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RESULTADOS DE LA BUSQUEDA
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
  • Ana Beatriz Castrejón Díaz
  • Gabino Eduardo Castrejón García
La presente obra tiene como finalidad estudiar y analizar la institución de la Responsabilidad patrimonial del Estado a la luz de los hechos que se suscitaron el día 6 de septiembre de 2009, en la zona norponiente del Valle de México, en el Fraccionamiento Valle Dorado, ubicado en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Fuimos testigos, aunque no presenciales, de esta tragedia que cobró vidas humanas y causó daños a las personas que habitaban, y siguen viviendo en dicho fraccionamiento, y sus bienes. Es por ello que con esta obra nos hemos fijado dos objetivos: En primer lugar, hacer público nuestro reconocimiento a todas y cada una de las familias que padecieron los hechos que narraremos y que decidieron no dejar impune la actividad administrativa negligente en la que incurrió el organismo público federal desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), denominado Comisión Nacional del Agua (Conagua); y que acudieron a la propia autoridad administrativa, Tribunales Administrativos y Tribunales del Poder Judicial Federal e incluso a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, para reclamar una justa indemnización por lo que consideraban, en ese entonces, como un derecho a su favor. En segundo lugar, que sirva la presente obra como una guía didáctica que permita no sólo conocer la institución de la Responsabilidad patrimonial del Estado, sino cómo utilizarla, las vicisitudes que se presentan durante el procedimiento de reclamación, entre las que se encuentra la figura de la carga de la prueba, el surgimiento, a raíz de los eventos que se sucedieron, del derecho humano a la eficiente administración pública y varios otros aspectos, que por el área de especialidad en el que se encuentra, en muchas ocasiones son ignorados. Esta obra se encuentra dividida en dos partes: en la primera realizaremos un análisis y estudio técnico jurídico de la Responsabilidad patrimonial del Estado, abordando el marco conceptual, jurídico-constitucional, derecho comparado, sus elementos y requisitos de procedibilidad. Sustentamos nuestro estudio con la incorporación de los diversos criterios jurisprudenciales emitidos por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, que también demostrarán la evolución que ha tenido esta figura desde su introducción a nuestro sistema constitucional en el año de 2004 y hasta la fecha. En la segunda parte nos permitiremos narrar los hechos acontecidos en el Fraccionamiento Valle Dorado, del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, acontecidos el día 6 de septiembre de 2009, y cómo a través de la Responsabilidad patrimonial del Estado. En la mayoría de los casos que representamos se obtuvo una indemnización justa por parte de la Comisión Nacional del Agua; haremos del conocimiento de nuestros lectores, los procedimientos, paso por paso, que tuvimos que agotar, para llegar al objetivo final planteado, que era que se hiciera justicia a las familias afectadas, creyendo en las instituciones del Estado y hacer valer el Estado de derecho que siempre debe imperar en un Estado democrático como siempre hemos afirmado que es México.
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DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE ADOPCIÓN (6)
  • María del Carmen Ayala Escorza
  • Juan Carlos García Alonso
Desde tiempos remotos se ha considerado a la familia como base de la sociedad, de ahí su importancia y el valor que cada uno de sus integrantes reviste. Si bien es cierto que la línea paterna es pieza fundamental en la conformación de este núcleo, los hijos siempre serán quienes continúen con el legado de preservar el linaje. Hablando del presente, existen diversas razones por las cuales dentro de una familia no se ha podido dar la concepción de un hijo de forma natural, que pueden ser desde dificultades físicas, hasta incluso la decisión propia de no ser padres por evitar los trastornos del embarazo, pero, a pesar de lo anterior, los individuos no pierden la ilusión de tener un hijo al cual darle el amor y cuidados, por lo que encuentran el medio para continuar, como ya se mencionó, con su linaje. Es por esto que, en la actualidad, la adopción se ha convertido en un procedimiento cada vez más recurrido dentro de nuestra sociedad, razón por la cual no podría quedar fuera un tomo que nos enseñará cómo es que se debe de llevar a cabo. En esta obra conoceremos tanto generalidades como particularidades de la adopción, pasaremos por su naturaleza histórica y jurídica, hasta una descripción detallada de la tramitación que se realiza ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México y su continuación ante una autoridad jurisdiccional oral en materia familiar. Esta última parte del procedimiento de adopción puede ser analizada gracias a los formularios que aquí se incluyen, en donde no sólo se puede observar la tramitología que llevan a cabo los adoptantes con la asesoría de profesionales del derecho, sino que también se puede observar el criterio y formalismos que sigue el juzgador ante un procedimiento de este tipo, ya que también se incluyen, en este volumen, los acuerdos emitidos por este último, desde el auto inicial hasta la sentencia que al procedimiento le recae. Como ya se hizo mención, el tomo de la colección está dedicado a la adopción; cuenta con una serie de capítulos y subcapítulos que son de gran utilidad para los abogados postulantes o estudiantes del derecho, así como para todos aquellos que tengan el deseo de llevar a cabo un procedimiento de adopción en la Ciudad de México, ya que de manera sencilla describe aspectos relevantes, como los siguientes. El conocimiento y conceptualización de la filiación, así como la importancia de conocer que este vínculo jurídico que existe entre ascendientes y descendientes puede surgir, ya sea por hechos biológicos o por actos netamente jurídicos, como sería el caso de la adopción. Basados en estos hechos y actos, en esta obra se describen las tres clases de filiación que existen, hablamos de una filiación legítima que surge como consecuencia de una unión matrimonial, la extra matrimonial que se da por un reconocimiento voluntario por parte del padre o por reconocimiento derivado de una sentencia ejecutoriada procedente de un procedimiento jurisdiccional y, la que reviste mayor importancia en este tomo, la que se conoce como filiación civil o adoptiva. Para poder establecer la filiación, en ocasiones resulta necesario realizar investigaciones tanto de paternidad como de maternidad, cada una tiene diversas vías de comprobación y están descritas en uno de los subcapítulos, ahí mismo se pueden encontrar las consecuencias jurídicas que