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El primer medio de defensa legal con el que cuentan los particulares ante los actos y resoluciones ilegales de la Administración Pública Federal son los recursos administrativos, mismos que son resueltos por las propias autoridades administrativas, quienes generalmente no actúan con la imparcialidad necesaria para llegar a considerar que su propio acto o el acto del inferior sea ilegal, siendo por ello que las legislaciones de diversos países, incluyendo el nuestro, se han visto en la necesidad de crear un medio de control jurisdiccional sobre los actos de la administración pública, surgiendo así el juicio contencioso administrativo, también conocido como juicio de nulidad. Luego entonces, el juicio contencioso administrativo puede ser definido como aquel que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con la finalidad de resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la administración pública en virtud de los actos emitidos por esta última, debiéndose considerar como un proceso administrativo y no un procedimiento administrativo a pesar de estar regulado por la denominada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Debemos recordar que en términos de la tradición y doctrina del Derecho Administrativo el procedimiento administrativo es el conjunto de actividades que realiza la autoridad administrativa para emitir un acto de igual naturaleza; mientras que el proceso administrativo es el conjunto de actos tendientes a resolver una controversia suscitada entre el particular y la autoridad administrativa, motivada por un acto de esta última en el cumplimiento de sus atribuciones; es por ello, que atentos a los razonamientos señalados, hemos decidió titular la presente obra: El Proceso Contencioso Administrativo Federal.

La finalidad de esta obra es aportar los fundamentos necesarios para una adecuada comprensión del régimen jurídico municipal, para ello el desarrollo del presente estudio toma como base el orden de las disposiciones establecidas en el articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el análisis de los aspectos políticos, administrativos y fiscales del Municipio, así como las diversas legislaciones que lo rigen y las relaciones interinstitucionales que establece día a día con otras dependencias y entidades de la Administración Publica Municipal, Estatal y Federal. En primer término se define al Municipio abordando las teorías sobre su origen y sus elementos constitutivos, además de la tan debatida autonomía municipal. Posteriormente se realiza un recorrido histórico del Municipio, destacando su evolución en Roma, la Edad Media y España, para continuar abordando lo sucedido en nuestro país a través de los diversos ordenamientos constitucionales que lo han regido. La existencia del Derecho Municipal como rama autónoma de Derecho Público sigue siendo cuestionada por diversos autores, no obstante ello —y plenamente convencido de su existencia— en el tercer capítulo desarrollamos varios temas relativos a su objeto de estudio, fuentes, división y relaciones con otras ramas del Derecho y otras ciencias.

La actividad compartida entre la academia y el litigio que hemos venido desempeñando por muchos años, nos ha permitido tomar y a la vez impartir diversos cursos, diplomados y conferencias dentro y fuera del país, lo que sin duda ha enriquecido en mucho el conocimiento adquirido, sobre todo al compartirlo con grandes exponentes y aprendices del tema. La materia penal ha sido siempre mi pasión, porque además de permitirme estar diariamente frente al grupo universitario impartiendo cátedra relativa al tema, me da la oportunidad de litigar asuntos en los tribunales defendido las causas encomendadas. Esta maravillosa combinación nos ha permitido crear habilidades en el manejo de las técnicas en el litigio, propias del sistema de Justicia Penal y Oral, que vale la pena compartir con los lectores, de ahí que hoy tengamos la oportunidad de plasmarlas en esta obra.

La comprensión, estudio y forma de operar del juicio de amparo, históricamente ha requerido un compromiso especial por parte de sus estudiosos, donde en especial los postulantes se encuentran obligados a vincularse en su ejercicio y reconocimiento de las diferentes instituciones jurídicas procesales. Los servidores públicos quienes prestan sus servicios a favor de dichos tribunales, lo hacen de forma obligada, al encontrarse constreñidos a resolver las diferentes promociones ejercidas por las partes, de ahí la necesidad de valorar y comprender de mejor forma su operatividad. No es óbice a lo anterior, la necesidad dispuesta para los apasionados del Derecho Procesal, de tener que entender ahora los cambios dispuestos por la presente Ley de Amparo, la cual técnicamente siempre ha sido más complicada, al ser siempre diferente a todas las demás, pero tampoco es de temer, porque una vez propuesto su estudio es dar cuenta, la actualización del contenido de la antigua Ley de Amparo, con la jurisprudencia hasta la fecha existente, con lo cual dicha ley se actualizó, de acuerdo a la jurisprudencia generada. La jurisprudencia en una fuente formal del Derecho, y es en la praxis, la única fuente objetiva encargada de integrar a la ley, pues al nacer la norma sufre una serie de deficiencias y requiere de ser completada, esa es la principal característica que mantiene el Derecho Positivo para México. La actual Ley de Amparo, al surgir a la vida jurídica abroga a la vez a toda la jurisprudencia que se mantenía vigente, por lo cual no es adecuado argumentar sobre su contenido, no obstante lo anterior, la presente ley, al emitirse discurre infinidad de precedentes y jurisprudencias abrogadas, pero necesarias para regular el contenido de la actual Ley de Amparo, por ello es de estimarla en el presente análisis al estar corroborados los contenidos de muchas de ellas, encargadas de darle interpretación y convicción a sus diferentes señalamientos, aunque la actual ley, en base a la jurisprudencia a emitir, le hará determinar su consistencia a futuro.

Los cambios en nuestra sociedad moderna se han ido acrecentando día con día en el siglo XXI, en ese tenor, nos hemos percatado que las revoluciones ya no son sólo armadas, sino que la revolución en la actualidad se nos presenta en forma de “re-evolución” ideológica, de principios, de idiosincrasias, de modelos económicos y de sistemas jurídicos, entre otros. En nuestro país, en el año 2001 —a propósito del primer régimen presidencial del Partido Acción Nacional—, y en reforzamiento a la “cooperación incondicional” con los Estados Unidos de Norteamérica, se comenzó a gestar una transformación al “control social punitivo institucionalizado”, mejor conocido como sistema de justicia penal, con el establecimiento de tres grandes pilares: Plataforma México (Pública, 2008)1, Iniciativa Mérida2 (A.C., 2008) y el ASPAN

En el presente trabajo se pretende aportar algunos elementos generales teórico-prácticos que permitan entender los elementos sustantivos que integran el nuevo modelo de reinserción social que se refiere en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se encuentra íntimamente relacionado con el contenido de los artículos primero, 21 y demás relativos de nuestra Carta Magna, que fueron actualizados con un espíritu progresista en la reforma constitucional del mes de junio del año 2008 y del mes de junio del año 2011, la primera relacionada con la instauración de un nuevo modelo penal en nuestro país de tipo acusatorio y adversarial y la segunda con la modernización y concordancia de las disposiciones jurídicas vigentes en materia de derechos humanos con los instrumentos jurídicos internacionales en la materia de los que México es parte.

El presente libro surge por la preocupación que los autores compartimos acerca de las posibilidades que tenemos en América Latina para hacer que los derechos sociales (también llamados derechos económicos, sociales y culturales; a lo largo del libro se utilizarán de forma indistinta ambas denominaciones), sean efectivos en la práctica . Estamos convencidos de que si somos capaces de hacer de tales derechos una realidad para todos los habitantes de nuestra región, la calidad de vida de las personas se elevará notablemente. Los derechos sociales son una especie de condición necesaria para que se realice plenamente el principio de dignidad humana, pues a partir de ellos cada persona cuenta con una esfera de protección que le permite tomar las mejores decisiones sobre el sentido y significado de su existencia.