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Es una grata satisfacción prologar el surgimiento de una nueva obra, placer que se ve aumentado cuando se sabe que la misma será de utilidad o interés para el público, y cuando se trata de un autor o autores a los que se tiene en gran estima y son garantes de una rigurosidad y claridad en sus planteamientos. Este es el caso del presente libro, en el que confluyen esos dos elementos: por una parte, el contenido del libro se puede considerar como muy interesante, tanto por su estructura, como por la forma en que está redactado, amén del constante apoyo a la exposición de los conceptos con numerosos casos y ejemplos prácticos; y por otra parte, porque el autor es una persona que merecen la máxima consideración profesional, con quien tengo una estrecha vinculación profesional, lo que me permite dar fe de su capacidad y admirable constancia personal. A lo largo de los capítulos que integran este libro se aborda, de una forma eminentemente equilibrada, tanto desde el pun- to de vista intensivo como extensivo, los elementos que componen un manual en materia laboral, relativo a las operaciones e información en torno a la prueba pericial de un juicio laboral, cada vez más amplio, exigente y entendido en cuanto a la información que demanda. Los primeros capítulos del libro reflejan, de una forma tan acertada como didáctica, los conceptos básicos inherentes a esa lógica dual que representa la piedra angular. El proceso del juicio, que incluye la prueba pericial, la oferta y desahogo, refutación y cómo preguntar al perito, así como el proceso de ajuste inherente a la propia regularización, están incluidos de forma original en esta primera parte del devenir de la obra. En los siguientes capítulos se aborda minuciosamente la práctica y los elementos que integran el estado que visualiza en un momento del tiempo, esto es, el balance. Esta obra aprovecha la estela de desarrollo y experiencia práctica e intelectual del autor, por lo que estoy seguro que será un material valioso para los estudiantes y profesionales en esta materia.

Esta obra toca un tema delicado y de vital importancia en nuestro país, en el cual todos los mexicanos deberíamos fijar la atención; nos referimos a la Seguridad Interior. Es un hecho que la delincuencia ha rebasado la capacidad de las autoridades de seguridad publica encargada de la protección y salvaguarda de los ciudadanos, por lo que se implementa jurídicamente la incorporación de esa tarea a las fuerzas armadas para que coadyuven con la seguridad pública en los tres niveles de gobierno, a través de éste nuevo instrumento jurídico denominado “Ley de Seguridad Interior”. El autor cuestiona diversas regulaciones de la citada ley y pone a consideración del lector su legalidad a través de un análisis jurídico a la luz de diversos criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y refiere puntualmente los posibles riesgos que pueden llegar a existir durante su aplicación e instrumentación, como lo son de entre otros el respeto a los derechos humanos o la actuación de las fuerzas armadas “por si” y sin la existencia previa de una solicitud formal para su intervención. Dejando los puntos finos del análisis de dicha ley diseminados a lo largo de la obra, siempre con un lenguaje claro y sencillo, con el interés de hacer de ésta obra una herramienta más que facilite al lector el alcance y efectos que puede implicar la intervención del ejercito en el ámbito de la seguridad pública nacional.