los padres adquieren cuando se lleva a cabo el reconocimiento de un hijo. Adentrándonos en el tema de la adopción, observamos los aspectos más relevantes e importantes de la naturaleza jurídica de esta figura del derecho, iniciamos con su conceptualización, entendida según criterios de nuestro máximo tribunal de forma general como la acción de recibir como hijo a aquel que no lo es de forma natural, siguiendo siempre los requisitos y solemnidades que se encuentran establecidos en nuestro sistema normativo. Para entender nuestra realidad, siempre resulta preponderante conocer nuestro pasado, la evolución de nuestra sociedad; además de los cambios sustanciales, también se complementa con bases que hasta nuestros días se conservan, es por esto que en esta obra se hace una breve, pero concisa referencia histórica de la adopción, con la cual se marca de forma eficiente el comparativo de lo que fue, de lo que se conserva y de lo que es hoy. Desde el punto de vista netamente jurídico, la naturaleza jurídica de la adopción puede ser vista desde tres diversos puntos de vista o teorías: una denominada contractual, una llamada del acto jurídico mixto y otra más conocida como de la institución, en las cuales se considera como un contrato solemne, un acto jurídico o una institución. La adopción cuenta con características particulares que se encuentran inmersas dentro del siguiente concepto, el cual indica que es un acto jurídico plurilateral, mixto, solemne, constitutivo, extintivo en ocasiones, de efectos privados, de interés público al ser un instrumento de protección de los menores de edad y de los mayores incapacitados. Las características enunciadas dentro de esta definición son analizadas a detalle en la obra. Nuestro sistema jurídico mexicano contempla en algunas entidades dos tipos de adopción: existe la simple, la semiplena y la plena, la última es la única que se encuentra regulada dentro del sistema normativo de la Ciudad de México. La primera contempla elementos como la impugnación o la revocación, mientras que la segunda es irrevocable. Todo procedimiento jurisdiccional que se encuentre regulado en nuestro sistema normativo, está integrado por sujetos que de forma directa o indirecta intervienen en ellos, la adopción no es la excepción, es por esto que se hace un análisis y descripción del adoptante o adoptantes, del adoptado, de las personas o instituciones que ostentan la patria potestad o tutela de los adoptados, o aquellas que los hayan acogido, la autoridad judicial que será la encargada de resolver sobre la solicitud de adopción, el representante del Ministerio Público que habrá de velar por el interés del adoptado, el Juez u Oficial del Registro Civil que intervendrá con respecto al levantamiento e inscripción de las actas de nacimiento, así como los Organismos Públicos encargados de cuidar el destino de los adoptados y de promover la asistencia social, como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Uno de los puntos en que todas las instituciones intervinientes coinciden, es el hecho de que antes de querer iniciar un procedimiento de adopción, es importante conocer todos y cada uno de los requisitos establecidos por la ley para adoptar, sin dejar pasar por alto dos aspectos relevantes: conocer quién es susceptible de ser adoptado y quién puede (además de reunir los requisitos) adoptar. La combinación de las listas de requerimientos y el cumplimiento de las características propias, tanto del adoptante o adoptantes, como del adoptado, hacen que el proceso de adopción resulte procedente. En párrafos anteriores se mencionó la evolución que ha ido experimentando nuestra sociedad, dada la apertura de igualdad y no discriminación que prevalece dentro de la Ciudad de México, actualmente encontramos que, con las modificaciones hechas al Código Civil de la Entidad, parejas del mismo sexo cuentan con la salvaguardia que les otorga el sistema normativo para poder adoptar. Nuestro Máximo Tribunal ha emitido criterios donde describe que la prohibición que se le pueda hacer a un individuo para ser considerado como adoptante, basado en la orientación sexual que tenga, resulta inconstitucional. La idoneidad de los adoptantes no debe estar fundamentada ni influida por su orientación sexual. Estos criterios y otros, dada la importancia del tema, también se encuentran plasmados dentro de esta obra. Como es sabido, la figura de la adopción no es exclusiva de nuestro país; a nivel global la tendencia a adoptar cada vez es mayor, existen casos en los cuales por diversas circunstancias los adoptantes pertenecen a otras naciones; por tanto, se describen dos supuestos que se pueden presentar: la adopción internacional, que se resume como el hecho de que personas con ciudadanía distinta a la mexicana y con residencia habitual en su país de origen, deseen adoptar a un menor de nacionalidad mexicana; y la otra, cuando personas con ciudadanía distinta a la mexicana, pero con residencia permanente en México, quieren adoptar a un menor de nacionalidad mexicana, conocida como adopción por extranjeros. La adopción, al ser considerada por nuestro sistema normativo como un acto jurídico, es susceptible de nulidad absoluta o relativa, las cuales se producirán dependiendo de los supuestos que se presenten al momento de su tramitación. Las características de estas nulidades son descritas en la parte final del capítulo que nos habla de la naturaleza jurídica de la adopción. Una de las partes principales que motivó la creación de esta colección de textos jurídicos, fue la de dotar a los abogados postulante, estudiantes y gente interesada, de herramientas que les ayudarán para la tramitación de procedimientos de forma particular. Hablamos de la adopción que, en la Ciudad de México, se encuentra conformada por dos etapas de tramitación: una ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México y otra ante el Órgano Jurisdiccional de la misma entidad (TSJCDMX). La primera etapa del procedimiento de tramitación de adopción arriba mencionada, está compuesta de una serie de pasos y requerimientos preestablecidos, contemplados y descritos en el capítulo correspondiente de este tomo. El DIF de la Ciudad de México cuenta con planes de apoyo para todos aquellos que quieran adoptar, los cuales, además de ser consultados de forma general en la plataforma de la institución, son analizados a detalle en esta obra, incluso se puede ver la forma en que se van alternando los actos que deberá ir realizando tanto el solicitante como el servidor público que lo atenderá. Una vez que se ha concluido con la etapa donde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México resuelve el procedimiento de adopción en la entidad, se lleva a cabo mediante la tramitación de una jurisdicción voluntaria, razón por la que se consideró de vital importancia referir o recordar cuáles son sus