social. Tal pareciera que las políticas públicas económicas y educativas no han ido de la mano. En la década de los noventa, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), propuso su “Transformación productiva con equidad”, su objetivo principal era precisamente el desarrollo de América Latina y el Caribe en el año de 1990. Si bien, ésta no tuvo un impacto de mayor relevancia sí sentó las bases para que se pudiera analizar al menos la situación socioeconómica y educativa de la región de América Latina y el Caribe. Posterior a este documento, no se ha revelado ningún otro con las características e impacto que tuvo “Transformación productiva con equidad”. ¿Por qué fue importante esta propuesta? La considero importante y de gran relevancia, ya que su propio objetivo lo es: “[…] formular una propuesta estratégica para contribuir a crear, en el siglo XXI, condiciones educacionales, de capacitación y de incorporación al progreso científico-tecnológico que hicieran posible la transformación de las estructuras productivas de la región en el marco de una progresiva equidad social” (CEPAL-UNESCO, 1992). Luego entonces, en el papel los sistemas educativos latinoamericanos y los esfuerzos de organismos como la UNESCO y la CEPAL no sólo son interesantes sino muy completos y se podría decir que muy novedosos. Sin embargo, ¿qué está pasando que no se pueden llevar a la práctica o mejor dicho, que no están generando los resultados esperados? Inicio respondiendo a esta pregunta con lo que para un servidor es la clave de la falta de un adelanto significativo en el ámbito educativo y me refiero al debilitamiento de la condición económica de los países latinoamericanos, la todavía presente brecha digital, la falta de políticas públicas que vayan encaminadas a la comprensión y desarrollo de verdaderos aprendizajes y no sólo contenidos, al privilegiar (aunque suene contradictorio) las políticas públicas recomendadas por los entes internacionales sobre las políticas públicas propias, entre otras tantas fallas detectadas en los sistemas educativos. La gran mayoría de nuestros países está en una espiral inflacionaria y en un desequilibro financiero, con una deuda externa incontrolable, así como la interna. En conclusión, la falta de políticas económicas y financieras sanas y con verdaderas miras hacia el crecimiento económico de los países de América Latina no han permitido invertir en educación como lo ha propuesto la CEPAL o la misma UNESCO. Los recursos financieros se desvían hacia “ayudas sociales” que no se ven reflejadas en la educación. Es decir, es preferible para nuestros gobiernos apoyar a la sociedad más vulnerable con subsidios y entregas de alimentos y vivienda precaria que invertir en educación y promover que sea ésta la que impulse a la sociedad a salir de la pobreza. A todo esto, le sumamos que los países latinoamericanos no hemos podido marchar de una manera ordenada hacia las nuevas tendencias que en educación se requieren en el siglo XXI, no hemos podido transitar de un modelo pedagógico —como lo es el conductismo— a pesar de los grandes esfuerzos que centros escolares y docentes hacen por lograr los aprendizajes adecuados en los alumnos que tienen a su cargo. Asimismo, nuestros países han confundido cantidad con calidad.
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LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
  • Agustín Herrera Pérez
Amable lector(a), con la inmensa satisfacción de poder comunicarme contigo para darte a conocer el contenido de las importantes reformas de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente a partir del 19 de julio de 2017, la cual deroga a la anterior Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esta ley forma parte de la legislación que se emitió para la integración del Sistema Nacional Anticorrupción que, como se sabe, está integrado por diversas instituciones y, por supuesto, por las diferentes leyes que las rigen, como son: los decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control interno del Ejecutivo Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. La legislación que integra el Sistema Nacional Anticorrupción, rompe con muchos paradigmas, sobre todo con el sistema jurídico tradicional de nuestro país, pues, como veremos, en la ley que se comenta intervienen los tres poderes que integran al Estado Mexicano, se establecen normas que rigen de forma distinta la competencia de uno y otro, precisamente para poder actuar coordinada y conjuntamente en el mismo sistema, por supuesto esta nueva legislación debe ser analizada con detenimiento y profundidad mediante otros estudios. En el análisis que les presento sólo me refiero a los importantes paradigmas que rompe la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, puesto que en esencia se refiere al combate a la corrupción en que pueden incurrir los servidores públicos, para lo cual establece un nuevo procedimiento que cumple eficazmente con el debido proceso, aunque sea susceptible de algunas precisiones, como las que se comentan durante el análisis de la ley, se establecen nuevos conceptos, una nueva calificación y clasificación de las faltas graves y no graves, así como nuevas atribuciones y autoridades competentes. Sólo para atraer su