BUSCAR LIBRO

Es incuestionable que nos ha tocado vivir una etapa de gran desarrollo y transformación del derecho. En ese aspecto evolutivo se han modificado gran cantidad de normas en nuestro sistema jurídico mexicano, y entre esas normas se encuentra la materia penal. La reforma constitucional del 18 de junio del 2008, trajo consigo la implementación de un nuevo sistema de justicia penal, y por ende, la creación de nuevas leyes que reglamentaran dicho proceso acusatorio, que se caracteriza por ser eminentemente garantista. De ente los artículos reformados en esa fecha, se encuentra el artículo 20 constitucional, mismo que se divide en tres apartados. En el apartado A, los principios rectores del sistema; en el B, los derechos del imputado y en el C, los derechos de la víctima u ofendido. Mientras que con fecha del 5 de marzo del año 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es de aplicación y observancia obligatoria para toda la república. Dentro del artículo 20, apartado B, denominado “De los derechos del imputado”, se precisa en la fracción II el derecho de éste a no declarar o guardar si- lencio; derecho humano limitado exclusivamente a la palabra hablada de una persona sujeta a proceso,pero olvidando extender esa protección para todo su cuerpo, ya que en un momento determinado y dependiendo de la investigación del Ministerio Público, éste pude extraer muestras de fluido corporal, cabello, vello, etcétera de la persona del imputado para poder complementar su investigación, convirtiéndose el cuerpo del acusado en un objeto de investigación, pudiendo, en un momento determinado, declarar en contra de esa persona. Para César Delgado, “el derecho a guardar silencio es derecho instrumental de la prohibición de la autoincriminación, y ésta, también derecho instrumental del derecho a la defensa”. Mientras que para Marco de la Cruz, “el derecho a no declarar contra sí mismo, — es el — derecho que tiene el imputado a no ser obligado a declarar contra sí mismo y menos ha de declararse culpable”. La no autoincriminación es un derecho humano que tiene la persona de poder proteger, no solamente lo que dice a través de la palabra hablada, sino todo su cuerpo, para el efecto de que la autoridad evite, en aras del proceso de investigación, someter como objeto de estudio el mismo cuerpo de una persona sujeta a proceso, y sirva el resultado para imputarle la comisión de un hecho que la ley califique como delito.

En estos días la balística y la balística forense han tenido muchos avances, tanto tecnológicos como científicos, ya sea hablando de estructuras de las armas, así como en formas y diseños, esto ha dado pie a que la balística, como ciencia, avance a pasos agigantados, por ello el experto en esta ciencia debe ir un paso más adelante en la búsqueda de la verdad de los hechos ocurridos y con más ahínco, en aquellos en los que se presenta o interfiere un arma de fuego . La criminalística, hoy en día, ha tomado un auge impresionante en nuestro país, siendo una de las principales ciencias auxiliares que ayudan o auxilian al órgano impartidor de justicia para aquellos hechos de investigación criminal o de hechos delictuosos en donde esté vinculada un arma de fuego. Por ello se comparte en estas experiencias reunidas la importancia del estudio de la balística forense en el esclarecimiento de los hechos delictuosos, con este libro quiero llevar al lector al entendimiento de la importancia de la balística en la actualidad, así como dar un nuevo punto de vista y un nuevo enfoque tanto de definición, como de texto. Los campos en el que se puede aplicar la balística son muchos y muy diversos, tratar de conocerlos es muy importante para la ubicación, conocimiento y de referencia de los fines distintos que se tiene en la balística y la balística forense. Al hablar de la balística forense, rama que auxilia a la criminalística, es viable tratar sobre los principios que rigen a la criminalística para darnos una idea de la importancia que tienen para el estudio de todo el material sensible significativo, por estos puntos es donde se distribuye el campo de aplicación de estudios de la balística y cada principio es importante en relación con las huellas o rastros que deja el arma en los distintos puntos que golpea.