características, además de mencionar que el juez competente para resolver será aquel que pertenezca a un Órgano jurisdiccional especialista en procesos orales en materia familiar. A partir de este punto, esta obra se encarga de describir y analizar el aspecto procedimental de una solicitud de adopción. Primeramente, hace referencia a los requisitos de fondo y forma que deberá contener el escrito inicial donde se deben manifestar aspectos como nombres de los adoptantes, domicilio para oír y recibir notificaciones, las personas que estos autorizan, la vía en la que se deberá actuar, los datos generales del adoptado y el tipo de adopción que se pretende llevar a cabo, los hechos y las pruebas ofrecidas, el derecho aplicable, los puntos petitorios y, no menos importante, la firma de los solicitantes. En consecuencia de esta solicitud hecha mediante escrito inicial, se describe en este volumen cómo la autoridad jurisdiccional deberá emitir un auto que, si es admisorio, se deberá turnar de oficio a una de las Unidades de Apoyo con los que cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; específicamente cuando se trate de procedimientos en materia oral familiar, la Unidad de Gestión Administrativa (UGA) se encarga, entre otras facultades, de materializar los documentos derivados y ordenados dentro de los procedimientos ya mencionados, mientras que otra de las unidades, denominada Central de Comunicaciones Procesales (CCP), se encarga de materializar las diligencias necesarias, sin dejar de mencionar a la Unidad de Apoyo Tecnológico (UAT) que maneja, como se describirá en el capítulo correspondiente de la logística necesaria para que los procedimientos orales en materia familiar puedan tener un correcto desarrollo y conclusión. Ya se mencionó que uno de los elementos de forma que deberán integrar el escrito inicial serán las probanzas con las cuales se busca crear certidumbre de lo argumentado por los adoptantes y cuyas características de enunciación y ofrecimiento dentro de un procedimiento de jurisdicción voluntaria encaminado a la adopción, se describen en el capítulo establecido para esto, se menciona así cuáles son las pruebas que resultan procedentes en estas diligencias. La estructuración de una de las etapas más importantes de esta jurisdicción voluntaria es la audiencia de juicio, en cuyo desarrollo pormenorizado se describe lo referente a los alegatos de apertura, el desahogo de pruebas y los alegatos de cierre, para, de esta manera, concluir el procedimiento con el dictado de la sentencia definitiva por parte del Juzgador que conoció el asunto. Finalmente, en este libro se enuncian los efectos jurídicos que se crean con la adopción, es decir, los derechos y obligaciones contraídos tanto por el adoptante como por el adoptado.
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JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO (5)
  • María del Carmen Ayala Escorza
  • Juan Carlos García Alonso
  • Ana luisa Carbajal Álvarez
La cordialidad dentro de la familia debería ser un valor que nunca tendría que estar ausente sin importar las circunstancias de la vida que se fueran presentando. La muerte de cualquiera de los integrantes de la familia provoca, además del dolor por la pérdida, descontrol e incertidumbre sobre el futuro. Es increíble darse cuenta que sólo basta tener diferencias con respecto a la repartición de los bienes materiales que hayan pertenecido a alguno de los integrantes para que surjan odios y rencores entre aquellas personas que crecieron juntas, pero, aunque lo óptimo sería dejar perfectamente definida la forma en que habrían de repartirse esos bienes mediante un testamento, en la práctica y por la falta de cultura de heredar de forma correcta no pasa así, es por eso que se hace evidente la intervención de la autoridad jurisdiccional para que, bajo su supervisión, se haga un análisis de a quienes les corresponde adjudicarse los bienes dejados por el de cujus. La intervención del juzgador se manifiesta mediante la denuncia que haga alguno de los posibles herederos de un procedimiento intestamentario. Su importancia y constante repetición hacen que este tipo de procedimientos no pudiera quedar fuera de esta colección de textos jurídicos. Es por eso que esta obra se estructuró de la siguiente manera: Antes de entrar de lleno en el aspecto procedimental de los juicios intestamentarios, es vital conocer la parte doctrinal, razón por la cual se inicia dando una noción muy detallada de lo que es la sucesión y los tipos que existen en nuestro sistema jurídico mexicano, las reglas que se deben seguir y el momento en el que se debe producir. La falta de manifestación de la voluntad del de cujus plasmada en un testamento, da origen a la apertura de una sucesión legítima, lo cual ocurre en muchas de las ocasiones, es por eso que se dedica todo un capítulo entero al análisis de este tipo de sucesión y se describe la forma en la que se deberá repartir equitativamente la masa hereditaria entre los hermanos o medios hermanos (hijos del de cujus), el cónyuge o concubino y, en su caso, los ascendientes e incluso los colaterales. También se hace un análisis del orden en que algunos de estos herederos tendrán preferencia sobre los otros y de cuando estamos frente a una sucesión ab intestato. Existe diversidad de variantes que se pueden presentar al momento de designar a quienes les corresponde heredar. En caso de que no existiera persona alguna contemplada por la ley con ese derecho, nuestro sistema jurídico mexicano examina la posibilidad de que la masa hereditaria pase al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. En el último capítulo doctrinal de esta obra, se realiza un estudio del procedimiento sucesorio intestamentario, analizando detalladamente cada una de las secciones que lo integran (de la sucesión, del inventario, de la administración de bienes y la de la partición y adjudicación de los bienes del de cujus). En esta colección de textos jurídicos se ha hecho énfasis no sólo en la parte doctrinal de los elementos que integran los procedimientos intestamentarios, sino que, además, se dota al lector de todo un expediente que contiene tanto los formatos de las promociones que son presentadas por las partes, como las transcripciones de los acuerdos que a estas les recayeron, para así podernos dar una mejor idea del criterio que emite el juzgador cuando las partes le hacen alguna solicitud, así podremos conocer la forma correcta de formular nuestras pretensiones. Estos formularios se encuentran enlistados en un índice especial para mejor comprensión del procedimiento y para optimizar su localización, es importante destacar que la forma en la que se dividen los formularios se hará según la sección que les corresponde, haciendo alusión a los cuadernillos que se van formando durante el procedimiento intestamentario.
