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DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE DECLARACIÓN DE INTERDICCIÓN (11)
  • María del Carmen Ayala Escorza
  • Juan Carlos García Alonso
En este tomo de la Colección de Juicios Especiales, los autores se dan a la tarea de realizar un estudio sobre el procedimiento jurídico para realizar diligencias de jurisdicción voluntaria de declaración de interdicción, no sólo aportando la parte doctrinal que el tema requiere, sino, también, dotan al lector de conocimientos que le ayudarán a conocer y, en su caso, a intervenir y participar de forma idónea en este tipo de procedimiento, sin importar que sean estudiantes de Derecho o abogados consolidados, ya que los autores presentan casos prácticos que brindan una visión directa del papel que debe desempeñar el abogado, dotándolo de herramientas útiles, como la jurisprudencia que se puede citar con la finalidad de crear convicción en el ánimo del juzgador y los formularios que conforman la parte forense de esta obra, la cual no sólo está integrada por todos los escritos de la parte solicitante, que comienzan con el escrito inicial de solicitud, sino, además, muestran los acuerdos que les hayan recaído hasta la sentencia emitida por la autoridad, con la intención de mostrar cómo se pronuncia el juzgador en cada una de las peticiones hechas y, así, estructurar una estrategia de litigio idónea para resolver este tipo de procedimientos. El presente tomo, el número 11 de esta colección, dedicado a las diligencias de jurisdicción voluntaria de declaración de interdicción, en su parte doctrinal aporta conocimientos básicos al lector, cuyo dominio del tema les permitirá hacer el mejor papel cuando tengan la necesidad de intervenir en estas diligencias. Primero, los autores describen los efectos jurídicos que produce la tutela, partiendo de la conceptualización del tema base de este tomo: la interdicción; mencionan cuando se trata de una incapacidad natural o legal, para luego dar paso al significado de la tutela, su naturaleza jurídica, características y los sistemas tutelares, como el que lo considera una institución familiar, el que lo analiza como una institución de carácter público y el que lo describe como un sistema mixto; y cómo es que esta figura del derecho familiar se encuentra regulada dentro del sistema normativo, particularmente en lo que refiere al código sustantivo de la Ciudad de México. Con respecto a la tutela, se hace referencia a quiénes son los sujetos que intervienen en ella, sus derechos y obligaciones, así como quienes no están capacitados para ejercerla; además, se abordan los tipos que existen, como lo es la cautelar, testamentaria, legítima, dativa y la de los menores en situación de desamparo. Más adelante, se continúa con un tema que refiere a las excusas, garantías, desempeño, extinción y entrega de los bienes en la tutela. Por otro lado, se hace un estudio de los órganos que integran a la tutela, describiendo así al curador, al consejo de vigilancia y al juez familiar, sin dejar de pasar por alto la figura de la curatela y el Consejo Local de Tutelas. Después de realizar en análisis doctrinal de los conceptos elementales que tienen que ver con la figura de la interdicción, en este tomo se hace un estudio del procedimiento para decretarla o declararla, es decir, las diligencias de jurisdicción voluntaria (juris vol), partiendo del hecho de que no se tratan de diligencias jurisdiccionales; la forma mediante la cual se clasifican este tipo de procedimientos; los sujetos que intervienen en ellas como lo es el Ministerio Público; la designación del tutor dentro de esta vía, las rendiciones de cuentas que deberá dar y el hecho de que a él se le confiere la capacidad de poder vender, gravar o transigir los bienes de los menores, incapacitados o ausentes; actos que deberán seguir una serie de reglas que se detallan en este tomo. Asimismo, se hace una descripción de los requisitos que debe contener el escrito para solicitar a la autoridad jurisdiccional la declaración de la interdicción y los autos que ésta puede emitir, así como las características que tienen tanto la audiencia de primer reconocimiento como la segunda, con las que se podrán tener elementos suficientes para que el juzgador emita la correspondiente sentencia y cómo este mismo procedimiento puede ser susceptible a que resulte procedente el recurso de apelación. Como ya se mencionó, la parte inicial de esta obra cuenta con un apartado doctrinal que tiene que ver con las diligencias de jurisdicción voluntaria de declaración de interdicción, cuyo conocimiento y dominio es necesario para poder entender este tipo de procedimientos. Realizado todo el análisis doctrinal necesario para la correcta comprensión del tema descrito en este tomo 11 de la Colección de Juicios Especiales, se introduce a la parte procesal necesaria para ejecutar el referido procedimiento, dotando al lector de formularios, como ya se ha descrito con antelación.