Debido a que las personas tienen la necesidad, cada vez mayor, de trasladarse a diferentes lugares, así como a los ritmos de vida tan acelerados que se han generado en la actualidad por diferentes factores (sobrepoblación, la necesidad de migrar, el estrés situacional y los diferentes distractores, por mencionar algunos), se ha ido acrecentando un problema de carácter social que afecta a todas las personas sin distinción alguna, nos referimos a los accidentes de tránsito. Estadísticamente, cuentan con más del cincuenta por ciento del total de muertes y lesiones provocadas por accidentes de circulación, cualquier persona está expuesta a formar parte de una cifra estadística. Para que los accidentes sean catalogados como hechos de tránsito debe haber por lo menos movimiento en uno de los vehículos. Conducir de manera imprudente puede ocasionar una serie de daños, incluso terminar en una conducta delictiva de carácter culposo, siempre y cuando no existan las agravantes necesarias que digan lo contrario, es aquí donde se amplía el campo laboral para los peritos, quienes a través de las técnicas y estudios necesarios deberán llegar a una verdad histórica del hecho de tránsito. Los investigadores deben proveer de informa-ción suficiente para poder sustentar su trabajo mediante: información subjetiva, que es la que proporcionan elementos en forma indirecta, a través de la averiguación previa, información de testigos, policías, etcétera; e información objetiva, considerada la más importante, porque es la que se obtiene mediante de la observación del lugar del hecho y la revisión vehicular, y la que ayuda a comprender de manera clara, sin alteraciones de lo que en realidad pasó. Al igual que en cualquier investigación criminalística, en hechos de tránsito se utilizan los mismos mecanismos de estudio, donde lo principal es la observación del lugar de los hechos a través de una inspección ocular, la cual debe de realizarse lo antes posible debido a la sensibilidad de los indicios para poder determinar la relación que pudiera existir entre peatón, vehículo y lugar, ya que si no se atiende inmediatamente esta etapa, se corre el riesgo de perder material importante para la investigación. En la observación, el experto debe tener la pericia de examinar y realizar los estudios para determinar todas aquellas características que ayuden a determinar las posibles causas o situaciones que influyeron en dicho acontecimiento, como son el estudio del medio ambiente, la visibilidad, tipo y estado de piso de la zona de rodamiento, así como de la clase de crucero que se trata, localización de los señalamientos de tránsito, localización de huellas e indicios. Identificadas las características, el rango de conocimiento sobre lo que en realidad pudo haber sucedido se amplía y entonces se procede con la investigación práctica del estudio directo de los indicios, que puede comprender la deformación de material, el estudio de las huellas de frenado y la revisión vehicular. El estudio de los indicios, al igual que en una escena criminalística, brindará información valiosa sobre la características de circulación vehicular al momento del hecho vial; la huellas de frenado son el indicio fiel, ya que, al igual que una huella dactilar, se puede determinar el vehículo que la imprimió, la dirección en que circulaba y conocer la velocidad aproximada del circulación al momento del hecho. Es importante señalar que cuando se determina el resultado de la gravedad sobre el vehículo, no se debe de especificar la velocidad como una cifra exacta, ya que pueden existir variaciones que conduzcan a un error que haga perder la valides de dicha investigación, es por eso que al momento de calcular una velocidad mediante las diferentes fórmulas se antepone la frase “del orden de”, puesto que las magnitudes son aproximadas y no exactas; por ejemplo: el vehículo rojo viajaba a una velocidad del orden de 70 kilómetros por hora, así que este patrón será utilizado para cada uno de los vehículos. La revisión vehicular ayudará a conocer la forma en cómo se dio el contacto de un vehículo en contra de algún otro objeto, a encontrar anomalías mecánicas que propiciaron dicho percance, pues de no haberse encontrado en mal estado la unidad el suceso no se hubiera presentado. El estudio de los daños interiores se utiliza para determinar las lesiones provocadas tanto para el conductor como para los ocupantes del vehículo. Debido a que los accidentes de tránsito terrestre se han incrementado en una proporción considerable, este fenómeno se ha convertido en un problema de salud pública por la gran cantidad de defunciones y lesiones provocadas por dicha conducta. En México no existe una cultura vial y cada vez son más las personas que adquieren una licencia de conducir sin tener la experiencia necesaria para hacerlo, hacen uso del celular mientras conducen y lo peor es que todavía hay una gran cantidad de ciudadanos que siguen creyendo que el binomio alcohol y volante es sinónimo de grandeza, y que sus conductas no generan ningún riesgo para la ciudadanía ni para ellos mismos. De ahí la importancia de implementar medidas y reformas tanto a los códigos penales como reglamentos de vialidad con la finalidad de erradicar o disminuir la cantidad de sangre derramada en el arroyo vehicular.