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JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO (4)
  • María del Carmen Ayala Escorza
  • Juan Carlos García Alonso
Trabajar y esforzarse día a día no sólo debería implicar ir solventando nuestros gastos y necesidades diarias, sino crear un patrimonio para poder tener un futuro más desahogado y saber que, llegado el momento, podremos dejar un legado económico a los nuestros. Dejar nuestra voluntad debidamente estipulada, donde se describa la forma en que los bienes acumulados deban ser repartidos de manera particular o universal a uno o varios individuos, constituye la vía idónea para legar y, de esta forma, tratar en la medida de lo posible de no dejar problemas entre aquellos que por derecho les podría corresponder y otros más que pudieren creer que ese derecho les asiste. En el presente tomo de la Colección de Juicios Especiales, denominado Juicio testamentario, se analizan de forma detallada, primeramente, la parte doctrinal, es decir, las generalidades del derecho sucesorio, comenzando con el concepto de sucesión y la clasificación de la transmisión hereditaria. Como en todos los procedimientos que contempla nuestro sistema jurídico mexicano, existen elementos personales que los conforman, así hablamos de actor, demandado, aval, fiador, etcétera. Dentro del juicio testamentario, señalamos a un autor de la herencia (también denominado como el de cujus), al heredero o herederos y la diferencia que existe entre estos y los legatarios, al albacea, a los interventores, a los acreedores y a los deudores, cuyas figuras son detalladas y explicadas dentro de esta obra. Uno de los elementos esenciales del juicio testamentario es indudablemente la voluntad del autor de la herencia, con base en ella es que en nuestro derecho existen tres clasificaciones de la sucesión, como es la testamentaria, la legítima y la mixta, mismas que podrán ser resueltas mediante procedimientos, como el judicial y el extrajudicial, también conocido como notarial. En los referidos procedimientos, encontramos que las formas en que los herederos pueden suceder son por propio derecho, por transmisión, o bien, por representación, no debemos olvidar que el momento en el cual se produce la sucesión será a la muerte del de cujus o autor de la herencia. Otro de los elementos de los procedimientos testamentarios que debe estar presente es, por obviedad, el testamento, que se podría entender como el documento donde se plasma, mediante la realización de un acto jurídico, la voluntad de un individuo de disponer la forma en la cual habrán de ser repartidos los bienes que posee y a quienes les corresponden. Nuestro Código Civil indica que el testamento está provisto de ciertas particularidades, como el hecho de ser considerado un acto jurídico, unilateral, revocable y libre, además de que tiene que efectuarse por una persona capaz, ya que para que produzca sus efectos deberá ser solemne. El ser considerado un acto jurídico tiene repercusiones, como tener una finalidad dual y de mortis causa, o sea, sus efectos serán producidos hasta después de la muerte del testador. Dentro de las formalidades que se deberán observar en el testamento, está la presencia de los testigos que confirmen la manifestación de la voluntad del testador, así como las disposiciones que en él quedarán plasmadas. No basta con que un individuo quiera manifestar su libre voluntad de suceder los bienes que pudiere poseer, sino que en nuestra legislación se contemplan limitantes de capacidad para testar que son descritas puntualmente dentro de este tomo, incluso la capacidad para suceder. De igual forma, así como contamos con restricciones para testar, también las hay para heredar, pueden ser considerados como incapaces de heredar aquellos que se encuentren en una situación de presunción de influjo que vaya contrario a la libertad del testador, o bien, del testamento, también se puede hablar de incapacidad por alta de reciprocidad internacional o por utilidad pública, mismos que son analizados en el capítulo respetivo de esta obra. Es cierto que la lógica nos diría que cuando nos apegamos a las formalidades que acompañan a la libre manifestación de la voluntad vertida en un testamento, estamos hablando de un acto jurídico perfecto, pero en la práctica no es así, ya que éste puede ser ineficaz en su totalidad, en el clausulado que lo componen, por fallas en la institución del heredero, o bien, del legatario o las modalidades de estos. Así como hay voluntad libre al testar, en cualquier momento el testador podrá revocar su anterior manifestación. Como ya se mencionó, el testamento será el medio que designa la forma mediante la cual habrán de repartirse los bienes, pero es importante destacar que un testamento puede ser inoficioso cuando dentro de éste no se haya contemplado otorgar una pensión alimenticia a quien por derecho le correspondiere. Nuestra legislación nacional es tan diversa que en ella encontramos entidades que aún contemplan algunos tipos de testamentos que, por ejemplo, en la Ciudad de México y en el Estado de México ya se encuentran derogados. Es por esto que dada la trascendencia a nivel nacional que se le busca dar a la colección y también para incrementar nuestro conocimiento doctrinal, se hace un análisis de ellos, encontramos que existen dos grandes clasificaciones: los testamentos ordinarios y los especiales, en los primeros están el público abierto, el cerrado, el público simplificado y el ológrafo, y, en los segundos especiales están el privado, el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero. Antes de que el proceso testamentario concluya, la masa hereditaria deberá ser administrada por una figura que se estudia dentro de este volumen, al cual conoceremos como albacea, quien, además de la administración, deberá liquidar el patrimonio del de cujus. De esta figura hay diversos tipos, como son el testamentario, con sus correspondientes subdivisiones, el legítimo, el dativo, el provisional y el definitivo, los cuales cuentan con facultades diversas descritas en esta obra. La figura del albacea no cuenta con la libertad total de disponer de la masa o de la toma de decisiones aleatoriamente, ya que, así como cuenta con las referidas facultades, posee limitantes, excusas e impedimentos que regulan su labor, así se contemplan también obligaciones correspondientes al cargo que se le confiere, como es la rendición de cuentas. El ente encargado de vigilar que la labor del albacea sea la correcta, es el interventor, quien podrá intervenir en ciertos casos, como los descritos dentro de este libro. Sus funciones y la forma en que se deberá terminar el cargo conferido, también forman parte de la estructura de esta obra. En cuanto al aspecto procesal, se contempla la acción de petición de herencia y los casos que se pueden presentar al momento de iniciar un procedimiento testamentario, como el hecho de que la viuda haya quedado encinta al momento del fallecimiento del de cujus o como la aceptación o la repudiación de la herencia. En la parte final, se describe de manera puntual todas y cada una de las cuatro secciones que integran el procedimiento testamentario ante autoridad judicial, así como la tramitación extrajudicial ante notario. Asimismo, se ha hecho énfasis no sólo en la parte doctrinal de los elementos que integran los procedimientos testamentarios, sino que, además, se dota al lector de todo un expediente que contiene no sólo los formatos de las promociones que son presentadas por las partes, sino que se transcriben también los acuerdos que a éstas les recayeron, para así podernos dar una mejor idea del criterio que emite el juzgador cuando las partes le hacen alguna solicitud, con ello podremos conocer la forma correcta de formular nuestras pretensiones. Estos formularios se encuentran enlistados en un índice especial para mejor comprensión del procedimiento y para optimizar su localización, es importante destacar que la forma en la cual se dividen los formularios depende de la sección que les corresponden, así se hace alusión a los cuadernillos que se van formando durante el procedimiento testamentario.