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JUICIO DE GUARDA Y CUSTODIA (10)
  • María del Carmen Ayala Escorza
  • Juan Carlos García Alonso
Cuando en una relación de pareja se da un rompimiento o separación, la mayoría de las veces resulta muy complicado para los involucrados, pero estas complicaciones son mayores cuando hay de por medio hijos involucrados, y ahí comienza un camino que puede ser muy incidentado, en primer lugar, por el mismo hecho de la separación y, en segundo lugar, por la importancia que implica la toma de esta decisión, ya que con ella se debe privilegiar el interés superior del menor por sobre cualquier otra cuestión. En razón de lo descrito en el párrafo inmediato anterior es que, en este tomo de la Colección de Juicios Especiales, los autores se dan a la tarea de realizar un estudio sobre el procedimiento jurídico para poder realizar un juicio de guarda y custodia, no sólo apostando la parte doctrinal que el tema requiere, sino que también dotan al lector de conocimientos que le ayudarán a conocer y, en su caso, a intervenir y participar de forma idónea en este tipo de procedimiento sin importar que sean estudiantes de derecho o abogados consolidados, esto mediante la presentación de casos prácticos que le dan al lector una visión directa del papel que debe desempeñar el abogado, dotándolo de herramientas útiles como lo es la jurisprudencia que se puede citar con la finalidad de crear convicción en el ánimo del juzgador, o como los formularios que conforman la parte forense de esta obra, la cual está integrada por todos y cada uno de los escritos presentados por la parte solicitante, que comienzan con el escrito inicial de solicitud, y que además se muestran los acuerdos que a estos les hayan recaído hasta la sentencia emitida por la autoridad, esto con la intención de mostrar cómo el juzgador se pronuncia ante cada una de las peticiones hechas y poder así estructurar una estrategia de litigio idónea para poder resolver este tipo de procedimientos. El presente tomo 10 de esta Colección de Juicios Especiales, dedicado al Juicio de Guarda y Custodia, aporta al lector, en su parte doctrinal, de conocimientos básicos cuyo dominio nos hará alcanzar un control del tema con la finalidad de poder hacer el mejor papel cuando tengamos la necesidad de intervenir en este tipo de procedimientos. Primeramente, esta obra hace un estudio detallado sobre uno de los principios rectores del derecho familiar, como lo es el interés superior del menor, mismo que se deberá velar por parte de padres de los menores y, principalmente, por los órganos jurisdiccionales que intervengan en este tipo de procedimientos, tan es así que, incluso, se hace referencia de la fecha en la que se adicionó este principio en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, además de mencionar los criterios jurisprudenciales que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con este principio. Por otra parte, en este tomo de la colección, se realiza un análisis detallado respecto a otra de las figuras principales del derecho familiar, que nos ayudarán a entender mejor el tema vertebral de esta obra, como lo es la patria potestad, estudiando los efectos respecto de la persona y los bienes de los hijos, la rendición de cuentas de quien los administre, y los supuestos que se deben presentar para que esta patria potestad pueda ser perdida, suspendida o limitada para alguno de los progenitores que la ostenten y, en su caso, la forma en la que puede ser recuperada y cuándo es que se da por terminada. Dentro del capítulo principal que refiere al tema central de este tomo, se realiza la conceptualización de la figura denominada guarda y custodia, así como los efectos jurídicos que conlleva, haciendo un comparativo para poder observar las diferencias que existen entre ésta y la patria potestad, la cual se analizada en un capítulo que le antecede. De igual forma, se menciona y detalla la guarda y custodia provisional, como medida provisional solicitada al inicio de un procedimiento, en el entendido de que es sólo una de las diversas modalidades de guarda y custodia que nuestra actual legislación contempla, ya que también contamos con la unilateral también conocida como exclusiva, la compartida o conjunta y aquella que puede ser ejercida por un tercero. Retomando lo que describe nuestra Carta Magna, se realiza un estudio del porqué el privilegiar el derecho de la madre a ostentar la guarda y custodia sobre el del padre es un acto inconstitucional, ya que difiere sobre el derecho de igualdad, resultando discriminatorio por el género del padre que busca ostentarla. Una vez que se ha definido lo relativo a la guarda y custodia y que dentro de un procedimiento judicial alguno de los progenitores ya ha sido designado para ostentarla, resulta imprescindible analizar una consecuencia legal, como lo es lo referente a las visitas y convivencias que deberá sostener aquel progenitor que no la ostente, hablando incluso del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, en caso de que la autoridad haya considerado que éste es el medio óptimo para que se realicen éstas, siempre velando por el interés superior del menor, y dada la situación que vivimos y gracias a los medios tecnológicos con los que se cuenta actualmente, es posible hablar de convivencias hechas mediante video llamadas, aportando esta obra una descripción detallada de cómo los interesados pueden acceder a la plataforma para que éstas se puedan llevar a cabo. Previo a la designación de quien deberá ostentar la guarda y custodia y a la forma en la cual se deberán llevar a cabo, es parte fundamental del procedimiento la presentación de una propuesta de convenio por parte de la actora y/o contrapropuesta hecha por la demandada, es por esto que aquí se realiza una descripción de cómo se debe estructurar el referido convenio, en donde se deben considerar, incluso, además de lo referente a los alimentos, lo relativo a los gastos extraordinarios que deberá sufragar aquel que esté gozando del derecho de