El trabajo que hoy se presenta es el resultado de años de investigación, fue el trabajo que presenté para obtener mi segundo Doctorado en la Universidad de Sevilla, España; alcanzando la máxima calificación SOBRESALIENTE CUM LAUDE. Agradezco al jurado compuesto por el catedrático de la Universidad de Valladolid, Prof. Dr. Dr. h.c. Ángel José Sanz Morán; catedrático Juan Carlos Ferré Olivé, catedrático y decano de la Universidad de Huelva; catedrático Francisco Javier Álvarez García de la Universidad Carlos III; al profesor titular de la Universidad de Sevilla Miriam Herrera Moreno y al Prof. Miguel Polaino Orts. El Código Penal español vigente, así como el Código Penal Federal mexicano con respecto al tema de la participación, coautoría y tentativa culposa, no se ocupan expresamente de su regulación, sino que sólo contienen la posibilidad de subsunción de hechos de realización dolosa, lo que conlleva, desde nuestra perspectiva, a crear impunidad, ya que —como veremos— existen infinidad de ejemplos que expresan la posibilidad de que estas tres figuras de la participación, coautoría y tentativa, sean susceptibles de ser calificadas como culposas, verbi gratia. 1. Un ejemplo es aquel en que dos jóvenes van en un vehículo de motor, siendo así que el que conduce es el propietario y sabe que su acompañante nunca ha conducido ni sabe manejar vehículos de motor. Debido a que ha bebido mucho y a que en tales condiciones no puede manejar, induce a su acompañante para que é l acceda, como un favor, a manejar el vehículo, previendo que no tenía licencia de conducir y que además carecía de conocimientos básicos para la conducción de un vehículo. No obstante lo anterior, el acompañante accedió a conducir, dejándole muy claro al propietario que no tenía la menor idea sobre cómo llevar a cabo la conducción de dicho vehículo. El resultado es que, en una avenida de alta velocidad, como consecuencia de su desconocimiento total de cómo conducir un vehículo, choca con otro automóvil causando la muerte, lesiones y daño en propiedad ajena a las personas que iban en dicho automóvil. Dos médicos de guardia de un hospital federal, en la Ciudad de México, reciben a una mujer a las 4:00 a.m., que presenta fiebre, dolor y un malestar general derivado de un embarazo de un producto de cinco meses de gestación; los doctores la pasan a un cubículo donde ambos realizan conjuntamente la consulta: primero con preguntas, luego toman la temperatura de ella, posteriormente, colocan el estetoscopio en el vientre y con estos datos básicos determinan que el producto está muerto y que eso es lo que le ocasiona el estado de malestar general a la mujer. Le dan medicamento con la finalidad de bajar la temperatura, estabilizar a la mujer y también para preparar el procedimiento para sacar el producto muerto. La mujer decide ir a su casa, una vez que ya le habían dado medicamento y la mala noticia sobre la muerte de su producto. En el camino, a causa del medicamento que le administraron, se pone en grave situación de salud, por lo que el esposo decide llevarla a otra clínica, con médicos particulares, donde le practican adecuadamente los estudios de química sanguínea, ultrasonido, electrocardiograma, resultando que el producto estaba vivo y que el medicamento que le habían suministrado los dos médicos del hospital federal le iba a producir como resultado la muerte del producto y de ella. La intervención de los médicos particulares evitó que la negligencia de los dos médicos produjera como resultado la muerte del producto y la madre. 