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SOLICITUD DE DIVORCIO (3)
  • María del Carmen Ayala Escorza
  • Juan Carlos García Alonso
El matrimonio es el inicio de una nueva etapa dentro de la vida del hombre que vive en sociedad, los derechos y obligaciones a que nos constreñimos son tan diversos como las razones por las cuales permanecemos en pareja. Lamentablemente, tanto los individuos como la sociedad que la integran no son entes inertes que, sin importar los cambios o las diferencias, permanezcan sin modificarse. Los sentimientos pueden mutar o acabarse y en muchas ocasiones esto provoca diferencias irreconciliables, las cuales sólo pueden ser resueltas mediante la intervención de un juzgador, quien se convertirá en el tercero que ayudará a redimir estas diferencias y quien tendrá la obligación de velar por aquellos intereses que no pueden ser renunciados por ninguno de los divorciantes, así como apoyar la posible negociación de las responsabilidades que cada uno deberá continuar cumpliendo; de esta manera, ambos podrán continuar sus vidas de forma independiente con la posibilidad de volver a contraer nuevamente nupcias. Como ya se ha mencionado en introducciones de otros tomos que integran esta Colección de Textos Jurídicos, en cada una de las obras que la conforman, los autores nos hemos dado a la tarea de tocar los procedimientos que, como profesionales del derecho, tenemos la obligación de conocer, ya que algunos de ellos son los más recurrentes dentro de nuestra labor profesional. Es por esto que en esta obra hablaremos de los diversos procedimientos que existen para llevar a cabo un divorcio, el cual debemos entender en términos legales como la disolución del contrato de matrimonio o, dicho de una forma más sencilla, como la ruptura del vínculo matrimonial. Como mencionamos en párrafos superiores, resulta esencial hablar primeramente del matrimonio para poder así desarrollar de forma correcta el tema del divorcio; por esta razón, dentro del primer capítulo de este tomo se realiza un análisis detallado de dicha figura jurídica, en la cual se incluyen las nuevas concepciones que se le han dado en diversas entidades, como en la Ciudad de México cuando hablamos de matrimonio entre personas del mismo sexo. La naturaleza jurídica del matrimonio puede ser analizada desde distintos puntos de vista, por ejemplo, el que la describe como una institución, el que lo contempla como un contrato o como un acto condición, el que la define como un estado civil o visto como acto jurídico mixto, por mencionar algunos. Dentro del desarrollo de este capítulo se menciona la finalidad que el matrimonio persigue, además de los requisitos que la legislación de la Ciudad de México refiere para poder contraerlo, para ello se adjuntan imágenes de los formatos que se deben de llenar en el momento de hacer la solicitud. Existen diversos formatos en razón de que los hay para uniones de personas de distinto o del mismo sexo, además de los formatos para manifestar su voluntad de contraer matrimonio bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal, o bien, el de separación de bienes (los cuales se analizan también dentro de esta obra). Dentro de los requisitos que son necesarios, se contempla el presentar un Certificado de No Registro de Deudor Alimentario Moroso, donde se dé constancia sobre que ninguno de los contrayentes se encuentra inscrito dentro del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), en este tomo se indica también la forma mediante la cual se pueden obtener los certificados. Anteriormente, dentro de la legislación local se contemplaba la posibilidad de que un menor de edad pudiera contraer matrimonio, pero en la CDMX se derogó la figura de la emancipación, por lo que sólo podrán contraer matrimonio los mayores de edad; asimismo, se enuncian los impedimentos que existen y los efectos que el matrimonio conlleva con relación con los cónyuges, con los hijos y los bienes. El capítulo II de este tomo analiza el tema principal del mismo, es decir, hablamos de su conceptualización primeramente desde el punto de vista doctrinal, así como su definición y ubicación dentro de nuestra actual legislación; además, se realiza un comparativo de las distintas clases de divorcio que existen y los efectos legales que esta separación conlleva como el derecho a alimentos. Como es conocido por todos los que nos dedicamos a esta carrera, el derecho es un ente que va evolucionando conforme surgen cambios dentro de la sociedad, es por eso que es susceptible de cambio o modificación, para lo cual se han creado procedimientos que reforman los estatutos establecidos con antelación, como es el caso de la temporalidad mínima que estaba prevista dentro de la CDMX para poder solicitar el divorcio después de haber contraído nupcias, donde se indicaba que pasado un año se podría tramitar, pero con base en una controversia constitucional presentada ante nuestro Máximo Tribunal, se emitió un criterio jurisprudencial que decreta como inconstitucional este requisito. Un análisis detallado de este hecho se encuentra desarrollado dentro del capítulo III de este volumen. En esta obra se dedica un capítulo al análisis de los diversos procedimientos que existen dentro de nuestra legislación, como el voluntario administrativo, el voluntario notarial, así como los costos por la tramitación que se deben pagar y los efectos que este produce, el voluntario judicial, tanto el procedimiento escrito como el oral y el divorcio unilateral o incausado (mal llamado divorcio exprés), además de los efectos jurídicos que produce cada uno de ellos, para lo cual también se exhiben los formatos de solicitud de divorcio administrativo. Doctrinalmente, resulta interesante que se mencionen las causales que contenía el numeral 267 del CCCDMX, mismas que fueron derogadas, aunque existen entidades en las que todavía se contemplan causales de divorcio. Finalmente, y siguiendo con la naturaleza de esta Colección de Textos Jurídicos dedicados a la práctica forense, la parte final de esta obra se encuentra conformada por formularios de un procedimiento completo de divorcio incausado, que parte desde un escrito inicial de demanda, hasta el auto que declara que la sentencia definitiva ha causado ejecutoria. Es importante mencionar que en los formatos no sólo se plasman las promociones presentadas por las partes, sino que también se muestran los autos que el juzgador pronunció en razón de cada una de estas, con ello podremos analizar el criterio que emitió la autoridad.