atención en los conceptos que establece esta nueva ley, los cuales se comentarán ampliamente en párrafos posteriores, les menciono algunos de ellos: se determina la autoridad investigadora, con facultades y atribuciones para calificar faltas administrativas como graves o no graves, se señala que las faltas graves son: el peculado, el cohecho, el abuso de funciones y el desvío de recursos públicos, que, como se observa, son o eran tipos penales, y tal pareciere que ahora las autoridades administrativas investigarán y sancionarán delitos, aunque, en este sentido, a partir de la vigencia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán “tipos administrativos”. Habrá una autoridad substanciadora y otra resolutora, y se ordena que las faltas administrativas no graves serán sancionadas por las secretarías y los órganos internos de control, y las faltas graves por la autoridad jurisdiccional que corresponda, y cuando el servidor público sujeto a un procedimiento de responsabilidades administrativas no cuente con abogado le será nombrado un defensor de oficio. Dos aspectos que podrán conocer con amplitud son la explicación del conflicto de intereses y la aplicación de la ley a los particulares. Para la mejor comprensión de esta nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas me permití formular el índice de la misma que, como podrán observar, se divide en dos libros, el primero de ellos se refiere a las disposiciones sustantivas, constituidas por cuatro títulos, y un libro segundo que se refiere a las disposiciones adjetivas, constituidas por dos títulos, los cuales, obviamente, cuentan con diversos capítulos, mismos que se desarrollan ampliamente en el transcurso del presente estudio. Para la fácil localización de los temas formulé un índice temático que auxiliará en su rápida búsqueda. Con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y toda la nueva legislación que integra el Sistema Nacional Anticorrupción se fortalece un verdadero derecho disciplinario, con ámbito de aplicación, naturaleza jurídica propia, procedimientos de investigación, de substanciación y de resolución, emplazamientos, resoluciones, ofrecimiento, recepción, admisión y desahogo de pruebas, medidas de apremio, sanciones, medios de impugnación e intervención de las autoridades jurisdiccionales y, por supuesto, en su caso, se tramitará el juicio de amparo, como en todas las ramas del derecho. Es muy loable que se cumpla con el debido proceso, como lo ordenan las leyes de nuestro país, pero en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se aparta y, en algunos aspectos, obstaculiza el objetivo del control interno de la administración pública, por lo que se deberán hacer las adecuaciones correspondientes y establecer normas y reglas claras que, sin dejar de respetar el principio de legalidad y los derechos humanos, se encaminen a alcanzar su objetivo fundamental que es terminar con la corrupción de los servidores públicos y alcanzar una administración pública eficiente, eficaz y honesta, como lo requiere el Estado Mexicano. Amable lector, ¿cree que los particulares y los servidores públicos podamos establecer un sistema como el que se comenta y lograr que nuestro país evolucione para beneficio de su población? En lo personal creo que sí, por lo que en todas nuestras actividades debemos actuar con legalidad, honestidad, productividad y eficiencia, todo ello con espíritu nacionalista, lo que permitirá que el Estado Mexicano salga adelante, por lo que, verbalmente y de hecho, en todo momento debemos expresar: ¡voy por México!
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EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2A. ED
  • Óscar Hernández Mateos
El presente libro ofrece al lector un estudio sobre la importancia que tiene el modelo de justicia implementado en todo el territorio nacional durante los últimos años, aun con la reforma ya instaurada el Poder Legislativo, organizaciones sociales y especialistas han debatido sobre los mecanismos para modernizar el Sistema de Justicia Penal en México, razón por la cual nuestro sistema de justicia se encuentra en la transición de un sistema inquisitivo a uno oral. El análisis parte desde una reseña histórica hasta un análisis esquematizado mediante el cual se muestran las innovaciones que se han dado a nuestro sistema de justicia penal, que dio inicio con la reforma constitucional de junio de 2008, tomando en cuenta el aspecto procesal y el de las instituciones, ya que el análisis de las partes que intervienen en un proceso penal es una tarea necesaria para el debido desarrollo de la ciencia jurídica. El estudio que aquí se elabora es muy oportuno, pues se centra en las facultades y la función que tiene en este sistema de justicia (los juicios orales) el agente del Ministerio Público Federal, con la finalidad de que la sociedad tenga una mejor idea de lo que representa esta figura dentro de cada una de las etapas del proceso. Por ello, se busca que con esta lectura se cree una conexión del Estado con sus gobernantes, con el objeto de que se tenga una perspectiva más amplia sobre la reforma que no sólo implica el área penal sino también una transformación en el sistema de justicia.
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