3. En México es muy común que existan personas que se dedican a ayudar a los conductores de vehículos de motor, también conocidos como “franeleros”, cuya principal actividad radica en dar instrucciones de aparcamiento a cambio de una propina. Es el caso que un “franelero” le dio indicaciones a la conductora de un vehículo de motor, con señas y en voz alta. Le dijo: “viene”, “viene”, “viene”, sin percatarse que un niño bajaba de otro automóvil y exactamente caminaba por atrás del vehículo de la señora que está estacionándolo, atropellándole é sta con el vehículo y causándole la muerte instantánea al menor. Podemos observar que en el sistema actual en que predomina el concepto de culpa bajo el sistema unitario, la conductora sería la única responsable, quedando sin responsabilidad alguna el “franelero”. 4. Una mujer sumamente hermosa se sube a un carro deportivo propiedad de su amigo, mayor de edad y titular del permiso para conducir, al cual le dice: “si vas a exceso de velocidad y le ganas a los demás vehículos, al llegar te voy a dejar que me hagas lo que quieras”; ante esta oportunidad, el conductor del vehículo de motor, inducido de este modo por la joven que le acompaña, acelera perdiendo el control y causando daño Aunque la bella mujer sea inductora del hecho a título culposo, de acuerdo a nuestra legislación penal vigente no sería responsable penalmente por no estar prevista la inducción culposa. Los anteriores ejemplos abren una reflexión para determinar si pueden existir formas imperfectas de ejecución (tentativa) a título culposo. En el supuesto anteriormente expuesto de los doctores del hospital federal, quienes conjuntamente realizaron un diagnóstico incumpliendo el deber objetivo de cuidado, toda vez que su actuar fue carente de las normas básicas para determinar el tratamiento y el estado de salud de la madre y el producto, ocasionando con su conducta una puesta en peligro de los bienes jurídicos tutelados; teniendo la obligación de haber realizado los estudios necesarios para determinar el estado de salud en el que se encontraba la madre y el producto. ¿Puede existir la coautoría culposa? Sostenemos que sí debe ser regulada legislativamente esta figura, desde un á mbito subjetivo y objetivo, al igual que sucede en la esfera de los delitos dolosos. Por último: ¿existe la participación culposa? En la culpa hay una decisión común al realizar un hecho. En el ámbito subjetivo de la culpa, consta el conocimiento de las circunstancias del peligro para el bien jurídico tutelado: en otras palabras, dos o más sujetos pueden concertar la puesta en peligro de un bien jurídico tutelado; y ello sin que afecte al resultado. Mientras que, en la parte objetiva de la culpa, dos o más personas realizan conjuntamente el incremento del riesgo en forma directa sobre el bien jurídico tutelado, dejando muy claro que estos dos o más sujetos tienen el mismo deber respecto del contenido y alcance de la norma; por lo que la suma de la conducta de cada uno de los intervinientes incrementa el riesgo sobre el bien tutelado. Aunque la doctrina y las legislaciones vigentes no contemplan estas tres figuras a título culposo, el presente trabajo toma como método de estudio un sistema normativo, no al extremo de Jakobs, pero sí con un matiz ecléctico, con la finalidad de postular con base en supuestos de hechos unidos a criterios dogmáticos es posible sostener que sí son susceptibles de apreciar y de ser reguladas normativamente las hipótesis de