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JUICIO DE ALIMENTOS (2)
  • María del Carmen Ayala Escorza
  • Juan Carlos García Alonso
  • Ana Luisa Carbajal Álvarez
Dentro del contexto universal de la Declaración de los Derechos Humanos, encontramos que los alimentos forman uno de los pilares esenciales que deben estar presentes en el desarrollo de todo individuo, principalmente en el de los niños. Es importante considerar que los alimentos, en derecho de familia, constituyen una de las principales consecuencias del parentesco y una de las fuentes más importantes de solidaridad humana. Los cónyuges y los concubinos están obligados a darse alimentos, de la misma manera que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas (paterna y materna), que estuvieran más próximos en grado. La obligación de dar alimentos es recíproca, de modo que el que los da tiene a su vez derecho a pedirlos cuando los necesite. Es por esto que es trascendental la necesidad de dedicar un tomo de la presente colección de textos jurídicos a la figura de los alimentos. En este libro, como en todos y cada uno de los que integran la presente colección, se realiza una correlación de los códigos adjetivos y sustantivos de la Ciudad de México y demás entidades federativas del país, con ello esta obra se convierte en una herramienta útil no sólo para los estudiantes de derecho, sino para los mismos abogados postulantes sin importar el estado en el cual ejerzan su labor profesional. En cada capítulo se incluye el objetivo particular que persigue el mismo, se incluyen dentro del texto notas importantes que ayudan al lector a una mejor visión de lo descrito, así como ejemplos que sirven para comprender los conceptos plasmados. Además, al final de cada unidad hay un resumen de todos los puntos analizados. Asimismo, en la presente colección de textos jurídicos, cada uno de los tomos que la integran tiene un capitulado que fue creado con la finalidad de orientar, como ya se mencionó, a estudiantes y profesionales del derecho. En esta obra en particular encontramos que cuenta con lo siguiente:En primer lugar, se habla de la parte netamente doctrinal de la figura de los alimentos, se define este concepto, así como los atributos que le son conferidos, sin dejar de analizar qué elementos son aquellos que están contemplados en nuestra actual legislación como alimentos y las características que estos tienen. Para poder hablar del derecho que tienen los individuos a recibirlos, es necesario conocer su fundamento y justificación, por ello también se integra en el capítulo correspondiente de este libro. Un aspecto doctrinal que no podría quedar fuera de esta obra son las fuentes de la obligación alimentaria y el derecho humano que significa su disfrute. Igualmente se dedica un capítulo al estudio del derecho a percibir alimentos y los supuestos que deben estar presentes para que resulte procedente la existencia de la obligación. Algo que puede considerarse como parte medular de este tomo es la pensión alimenticia, la cual se describe de forma detallada, analizando cuáles son las personas que tienen la obligación de proporcionar los alimentos, los posibles deudores solidarios y las personas que están legitimadas para solicitar el aseguramiento de esta obligación. También se examina la capacidad económica del sujeto obligado a proporcionarlos y la manera en que pude garantizarlos. Existen diversas formas que permiten al deudor alimentario cumplir con su obligación, una de ellas es mediante BIDES, también conocido como billetes de depósito, que son expedidos y respaldados por BANSEFI (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.), cuya tramitación, características, cobertura, requisitos de adquisición y cobro se encuentran descritas más adelante. Se incluye, además, un formato de un escrito con el que se puede exhibir y depositar el documento en el juzgado que le corresponda, un formato para asentar razón sobre la recepción del billete y el formato del mismo. Se estudia la forma que utiliza el juzgador para determinar el monto o porcentaje de la pensión alimenticia y las causales que pueden existir para que resulte procedente la cesación o suspensión de la obligación alimentaria y la diferencia entre estos dos conceptos. Así como resulta procedente la cesación o suspensión de una pensión alimentaria, también pudiere ser factible la modificación en cuanto a incrementar el monto o porcentaje decretado con antelación. Como es sabido, el derecho a percibir alimentos corresponde al acreedor alimentario, mientras que la obligación de proporcionarlos corresponde al deudor, quien, si dejara de cumplirla, podrá, además de las consecuencias ineludibles en materia penal, ser inscrito en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios (Redam), un tema que se estudia detalladamente y que incluye cómo se puede realizar el trámite en línea para conocer si algún individuo se encuentra en dicho registro. Dentro del presente volumen encontramos que, ante la premura que significa el hecho de que los acreedores alimentarios reciban de forma pronta y expedita ese derecho que les asiste, la actual legislación de la Ciudad de México, a través de su Tribunal Superior de Justicia, contempla dentro de su Código Adjetivo, al igual que en otras entidades del país, la posibilidad de que quien tenga derecho a recibirlos (para sí mismo o en representación de otro), pueda asistir directamente al órgano jurisdiccional a solicitarlos. Es aquí donde encontramos el procedimiento de solicitud de alimentos por comparecencia, el cual se describe dentro de uno de los capítulos que integran este tomo segundo, donde se detalla la forma sencilla, los requisitos mínimos solicitados y el tiempo reducido de tramitación en comparación con el procedimiento escrito, puntualiza también que esta forma de solicitud tiene como principal etapa una audiencia de comparecencia, cuya acta hace las veces de escrito inicial de demanda, dentro de ella el juzgador dictará las medidas provisionales (incluida una pensión alimenticia provisional en cantidad líquida o porcentaje), la elaboración inmediata de los oficios de estilo dirigidos a la fuente laboral, el emplazamiento a la parte demandada y a la Defensoría de Oficio, con la finalidad de que se le designe un abogado que supervise y vele por la correcta resolución del procedimiento. Al igual que el procedimiento escrito, los alimentos por comparecencia referidos en este libro, constan de una etapa predeterminada en la que el deudor alimentario deberá dar contestación a la demanda instaurada en su contra, responderá de forma sistematizada los hechos y prestaciones descritos por la parte actora. Se hace en el apartado respectivo un análisis de lo que sucede dentro de la audiencia de ley que se lleva a cabo en el procedimiento en cuanto a las probanzas que se desahogan y los alegatos que se