visitas y convivencias cuando los menores se encuentren con él. En este tomo 10 de la Colección de Juicios Especiales, se dedica un capítulo para realizar también un análisis de los derechos de los menores, ya que son estos derechos los que en todo momento guiarían el procedimiento, mencionando, por un lado, las obligaciones que contraen quienes ejercen la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia, esto con fundamento en lo descrito en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y cómo éste cuerpo normativo tiene su fundamento en el numeral 73 de nuestra Carta Magna. Una vez que se ha realizado un estudio minucioso de la parte doctrinal de la guarda y custodia, en esta obra se describe el procedimiento para que se pueda regular, partiendo con los requisitos de forma que se deben observar en la demanda que se va a presentar, así como los documentos que la acompañarán, incluyendo obviamente un estudio detallado de las pruebas admisibles en este tipo de procedimientos, donde nos es posible hablar de la prueba confesional y su diferencia con la confesión judicial y la declaración de parte, la forma en la que se debe ofrecer y preparar y los requisitos de las posiciones que se habrán de desahogar. De igual forma, se analiza otra de las probanzas admisibles como lo es la testimonial, para lo cual se dota al lector de una práctica de interrogatorio de testigos y del procedimiento para interrogarlos, o bien, la forma correcta de realizar la tacha de testigos si fuera el caso. También se analizan otras probanzas como lo son la instrumental de actuaciones, la presuncional y la documental, en donde, además, se describe la clasificación de los documentos que se pueden ofrecer, sin dejar de lado una de las probanzas que pueden llegar a tener gran peso durante el procedimiento como lo es la pericial, de la cual no sólo se realiza su conceptualización, de igual manera se menciona la forma de ofrecerla y admitirla. Finalmente, se describen a las pruebas supervinientes, sus características y viabilidad de procedibilidad. Una vez que dentro de este tomo se ha realizado un estudio de cómo debe ser presentada una demanda, se analizan los diversos autos que le pueden recaer a ésta, continuando con una descripción de la etapa procesal concerniente al emplazamiento. En esta obra se continúa analizando las etapas procesales, por lo que se describen las posibles posiciones que puede adoptar el demandado, hablando así en este tomo de una contestación con allanamiento o excepciones y defensas o, en su caso (y la vista que se le da a la actora para que se pronuncie a este respecto), una rebeldía en la cual pudiere incurrir. Es así que continuando con la parte procesal se hace un estudio de las características que tiene la audiencia de ley, por lo que refiere también a lo relativo a los alegatos y a la sentencia, mencionando los efectos de ésta y los medios para impugnarla y la forma para poder ejecutarla. Por otra parte, esta obra aporta al lector de elementos útiles para su desarrollo profesional, los cuales, en algunos casos, sirven para confirmar el conocimiento adquirido con antelación y en otros para obtener nuevos conocimientos. Este es el caso del glosario que acompaña al presente tomo, con el cual la descripción de los conceptos que ahí se concentran, permiten conocer y emplear con precisión el lenguaje jurídico. Al ser la guarda y custodia una figura de vital importancia dentro del derecho familiar, todas y cada una de las 32 entidades que integran al país la regulan, razón por la cual los autores se han dado a la tarea de acompañar a este tomo con una correlación de los códigos sustantivos y adjetivos de estas entidades. Como ya se mencionó en su parte inicial, esta obra cuenta con la parte doctrinal que tiene que ver con la guarda y custodia, cuyo conocimiento y dominio es necesario para poder así entender este tipo de procedimientos, es decir, el juicio de guarda y custodia. Realizado todo el análisis doctrinal necesario para la correcta comprensión del tema descrito en este Tomo 10 de la Colección de Juicios Especiales, se introduce a la parte procesal necesaria para poder realizar el referido juicio de guarda y custodia, dotando al lector de formularios como ya se ha descrito con antelación.
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DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR (9)
  • María del Carmen Ayala Escorza
  • César García Rodríguez
Una de las preocupaciones que constantemente aquejan al entorno familiar es la búsqueda de la estabilidad económica y la certeza de contar con medios suficientes para subsistir, de ahí la importancia de poderse allegarse de medios que lo garanticen, así como de conocer el procedimiento por el que, a través de una resolución judicial, sirva para obtenerla. En razón de lo descrito en el párrafo anterior es que en este tomo de la Colección de Juicios Especiales, los autores se dan a la tarea de realizar un estudio sobre el procedimiento jurídico para constituir de manera voluntaria el patrimonio familiar, no sólo apostando a la parte doctrinal que el tema requiere, sino, también, dotan al lector de conocimientos que le ayudarán a conocer y, en su caso, a intervenir y participar de forma idónea en este tipo de procedimiento, sin importar que sean estudiantes de Derecho o abogados consolidados. Lo anterior se aprecia con la presentación de casos prácticos que otorgan, al lector, una visión directa del papel que debe desempeñar el abogado, dotándolo de herramientas útiles como la jurisprudencia que puede citar para crear convicción en el ánimo del juzgador, así como con formularios que conforman la parte forense de esta obra, la cual no sólo está integrada por todos y cada uno de los escritos presentados por la parte solicitante, a partir del escrito inicial de solicitud, sino, además, muestra los acuerdos que les hayan recaído e, incluso, la sentencia emitida por la autoridad, cuya intención es mostrar cómo el juzgador se pronunció ante cada una de las peticiones hechas y, así, estructurar