tentativa, coautoría y participación culposas. Pensamos que quien se diste de ser un penalista debe tener en sus manos tanto el polvo de los expedientes como el de los libros, unir eso que sostienen la teoría é il capitano e la prattica sono il soldati, palabras de Leonardo que sostienen nuestra perspectiva de vida de unir teoría y praxis, praxis y teoría. Sentenció don Luis Jiménez de Asúa: “los libros ilustres no se han escrito con fines utópicos, sino en vista de construcciones técnicas que aspiran a cobrar vigencia en la realidad”. Un solo supuesto de hecho puede derrumbar sistemas dogmáticos, bibliotecas completas y jurisprudencia. El tema central de nuestro trabajo de investigación tiene como objetivo central sustentar nuestro criterio partiendo de supuestos de hecho, construyendo normativamente la estructura y fundamento de la culpa para temas tan complejos como son la tentativa, la coautoría y la participación culposas. Debo agradecer a mi director de tesis, profesor doctor Dr. h.c. m. Miguel Polaino Navarrete, su apoyo incondicional para la realización de la presente obra, y a mi amigo y colega Miguel Polaino-Orts por sus consejos, orientación y ayuda, y que además ellos me hayan posibilitado conocer personalmente al Prof. Dr. Dr. h.c.m. Günther Jakobs y propiciado nuevos reencuentros con el Prof. Dr. Dr. h.c.m. Claus Roxin, ambas figuras centrales en la dogmática penal que han dejado huella marcando el camino del derecho penal moderno.

Es una grata satisfacción prologar el surgimiento de una nueva obra, placer que se ve aumentado cuando se sabe que la misma será de utilidad o interés para el público, y cuando se trata de un autor o autores a los que se tiene en gran estima y son garantes de una rigurosidad y claridad en sus planteamientos. Este es el caso del presente libro, en el que confluyen esos dos elementos: por una parte, el contenido del libro se puede considerar como muy interesante, tanto por su estructura, como por la forma en que está redactado, amén del constante apoyo a la exposición de los conceptos con numerosos casos y ejemplos prácticos; y por otra parte, porque el autor es una persona que merecen la máxima consideración profesional, con quien tengo una estrecha vinculación profesional, lo que me permite dar fe de su capacidad y admirable constancia personal. A lo largo de los capítulos que integran este libro se aborda, de una forma eminentemente equilibrada, tanto desde el pun- to de vista intensivo como extensivo, los elementos que componen un manual en materia laboral, relativo a las operaciones e información en torno a la prueba pericial de un juicio laboral, cada vez más amplio, exigente y entendido en cuanto a la información que demanda. Los primeros capítulos del libro reflejan, de una forma tan acertada como didáctica, los conceptos básicos inherentes a esa lógica dual que representa la piedra angular. El proceso del juicio, que incluye la prueba pericial, la oferta y desahogo, refutación y cómo preguntar al perito, así como el proceso de ajuste inherente a la propia regularización, están incluidos de forma original en esta primera parte del devenir de la obra. En los siguientes capítulos se aborda minuciosamente la práctica y los elementos que integran el estado que visualiza en un momento del tiempo, esto es, el balance. Esta obra aprovecha la estela de desarrollo y experiencia práctica e intelectual del autor, por lo que estoy seguro que será un material valioso para los estudiantes y profesionales en esta materia.