manifiestan, con la finalidad de crear tal convicción en el juzgador que, al momento de dictar su sentencia, decrete una pensión definitiva que sea justa, esta etapa de dictado de su resolución es la última contemplada por el capítulo correspondiente. Si bien es cierto que la solicitud de alimentos por comparecencia cuenta con diversas particularidades que la hacen una óptima opción para requerir ese derecho irrenunciable, la que pudiéramos considerar como la forma más conocida de solicitarlos es la forma escrita, por obvia razón, no se podía quedar fuera del capitulado del presente ejemplar de dicado a los alimentos. Asimismo, se hace un estudio detallado de todo el procedimiento, se inicia con la etapa postulatoria en la cual se analizan los requisitos que debe contener el escrito inicial de demanda, donde se contemplan las probanzas que resultan procedentes para este tipo de procedimiento, es así que hablamos tanto de una confesional como de su diferencia con la confesión judicial y la declaración de parte. Examinando esta prueba, se describe la forma como debe ofrecerse y prepararse, sucede lo mismo con todas las probanzas que contempla el procedimiento, incluyendo la testimonial, la instrumental de actuaciones y la presuncional. Una vez que la demanda ha sido presentada, se realiza un examen de los posibles autos que a esta le pudieren recaer y las medidas provisionales que en alguno de estos pudiere decretar el juzgador. Además del ordenamiento de emplazamiento de la parte demandada, que tendrá la obligación de dar contestación a través de varios sentidos, descritos también en el capítulo respectivo. Al igual que en la sección dedicada a la solicitud de alimentos por comparecencia, se observa lo referente a la resolución emitida por el juzgador, es decir, la sentencia y la forma mediante la cual se puede realizar su ejecución. Un punto muy interesante dentro del capítulo es un estudio de la forma en que el deudor alimentario que no tiene una fuente laboral estable, pueda garantizar la pensión que le ha sido decretada. Las figuras jurídicas que contemplan nuestra legislación pueden ser modificables, así como las resoluciones emanadas de los procedimientos que se realizan, es por eso que incluso una obligación como la de dar alimentos es susceptible de ser cancelada, es decir, se puede suspender o cesar según sea el caso y se realiza de forma incidental. Por consiguiente, esta obra contempla este tipo de procedimiento y estudia la vía en que se presenta, analiza los requisitos y formalidades que se deberán presentar, acompañados de la jurisprudencia que le resulta aplicable, las pruebas que se pueden ofrecer y todo el procedimiento de cancelación contemplando la audiencia de ley que se realiza, lo referente a los alegatos, la sentencia y su ejecución, además de la manera en que los oficios dirigidos a la fuente laboral ayudan para este fin, así como la posibilidad de que quien administra la pensión alimenticia tenga la obligación de rendir cuentas sobre ella, y se concluye con la parte dogmática referente al pago de lo indebido. Por lo que implica a la parte de la práctica forense dedicada a los alimentos, este volumen cuenta con un expediente completo de un procedimiento de solicitud de alimentos por comparecencia, en él no sólo se muestran los formatos que remite la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sino que, además, se exponen el acta de comparecía que, como ya se mencionó, hace las veces de escrito inicial de demanda, los formatos de los oficios de estilo que el juzgador ordena su elaboración y que van dirigidos a la Defensoría de Oficio del Tribunal, a fin de que se le designe un licenciado en derecho que habrá de representar a la parte actora, y el dirigido a la fuente laboral del deudor alimentario, a fin de que se realicen las deducciones decretadas por concepto de pensión alimenticia provisional. De todas las promociones presentadas por las partes, se hace una transcripción de los autos dictados por la autoridad, con la finalidad de analizar el criterio que el juzgador plasma en las diversas peticiones que le son entregadas y que concluyen con la sentencia emitida por el juez. Al final del tomo, se incluye un glosario de términos jurídicos muy útil para la mejor comprensión del texto contenido en esta obra, no se puede dejar de incluir la bibliografía consultada, la legislación que ayudó a fundamentar y a correlacionar las figuras que se mencionan y las páginas web que se examinaron.
Detalles
JUICIO DE PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD (1)
  • María del Carmen Ayala Escorza
  • Juan Carlos García Alonso
La filiación es un vínculo jurídico que puede nacer por hechos biológicos, o bien, por actos jurídicos que existen entre dos personas ya sean ascendientes o descendientes sin limitación de grado, es decir, se da entre el padre y los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, así como entre el hijo y los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. La ley reconoce como consecuencias de este vínculo diversos derechos y obligaciones entre aquellas personas que se encuentran unidas por una relación filial, de esta relación se desprende una figura, tema principal de esta obra: la patria potestad. La patria potestad puede ser entendida como el conjunto de derechos y facultades que la ley concede al padre y/o a la madre del menor o a quienes la hayan reconocido (la ejercerán de manera conjunta, sin importar si se encuentran casados o no, o pudiera ejercerlo sólo uno de ellos, siempre y cuando exista el consentimiento por parte del otro), aplicables sobre ellos y sus bienes (siempre y cuando el hijo no se haya emancipado). Es importante destacar que la ley concede derechos y facultades, ya que es de manera directa una carga impuesta por el Estado, la cual no puede ser discutida, puesto que al momento en que se establece la filiación, los progenitores tendrán la obligación de estar con ellos, deberán cuidarlos y protegerlos, alimentarlos, educarlos, procurarles una formación integral, además de poder representarlos legalmente y administrar sus bienes. Si bien es cierto que en esta obra se busca hacer una práctica forense de “la pérdida de la patria potestad”, resulta importante e indispensable conocer el aspecto doctrinal de dicha figura jurídica, es por eso que se analizan aspectos como el hecho de que el cuidado integral del menor sea el objetivo que persigue la patria potestad. Como toda figura jurídica, también cuenta con características particulares que la diferencian de otras, mismas que se enuncian y se examinarán en la obra. Dentro del ámbito social encontramos que la familia se integra por padres, madres, abuelos, hijos, etcétera, pero es necesario saber quiénes de ellos son considerados como sujetos pasivos y/o activos dentro de la patria potestad, tarea que se lleva a cabo en esta obra. Si bien