una estrategia de litigio idónea para resolver este tipo de procedimientos. Por otra parte, esta obra aporta elementos útiles para que el desarrollo profesional del lector, que servirán para confirmar la epistemología adquirida y, en otros, para obtener nuevos conocimientos, este es el caso del glosario que acompaña al presente tomo, con el cual la descripción de los conceptos que ahí se concentran permiten conocer y emplear el lenguaje jurídico con precisión. El patrimonio familiar, al ser una institución de interés público, es regulado por cada una de las 32 entidades que integran al país, razón por la que los autores se han dado a la tarea de acompañar este tomo con una correlación de los códigos sustantivos y adjetivos de dichas entidades. Como ya se mencionó, el primer apartado de esta obra cuenta con la parte doctrinal, que tiene que ver con la constitución voluntaria de patrimonio familiar, comenzando con figuras jurídicas, cuyo conocimiento y dominio es necesario para entender este tipo de procedimientos. Es así que se parte de un análisis detallado de la familia, que incluye su conceptualización tanto por los autores como por lo manifestado por destacados juristas del derecho, así como los elementos, instituciones y sujetos que jurídicamente la integran, incluso menciona las particularidades que existen cuando una familia se fundamenta en dos personas del mismo sexo y la razón por la que el patrimonio familiar se considera de orden público dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, que además lo dota de una naturaleza jurídica particular y una autonomía peculiar que le está dada por los diversos criterios que aquí se mencionan, como lo es el legislativo, científico, didáctico, jurisdiccional, institucional y procesal. Al hablar de patrimonio, resulta indispensable hacer referencia a los bienes adquiridos por los integrantes de la familia, es por esto que este tomo también aborda lo conducente a la teoría jurídica de los bienes, describiendo el concepto de bien y la distinción que existe con la cosa, haciendo, también, un análisis detallado de las distintas clasificaciones de bienes que existen, como los corpóreos, incorpóreos, consumibles, no consumibles, fungibles, no fungibles, mostrencos, vacantes, principales, accesorios, divisibles, indivisibles, singulares, universales, simples, compuestos, presentes, futuros, muebles, inmuebles, del dominio público y los que son propiedad de los particulares. Después del análisis descrito, los autores se dan a la tarea de analizar y describir de manera general lo referente al patrimonio, abordan su etimología, definición y elementos que lo conforman, así como las teorías que lo describen; después, realizan un detallado estudio del tema vertebral de la obra, es decir, el patrimonio de familiar, hacen mención de los efectos jurídicos que conlleva su constitución, quiénes pueden hacerlo y cuál es el monto requerido para poder constituirlo, o bien para extinguirlo o disminuirlo. Realizado el análisis doctrinal para la correcta comprensión del tema que se aborda en el tomo 9 de la Colección de Juicios Especiales, la obra conduce a la parte procesal para, de forma voluntaria, constituir el patrimonio familiar, por lo que comienza con la determinación de la autoridad idónea para conocer y dar trámite a la solicitud presentada, ya que este tipo de procedimientos se lleva a cabo por medio de diligencias no jurisdiccionales o jurisdicción voluntaria; después, da paso al análisis de los diversos autos que le pueden recaer al escrito de solicitud; además, enlista los sujetos que intervienen en estos procedimientos y las consecuencias de que las determinaciones de éstos no estén firmados, así como las características con las que cuenta la audiencia de juicio que contempla el procedimiento; y, por último, describe cuándo resulta procedente el recurso de apelación.
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DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE LA ACREDITACIÓN DE CONCUBINATO Y DEPENDENCIA ECONÓMICA (8)
  • María del Carmen Ayala Escorza
  • Juan Carlos García Alonso
Si bien es cierto que el matrimonio le da “estabilidad y certeza” a las parejas que lo contraen, no todos buscan llegar a concretar ese compromiso ante el Registro Civil, ya que quieren conservar su estado civil de solteros, es aquí donde la figura del concubinato encuentra su razón de ser, pero en esta unión no se puede dejar de lado el hecho de que al igual que el primero produce efectos jurídicos, de ahí la importancia de contemplar dentro de esta Colección de Juicios Especiales un tomo dedicado al concubinato. En este tomo conoceremos aspectos de vital importancia que van desde la forma en la cual se conceptualiza de forma legal a esta figura jurídica, así como los requerimientos o elementos de existencia y características legales para poder configurarla. Un aspecto importante que se debe considerar desde el inicio del desarrollo de este tema, es entender las diferencias que existen entre el concubinato y el matrimonio, es por eso que se desarrolla incluso un cuadro comparativo en el cual se visualizan estas, basado en lo descrito en el código sustantivo de la materia. Otro aspecto de gran relevancia es el hecho de contemplar en este tomo la diferencia que existe entre la figura principal (el concubinato) y el amasiato. Durante el desarrollo de esta obra, veremos aspectos importantes como el marco jurídico del concubinato, que contempla tanto la regulación internacional regulada por la misma Asamblea General de la Naciones Unidas como lo estipulado por el derecho interno, iniciando con la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ya se mencionó, uno de los temas de mayor importancia es conocer la forma mediante la cual se constituye o acredita legalmente el concubinato, haciendo énfasis en el tiempo de convivencia que debe pasar sin que haya existido interrupción alguna, o bien, el hecho de haber procreado un hijo juntos. Dentro de la normativa de la Ciudad de México se contempla el