Esta obra toca un tema delicado y de vital importancia en nuestro país, en el cual todos los mexicanos deberíamos fijar la atención; nos referimos a la Seguridad Interior. Es un hecho que la delincuencia ha rebasado la capacidad de las autoridades de seguridad publica encargada de la protección y salvaguarda de los ciudadanos, por lo que se implementa jurídicamente la incorporación de esa tarea a las fuerzas armadas para que coadyuven con la seguridad pública en los tres niveles de gobierno, a través de éste nuevo instrumento jurídico denominado “Ley de Seguridad Interior”. El autor cuestiona diversas regulaciones de la citada ley y pone a consideración del lector su legalidad a través de un análisis jurídico a la luz de diversos criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y refiere puntualmente los posibles riesgos que pueden llegar a existir durante su aplicación e instrumentación, como lo son de entre otros el respeto a los derechos humanos o la actuación de las fuerzas armadas “por si” y sin la existencia previa de una solicitud formal para su intervención. Dejando los puntos finos del análisis de dicha ley diseminados a lo largo de la obra, siempre con un lenguaje claro y sencillo, con el interés de hacer de ésta obra una herramienta más que facilite al lector el alcance y efectos que puede implicar la intervención del ejercito en el ámbito de la seguridad pública nacional.

Los particulares cuentan con un primer medio defensa legal ante actos y resoluciones ilegales de la administración pública federal, y estos son los recursos administrativos, que son resueltos por las propias autoridades administrativas, quienes, generalmente, no actúan con la imparcialidad necesaria para llegar a considerar que su propio acto o el acto del inferior sea ilegal y, es por ello, que las legislaciones de diversos países —incluido el nuestro—, se han visto en la necesidad de crear un medio de control jurisdiccional sobre los actos de la administración pública, surgiendo así el Juicio Contencioso Administrativo, también conocido como juicio de nulidad. Luego entonces, el Juicio Contencioso Administrativo puede ser definido como aquel que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con la finalidad de resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la administración pública, en virtud de los actos emitidos por esta última, por lo que se debe considerar como un proceso administrativo y no un procedimiento administrativo a pesar de estar regulado por la denominada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Recordemos que en términos de la tradición y doctrina del derecho administrativo, el procedimiento administrativo es el conjunto de actividades que realiza la autoridad administrativa para emitir un acto de igual naturaleza, mientras que el proceso administrativo es el conjunto de actos tendientes a resolver una controversia suscitada entre el particular y la autoridad administrativa, motivada por un acto de esta última en el cumplimiento de sus atribuciones; es por ello que, atentos a los razonamientos señalados, se decidió titular a la presente obra como: El proceso contencioso administrativo federal. El objetivo principal de nuestro estudio es aportar tanto la teoría como la práctica para que sean de utilidad a los particulares que han sido afectados en sus intereses y derechos, para las autoridades administrativas que han sido demandadas, para los estudiantes de la licenciatura en derecho y para los ciudadanos en general. Por lo anterior es que dividimos el tratado en seis capítulos. En los dos primeros se abordan los conceptos fundamentales del Juicio Contencioso Administrativo, la historia y el fundamento constitucional, y también se continúa con la historia, la naturaleza, la integración y la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En el tercer capítulo, de manera detallada, se examina cada una de las etapas procesales del Juicio Contencioso Administrativo, de lo anterior se adquieren los aspectos teóricos que sirven de base para el entendimiento del cuarto capítulo en donde se desarrolla ampliamente —mediante un formulario— la práctica forense del proceso contencioso administrativo federal, que incluye la demanda y la ampliación a la demanda con sus respectivas contestaciones, alegatos, recurso de reclamación y recurso de revisión, así como la excitativa de justicia entre varios más. Del mismo modo se presentan los acuerdos que recaen a cada uno de los escritos referidos y modelos de sentencias. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009, se reformó la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que se instauró la promoción, sustanciación y resolución del Juicio Contencioso Administrativo federal a través del Sistema de Justicia en Línea, por lo tanto, estimamos conveniente realizar su análisis en el quinto capítulo. Para finalizar, en el sexto capítulo, se expone —en atención las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010—, la implementación del Juicio Contencioso Administrativo Federal en la vía sumaria, toda vez que incorpora un medio procesal más rápido y sencillo para la resolución de ciertos asuntos que por su materia o cuantía no representan mayor complejidad. Espero que esta modesta labor sea de provecho para las personas a las que va dirigida, la someto a su consideración. Agradezco su lectura y comprensión.