en cierto que se mencionó a padres y madres, hoy en día, encontramos que puede ser ejercida por los abuelos paternos en primer instancia y maternos como segunda. Una de las situaciones que, lamentablemente, se da en la actualidad en nuestra sociedad por el hecho de que los padres vivan separados, razón por la que la guarda y custodia deberá ser ejercida siguiendo una serie de reglas que serán enunciadas dentro de la presente obra. Quienes ejercen la guarda y custodia, como ya se mencionó con antelación, tienen derechos y obligaciones ante quienes la ejercen, y producen efectos respecto de las personas y los bienes de los menores, debiendo, incluso, rendir cuentas de la administración de estos, o bien, pueden gozar del usufructo de los bienes del menor. Todos estos aspectos referentes a la patria potestad son analizados de manera puntual. Además, se visualizan aspectos de gran importancia de dicha figura jurídica como la forma mediante la cual se puede terminar la patria potestad o perderla cuando se reúnan algunos requisitos, en caso de perderla, no implica que no pueda ser recuperada. La patria potestad puede ser ejercida siguiendo derechos y obligaciones a las que se sujetan los padres o quienes la ejerzan, sin embargo, deberán observar algunas limitaciones, e incluso, restricciones que aseguran el uso correcto. Es muy común que exista confusión entre figuras como la patria potestad, la guarda y custodia, e incluso, la tutela, es por eso que se realizó un comparativo entre ellas que nos hará más fácil la comprensión de cada una. Si bien es cierto que resulta imprescindible conocer el aspecto doctrinal del tema, la obra se encuentra encaminada a la práctica forense, por lo que se describe la forma mediante la cual habrá de tramitarse un aspecto muy importante de la guarda y custodia y que como estudiantes del derecho o abogados postulantes deben conocer. Dentro de esta tramitación se deberán seguir lineamientos que se encuentran descritos y a los cuales habrá que apegarse, es importante mencionar que se realiza una correlación entre la legislación de la Ciudad de México y la del Estado de México para así poder saber cómo se deberá tramitar en cada una de estas entidades el procedimiento de pérdida de la patria potestad. Como ya se mencionó en reiteradas ocasiones, la obra se refiere a la patria potestad, pero resulta importante conocer otras figuras que nos ayudarán a entenderla mejor, es por esto que se dedica un capítulo a la filiación, ya que puede ser el inicio para acceder al tema principal del libro.De la filiación conoceremos, primeramente, la conceptualización, las clases que de ella pueden existir dentro de nuestro sistema jurídico, los efectos que pudieren producir, incluso, analizando el progreso científico en materia de reproducción humana como la reproducción asistida, la inseminación artificial o la forma de fecundación in vitro, la congelación de material genético, la maternidad subrogada o el arrendamiento de un vientre o la fecundación post mortem mismas que pueden traer consecuencias jurídicas dentro del derecho familiar. También se analiza la investigación para comprobar la maternidad o la paternidad de los individuos y los medios para probarlos. Desde el punto de vista netamente jurídico, se estudian las formas mediante las cuales se puede reconocer de forma voluntaria a un hijo, conociendo los requisitos esenciales y formales para que se pueda llevar a cabo, no dejando de lado las características que se deben contemplar en dicho reconocimiento. No sólo existe el reconocimiento voluntario de un hijo cuando las circunstancias no han sido las idóneas para que éste sea reconocido, también existe el reconocimiento forzoso, en cual también desencadena consecuencias jurídicas. Cuando la filiación ha sido establecida, nos encontramos, como ya se mencionó, que la patria potestad puede ser ejercida por familiares que pueden ser ascendientes o descendientes sin limitación de grado, por lo que dentro de otro de los capítulos se hace un análisis detallado del parentesco, para así poder conocer quiénes podrán ejercerla, estudiando las consecuencias jurídicas propias y las diversas formas mediante las cuales se puede presentar. Antes de entrar de lleno al aspecto forense, es importante saber que para tramitar un procedimiento de pérdida de patria potestad, se deberá realizar por la vía oral familiar, por lo que se estudia lo referente a los principios que la rigen y la finalidad que se persiguió al haber trasladado estos procedimientos de la vía ordinaria a la oral. Una vez que se habla de las controversias que además de la pérdida de la patria potestad pueden ser sustanciales dentro de la vía oral familiar, se adentra al aspecto procedimental, analizando los conceptos de la demanda, los autos que pudieren recaerle a la presentación de ésta, las unidades de apoyo que se crearon dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que sirven de apoyo a las funciones de los juzgados, se visualizan también las formas en las que se clasifica el emplazamiento y los vicios que pudieren existir dentro de su realización, las distintas formas en las que la parte demandada puede dar contestación a la demanda instaurada en su contra, concluyendo con las diversas etapas y fases que conforman a los procedimientos orales, hablando así de audiencia preliminar, la que se lleva ante el juez o la audiencia de juicio que se realizan en la Ciudad de México, o bien, la inicial y la principal que se llevan a cabo en el Estado de México. Es importante mencionar que, además de lo aquí descrito, se enuncia la importancia de las pruebas que resultan procedentes dentro del juicio oral familiar y el objeto que se persigue con su ofrecimiento, la formalidad que se debe seguir para este fin, su preparación y la forma de desahogarlas. Se analizan todas las diversas pruebas que se pueden ofrecer dentro de ambas entidades, concluyendo con lo referente a la sentencia, la forma de ejecución de ésta y los medios de impugnación procedentes. Finalmente, y como parte elemental de esta obra, encontramos todas las promociones presentadas por las partes, así como los autos dictados por el juzgador en un procedimiento de pérdida de la patria potestad llevado a cabo dentro del Estado de México. Como un plus, dentro del presente tomo de la colección, encontraremos, de forma gráfica y sencilla, un cuadro adecuado al procedimiento analizado, en donde se ve una correlación de los códigos civiles y procesales de las 32 entidades federativas que integran al Estado mexicano, con lo que la trascendencia y utilidad de esta obra se asegura, ya que sin importar el lugar de nuestro país en donde sea consultado, se podrá saber qué articulado de la legislación local es el encargado de analizar o describir el procedimiento del juicio especial que nos ocupa.
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