hecho de poder acreditar el concubinato ante el Registro Civil local, que podrá emitir una constancia de declaratoria de existencia de concubinato. Si resulta importante conocer los requisitos para poderlo configurar, también lo es el saber los efectos jurídicos que esta unión produce, hablamos así de derechos y obligaciones que contraen los concubinos, los cuales no sólo los involucran a ellos, sino que alcanzan a los hijos que hayan procreado juntos. Uno de los supuestos que se tienen que configurar para que se constituya el concubinato que ya mencionamos, es el hecho de que dentro del mismo se hayan procreado hijos, pero en múltiples ocasiones esto no sucede y los concubinos no logran concebirlos, pudiendo acceder en todo momento a la adopción. Otro de los temas que contempla esta obra es la relación que existe entre los bienes y derechos sucesorios y el concubinato, así como las implicaciones respecto a los terceros. Así como en el matrimonio se cuenta con la figura del divorcio que da fin a esta unión, resulta imprescindible conocer los supuestos que se pueden presentar para poder dar por terminado el concubinato. Una vez hechas las anotaciones doctrinales que se han mencionado en el presente tomo de la Colección de Juicios Especiales, en la obra se describe el procedimiento para poder acreditar ante la autoridad judicial el concubinato, lo cual se realiza mediante una jurisdicción voluntaria, no sin antes describir las características de estas diligencias, su clasificación, los sujetos que intervienen, así como el recurso de apelación, que es el único viable dentro de nuestra legislación, sin dejar de mencionar que este tipo de procedimientos para acreditar el concubinato y la dependencia económica, son resueltos dentro de la Ciudad de México por la vía oral familiar. Todo lo anteriormente mencionado se desarrolla dentro de esta obra en los diversos capítulos que la integran; además, al término de cada uno de estos se encuentra un resumen, cuya finalidad es poder reforzar conocimientos o, incluso, ubicar o recordar datos importantes con respecto a la figura del concubinato. Como es característico de cada uno de los tomos que integran esta colección, se cuenta con una práctica forense que servirá al lector para poder acceder no sólo a formularios que podrá usar como guía para promover dentro de un procedimiento de acreditación de concubinato y dependencia económica, sino que también podrá ver los autos que le pudieron recaer a dichas promociones, con lo que se puede analizar el criterio emitido por el juzgador desde la presentación del escrito inicial hasta la sentencia que este emite. Otro aspecto de relevante importancia es que, en este tomo, se dota al lector de un glosario que le será útil para comprender cualquier concepto jurídico aplicable. Y, para concluir con la descripción de esta obra, resulta importante señalar que también se cuenta con una correlación entre los códigos no sólo de la Ciudad de México con el Estado de México, sino que esta figura jurídica y su procedimiento está correlacionado con todas y cada una de las entidades que integran nuestro país.
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JUICIO DE NULIDAD DE MATRIMONIO (7)
  • María del Carmen Ayala Escorza
  • Juan Carlos García Alonso
  • Cristian Fernando Granados Montiel
La institución del matrimonio es uno de los pilares principales dentro de la sociedad, por ende, es una institución de tipo social que da inicio a la familia, la cual, al estar correctamente constituida, provoca un vínculo conyugal entre la pareja que la integra. Esta unión es reconocida por la sociedad por medio de ordenamientos jurídicos, o incluso, por los usos y costumbres —la fuente creadora de derechos y obligaciones— que han de regir su comportamiento y que varían dependiendo de la sociedad donde se constituya. Con el matrimonio se legítima la filiación de los hijos, ya sean los procreados o los adoptados. El matrimonio, desde el punto de vista doctrinal, puede ser analizado por diversas vertientes, pues se considera como una institución, como un contrato, como un acto condición, como un estado civil o como un acto jurídico mixto que tiene finalidades específicas y requisitos que deben ser cubiertos, es por esto que los coautores nos hemos dado a la tarea de conceptualizar al matrimonio, detallando los requisitos para contraerlo e incluimos los formularios que se deberán llenar para que pueda proceder dentro del Registro Civil —de la Ciudad de México—, incluyendo los costos que se deberán pagar por los derechos, lo anterior con base en la página del Registro que se menciona en el texto, en donde también se hace la referencia de la forma de poder tramitar el certificado de no registro de deudor alimentario moroso que se deberá presentar como una de las documentales requeridas para la tramitación, así como los formatos mediante los cuales los contrayentes deberán manifestar el régimen patrimonial que habrá de regir el matrimonio. Al tratarse de una institución de vital importancia social que tiene consecuencias y efectos específicos entre los cónyuges para con los hijos, y sobre los bienes que formarán el patrimonio familiar, la regulación debe ser también estricta, por lo tanto, la legislación prevé impedimentos para que el matrimonio se lleve a cabo. Si bien es cierto, en nuestros ordenamientos jurídicos se determina la correcta formalidad a la que debe apegarse el matrimonio, sin embargo, no queda exenta de cometer errores que la lleven a incurrir en una nulidad de acto jurídico, es aquí en donde nace la importancia y trascendencia de la creación del presente tomo dedicado a la nulidad de matrimonio. En esta obra se contempla la existencia de dos tipos de nulidades: una nulidad absoluta y una nulidad relativa; la primera es imprescriptible, inconfirmable, e incluso, susceptible de ser intentada por cualquiera que pudiera interesarle; la segunda se presenta cuando ocurre alguno de los impedimentos que especifica la legislación de la materia. Para poder ejercitar la acción de nulidad de matrimonio está se podrá realizar por cualquiera de los cónyuges, los ascendientes de estos, y también pueden ejercitar la acción el Ministerio Público. Además, se contemplan los efectos provisionales y definitivos que desencadena la referida nulidad de matrimonio. La naturaleza de esta Colección de Textos Jurídicos es, principalmente, la práctica forense de la materia que ayudará al lector a conocer la forma idónea de tramitar un procedimiento de nulidad de matrimonio, conociendo desde las generalidades, los efectos jurídicos que al decretarse pueden alcanzar, los elementos que se deben considerar para poder designar la jurisdicción y la competencia que lo regirá, en el entendido que para la Ciudad de México el juez competente para conocer de este tipo de asuntos será un juez de proceso oral familiar. Se contemplan todas las etapas y fases que integran un procedimiento de nulidad de matrimonio, iniciando por los requisitos de formalidad que contendrá la demanda, el tipo de auto que pudiera recaerle —admisión, prevención, o desechamiento—, dependiendo de la idoneidad del escrito presentado, se habla también del emplazamiento consecuente a la admisión de la acción presentada, el cual tiene —para la Ciudad de México— una característica muy particular —ya que nos encontramos con que a diferencia de los procedimientos ordinarios en el Tribunal Superior de Justicia de esta entidad—, es decir, se cuenta con Unidades de Apoyo que auxilian a los juzgados en materia oral familiar —hablamos de la Unidad de Gestión Administrativa y de la Central de Comunicaciones Procesales, las cuales se encargarán de materializar las cédulas de notificación y de realizar las diligencias de emplazamiento, por lo que se reducirá, de manera considerable, el tiempo para concluir esta etapa procesal—. Además, se analiza la forma en la que se puede clasificar el emplazamiento y los vicios que se pudieren presentar. También se habla de la formalidad y requerimientos que se deben reunir para poder dar contestación a la demanda presentada, el sentido en que se puede hacer (el allanamiento, la confesión o, en su caso, irse en rebeldía), así como de la posibilidad de oponer defensas y excepciones, incluso, hacer valer el derecho de interponer una reconvención. Las etapas procesales que rigen el procedimiento contempla una audiencia preliminar, en donde también se señala en cada una de las fases que las integran, hablando de una depuración de procedimiento, revisión y aprobación de convenio —cuando se haya presentado—, la posibilidad de conciliar, la aprobación o desapruebo sobre hechos no controvertidos o probatorios, la resolución de medidas provisionales que hayan quedado pendientes, la forma mediante la cual se deberá realizar el estudio sobre la admisión y perfeccionamiento de las pruebas ofrecidas por las partes y su posible objeción, contemplando a las pruebas supervinientes. Por lo que respecta a la audiencia de juicio, tiene como finalidad la de desahogar las probanzas ofrecidas, las cuales pueden ser la declaración de parte, la declaración de testigo —estas dos pruebas tienen características especiales, pues dentro de los procedimientos ordinarios se denominan como confesional y testimonial—, cuya forma de estructurar el interrogatorio y desahogo será igual que en los procesos orales civiles y mercantiles, es decir, con preguntas abiertas; las documentales tanto públicas como privadas, las periciales que resultaren necesarias para la correcta resolución que dictará el juzgador, las pruebas presuncionales —legales y humanas—, y la instrumental de actuaciones. Casi para concluir con el razonamiento de las etapas procesales, se describe lo relativo a los alegatos, tanto los de apertura como los de cierre, concluyendo las multicitadas etapas con el acto procesal por excelencia emanado por el órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta su decisión sobre el acto jurídico que le fue presentado, es decir, la sentencia, misma que tiene efectos específicos. Característica importante de la Colección es la práctica forense, cuya función es servir al lector como acercamiento a los formularios, los cuales podrá usar como guía para promover dentro de un procedimiento de nulidad de matrimonio, además de observar los autos que le recayeron a dichas promociones, con lo que se puede analizar el criterio emitido por el juzgador desde la presentación del escrito inicial hasta la sentencia que este emite. Otro aspecto relevante es que contiene un glosario con el que el lector se apoyará para comprender cualquier concepto jurídico aplicable. Y para concluir, referente a esta figura jurídica y su procedimiento, resulta importante señalar que se cuenta con una correlación entre los códigos de todas y cada una de las entidades que integran nuestro país —no sólo el de la Ciudad de México y el del Estado de México—.
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ABC DE LA REFORMA ENERGÉTICA
  • Esteban Gilberto Arcos Cortés
Este libro surge con la firme idea de ayudar a los ciudadanos mexicanos en la difusión de la reforma energética, pues consideramos que una sociedad que ignora sus cambios no reconocerá sus oportunidades. La reforma modifica todos los antecedentes en materia de energía del país, creando y cambiando instituciones, por ello, la necesidad de transmitir con un lenguaje ciudadano los diversos cambios y la nueva manera de trabajar el tema. El libro está dividido en tres tópicos principales: el primero de ellos es un esbozo de los antecedentes de la reforma constitucional en materia de hidrocarburos, con la finalidad de dar a conocer el origen de la transformación energética y su nueva normatividad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013; en el segundo apartado conocerá las leyes que surgen como consecuencia natural de la reforma energética y que serán la base de la implantación de la nueva reforma; en el tercero se revisa la naturaleza jurídica y las atribuciones de las nuevas instituciones denominadas órganos reguladores en materia energética.
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PRINCIPIOS Y GARANTÍAS EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO
  • Leonardo Pereira Meléndez
Es difícil para un venezolano escribir sobre el proceso penal de un país extranjero consciente del naufragio en el cual se convirtió el de su país. Pues bien, Leonardo Pereira Meléndez acometió esa tarea y al leer su obra Principios y garantías en el sistema penal mexicano me persuadí de que logró con éxito una explicación que no por sencilla carece de profundas reflexiones y de abundantes referencias bibliográficas y jurisprudenciales sobre el proceso penal mexicano, con vista en la nueva legislación. Otra de las virtudes de la obra de Pereira Meléndez es la de intercalar en el texto, en el trascurso de sus claras explicaciones, las disposiciones constitucionales y del Código Nacional de Procedimientos Penales mexicanos relacionadas con el tema que va desarrollando. La obra está dividida en dos partes, una referida a los “Principios y garantías constitucionales y procesales en la legislación mexicana”, que a su vez se subdivide en dos capítulos, a saber: “Principios y garantías constitucionales y procesales en la legislación mexicana” y “Garantías básicas en el proceso penal”. La segunda parte se dedica a “Los derechos humanos en el proceso penal”. Como se constata, es un recorrido tanto constitucional como de la legislación procesal subalterna sobre el proceso penal en México, sin olvidar, y dándole gran importancia, a los derechos humanos conectados con el sistema penal, base fundamental de una legislación penal que auténticamente responda a las exigencias de un régimen democrático. El recorrido es amplio y profundo, sólo me referiré a algunos aspectos que a mi entender son de vital importancia, fundamentalmente para alertar a nuestros apreciados procesalistas mexicanos de los peligros que se corren con reformas procesales cuando no hay bases sólidas para una implementación institucional del sistema y una completa formación de aquellos profesionales del derecho que la llevarán a cabo. Con profundo pesar lo escribo por haber sido uno de los corredactores del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de Venezuela: en mi país no se tuvo ese cuidado. Apenas entró en vigencia el COPP, en el año 1999, llegó al poder político el oficialismo que aún se mantiene en él. El Centro de Implementación del COPP (CICOPP), que venía funcionando desde 1996 —aun antes de entrar en vigencia dicho Código—, en la población de San Antonio de los Altos cerca de Caracas, con el objeto de adiestrar a los jueces en el sistema acusatorio oral, fue desmantelado. Por otra parte, los jueces penales con experiencia y con cierta formación en las reformas que se avecinaban fueron destituidos así como los otros jueces en las diferentes ramas del derecho, con el propósito de poner en su lugar abogados con una ideología propia de la corriente del pensamiento que prevalecía en el gobierno y que aún prevalece después del transcurso de 20 años. Lo anterior es proclamado sin rubor alguno por personeros del régimen y hasta por Magistrados del Tribunal Supremo, pues la “justicia” debe servir a la “revolución”. El juicio penal, en principio, debe realizarse en libertad del imputado, que lo es desde el mismo momento en que se le investiga. Cualquier acción de investigación de los órganos policiales o del Ministerio Público hacen de la persona a la cual va dirigida un imputado a quien debe seguírsele el juicio en libertad. Sólo puede excepcionarse este principio por razones procesales: peligro de que el imputado se sustraiga de la justicia o bien que haya suficientes elementos de convicción de que podría obstaculizar el proceso o pudiera destruir evidencias. Por tanto, la suspensión de esta garantía del juicio penal en libertad no está relacionada con la gravedad del delito cometido, puesto que al procesado lo protege la presunción de inocencia: no podrán deducirse de la simple imputación consecuencias que lleven al enjuiciado a prisión, a menos que se produzca una de las dos circunstancias procesales aludidas. Se concluye entonces que la detención preventiva no tiene como base el derecho penal sustantivo, sino el derecho penal procesal. Por lo anterior, debe guardarse estrictamente la regla de que la detención preventiva sólo se podrá producir si se sorprende en flagrancia al presunto autor del hecho o bien si se dicta una detención judicial. Los aspectos aludidos deben conectarse de la siguiente manera: el principio es que el juicio se siga en libertad, libertad que fue interrumpida al ser sorprendido en flagrancia el imputado (debe recordarse que es imputado desde el primer acto de investigación del cual sea objeto, como su detención), pero en este caso no debe extenderse la detención si no se presentan las dos razones procesales antes detalladas: peligro de fuga u obstaculización del proceso, el juez, por tanto, debe ordenar la detención judicial sólo si se da alguna o las dos condiciones aludidas. Este es el ideal garantista de un proceso penal, pero en contra de él conspiran prejuicios que comparten inclusive operadores de justicia en relación, por ejemplo, con la peligrosidad del sujeto por el delito imputado, aun cuando lo proteja la presunción de inocencia hasta la producción de una sentencia condenatoria. Por esta vía se “colean” en la legislación razones de derecho penal sustantivo, como es la “presunción del peligro de fuga” tomando en consideración la gravedad del delito imputado. A quienes les extraña esta posición por ser “extremadamente garantista”, podría citarles como ejemplo el famoso juicio seguido al deportista y actor de cine O.J. Simpson, en los Estados Unidos de América, a quien, habiéndosele atribuido los homicidios de su esposa y de su presunto amante, llegaba diariamente al tribunal que lo juzgaba por sus propios medios, pues no estaba en prisión preventiva sino en libertad condicional, de acuerdo con el principio de la presunción de inocencia. Todos estos diques de contención en contra del poder punitivo arbitrario del Estado han sido derribados por la práctica forense venezolana: la policía detiene sin que medie que se haya sorprendido en flagrancia a la persona o que haya una orden judicial previa. Es más, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas decisiones por desgracia son vinculantes (lunar de la Constitución de 1999 que violenta el principio de la autonomía de la función del juez), en sentencia del 19 de marzo de 2004 (expediente 03-0180) dictó una resolución que violentaba este principio. El hecho consistió en que una persona a quien detuvo la policía sin haber sido sorprendida en flagrancia, circunstancia que se probó indubitablemente, fue amparada por la Corte en el sentido de que debía ser juzgada en libertad. Sin embargo, en contra del debido proceso, la Sala Constitucional resolvió que la detención cumplía con los requisitos legales y revocó la orden de libertad. En el motivo de tan desafortunada decisión de la Sala Constitucional del TSJ se lee lo siguiente: “las presuntas violaciones constitucionales cometidas por los organismos policiales se suspenden con dicha orden”. Para la Sala Constitucional, no importaron las condiciones de la detención del imputado: lo importante fue que hubo una decisión judicial al respecto, a pesar de que esta decisión fue basada en un falso supuesto: que la detención se había producido en flagrancia. Esta decisión es la base de la actuación policial, razón por la cual todas las normas dirigidas a preservar el principio de libertad dentro de las garantías propias del sistema procesal penal previstas tanto en la Constitución como en el COPP quedaron como letra muerta. Y al ser una sentencia vinculante, se convirtió en la base de las decisiones de los tribunales al respecto: ante la solicitud de revocación de una detención ilegal por parte de los órganos policiales, convalidada erróneamente por el juez de control, se antepone la sentencia de marras sin ningún otro argumento y se lleva el juicio en detención del imputado. El principio del enjuiciamiento penal en libertad tiene muchos detractores, en donde principalmente se encuentra la opinión pública orientada por las campañas de los medios de comunicación. Entonces el juez debe armarse de entereza para defender con determina ción los principios que orientan el debido proceso penal. El foro mexicano debe tener sumo cuidado en preservar esta máxima de libertad del imputado durante el juicio, a fin de evitar que se convierta en una fórmula vacía como sucedió en Venezuela. Hay autores que afirman que la oralidad es un principio, sin embargo, Alberto Binder no lo califica así; la considera “un mecanismo previsto para garantizar ciertos principios básicos del juicio penal. En especial, ella sirve para preservar el principio de inmediación, la publicidad y la personalización de la función judicial”. Agrega luego en su obra Introducción al derecho procesal penal que se debe diferenciar muy bien lo que es un instrumento de lo que es un principio. “La oralidad es un instrumento, un mecanismo; la inmediación o la publicidad son principios políticos y garantías que estructuran al proceso penal”. He llamado a la oralidad “la madre oralidad”, pues este mecanismo procesal hace posible la existencia de los principios básicos del juicio penal. Ya Binder aludió a la inmediación y a la publicidad, pero también la concentración es posible en un juicio oral, así como la personalización judicial. Sería imposible que un juicio escrito se realizara en una audiencia o en el menor número consecutivo de ellas, como también que sólo el juez que recibió la prueba en la audiencia oral y pública sea el sentenciador, no otro, sustitución que se hace posible en el juicio escrito, con el cúmulo probatorio contenido en el expediente que se pondría a su orden. Debe guardarse celosamente esta característica, pues sin ella se desdibuja el sistema acusatorio oral. Es natural que este tipo de proceso contenga actos formulados por escrito: la acusación, la sentencia, las órdenes y boletas de detención o de citación, las experticias, serían algunos de ellos. Pero lo que no permite cambio es la naturaleza oral de la audiencia pública, es decir del juicio. Todo lo realizado antes de la audiencia oral son actos preparatorios para su realización, y todo lo que acaezca posteriormente es consecuencia de lo que en ella se decida. La médula del juicio penal es la audiencia oral, pues allí es que se presentan los elementos de convicción para condenar o para absolver, es el juicio. Pues bien, ha de tenerse sumo cuidado en que en el proceso penal mexicano no se presente la desnaturalización del instrumento de la oralidad que se ha producido en Venezuela. Es común que los expertos no asistan a la audiencia oral y el contenido de sus experticias se conozcan con la lectura de sus resultas por la parte interesada o por un funcionario del tribunal. Se ha llegado al despropósito de que la audiencia oral se realice sin la presencia del juez, dándole a la oralidad en esta audiencia un carácter eminentemente formal que pudiera desecharse con la firma de las partes, como si se hubiera realizado. A veces ello se efectúa sin la presencia del juez, sino de algún funcionario subalterno. Ese acto solemne, colmado de elementos probatorios: testigos y expertos, así como de alegatos y contraalegatos de las partes, se convirtió en los casos extremos de su impostura, que no son escasos, en un acta que de común acuerdo redactan las partes y la suscriben, con frecuencia con la ausencia del juez. Creo que con el examen de estas dos características significativas del proceso penal y con lo anotado en el sentido de su desnaturalización en la práctica forense en Venezuela he cumplido con el propósito de este prólogo que a la vez de presentar la obra de Pereira, tiene como objetivo alertar a quienes pondrán en práctica el sistema acusatorio oral en México de los peligros que se corre si no hay una seria formación de los operadores de justicia. La obra de Leonardo Pereira Meléndez será de mucha utilidad tanto en las aulas universitarias como en los foros mexicanos. Orientará a quienes se forman como abogados y a aquellos que ejercen la profesión en el ámbito penal.
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