Los particulares cuentan con un primer medio defensa legal ante actos y resoluciones ilegales de la administración pública federal, y estos son los recursos administrativos, que son resueltos por las propias autoridades administrativas, quienes, generalmente, no actúan con la imparcialidad necesaria para llegar a considerar que su propio acto o el acto del inferior sea ilegal y, es por ello, que las legislaciones de diversos países —incluido el nuestro—, se han visto en la necesidad de crear un medio de control jurisdiccional sobre los actos de la administración pública, surgiendo así el Juicio Contencioso Administrativo, también conocido como juicio de nulidad. Luego entonces, el Juicio Contencioso Administrativo puede ser definido como aquel que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con la finalidad de resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la administración pública, en virtud de los actos emitidos por esta última, por lo que se debe considerar como un proceso administrativo y no un procedimiento administrativo a pesar de estar regulado por la denominada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Recordemos que en términos de la tradición y doctrina del derecho administrativo, el procedimiento administrativo es el conjunto de actividades que realiza la autoridad administrativa para emitir un acto de igual naturaleza, mientras que el proceso administrativo es el conjunto de actos tendientes a resolver una controversia suscitada entre el particular y la autoridad administrativa, motivada por un acto de esta última en el cumplimiento de sus atribuciones; es por ello que, atentos a los razonamientos señalados, se decidió titular a la presente obra como: El proceso contencioso administrativo federal. El objetivo principal de nuestro estudio es aportar tanto la teoría como la práctica para que sean de utilidad a los particulares que han sido afectados en sus intereses y derechos, para las autoridades administrativas que han sido demandadas, para los estudiantes de la licenciatura en derecho y para los ciudadanos en general. Por lo anterior es que dividimos el tratado en seis capítulos. En los dos primeros se abordan los conceptos fundamentales del Juicio Contencioso Administrativo, la historia y el fundamento constitucional, y también se continúa con la historia, la naturaleza, la integración y la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En el tercer capítulo, de manera detallada, se examina cada una de las etapas procesales del Juicio Contencioso Administrativo, de lo anterior se adquieren los aspectos teóricos que sirven de base para el entendimiento del cuarto capítulo en donde se desarrolla ampliamente —mediante un formulario— la práctica forense del proceso contencioso administrativo federal, que incluye la demanda y la ampliación a la demanda con sus respectivas contestaciones, alegatos, recurso de reclamación y recurso de revisión, así como la excitativa de justicia entre varios más. Del mismo modo se presentan los acuerdos que recaen a cada uno de los escritos referidos y modelos de sentencias. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009, se reformó la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que se instauró la promoción, sustanciación y resolución del Juicio Contencioso Administrativo federal a través del Sistema de Justicia en Línea, por lo tanto, estimamos conveniente realizar su análisis en el quinto capítulo. Para finalizar, en el sexto capítulo, se expone —en atención las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010—, la implementación del Juicio Contencioso Administrativo Federal en la vía sumaria, toda vez que incorpora un medio procesal más rápido y sencillo para la resolución de ciertos asuntos que por su materia o cuantía no representan mayor complejidad. Espero que esta modesta labor sea de provecho para las personas a las que va dirigida, la someto a su consideración. Agradezco su lectura y comprensión.

En el artículo 211, del título II sobre el procedimiento ordinario, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se delimitan las etapas del proceso penal acusatorio mexicano, y dice que el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación. b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud del citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme.

Es una obra que a diferencia de otras, hace énfasis en un diseño vial considerando al elemento más importante y que por décadas fue el más olvidado: el peatón. En las últimas décadas la gran mayoría de las ciudades orientaron su vialidad hacia el automóvil, basadas en un modelo de desarrollo urbano de especialización del suelo, economías basadas en el petróleo, etcétera, modelo que trajo consigo sus respectivas consecuencias que se han convertido en la pesadilla de muchas ciudades; en la actualidad es necesario que los planificadores y administradores de las ciudades, consideren dentro de su visión de largo plazo una gestión y administración de la vialidad como elemento fundamental para una movilidad eficiente. Ingeniería de Tránsito. Gestión de la movilidad y la seguridad vial, es un texto conciso y accesible que permite, tanto al estudiante de licenciatura, especialistas, administradores de la vialidad e interesados en el tema, contar con un libro que aporta criterios, herramientas técnicas de análisis y propuestas para ofrecer soluciones a desafíos en intersecciones, calles, seguridad vial y un tema con escasa información técnica en español: semaforización de intersecciones.

Uno de los aspectos que han acompañado a la humanidad desde sus inicios, dentro del Imperio Romano se creía que la muerte acababa con los derechos del difunto; pero solo los correspondientes a ser marido, padre o tutor, al igual que los derechos políticos que en vida ostentaran, ninguno de estos era transmisible a otra persona. También se perdía su calidad de usufructuario, mandatario o la de titular de un contrato de hospedaje, así como sus rentas vitalicias. Los derechos que si prevalecían eran los de la propiedad y los de crédito que sobrevivían a sus titulares originales, pudiendo estos ser transmisibles a sus sucesores. Es de aquí que surge nuestro actual Derecho Sucesorio. La segunda edición de Derecho civil V, Práctica forense del derecho sucesorio (Doctrina, legislación, jurisprudencia y formularios) es una obra en la que el lector podrá encontrar un capitulado apegado al plan de estudios de diversas instituciones escolares, además de resultar una herramienta útil para los noveles estudiosos del derecho y para aquellos abogados postulantes. La Maestra en Derecho María del Carmen Ayala Escorza y el Doctor en Derecho José Antonio Navarrete Hernández autores de ambas ediciones, disertan sobre todos los aspectos que se relacionan con el Derecho Sucesorio iniciando con aspectos tan básicos que parten desde la conceptualización de la sucesión hasta la culminación de las cuatro secciones que integran un procedimiento sucesorio. El capitulado que integra esta obra resulta tan variado como útil y completo para el lector, siendo éste: I. Derecho sucesorio; II. Aspectos generales de los testamentos; III. Modalidades de los testamentos; IV. Capacidad para testar; V. Incapacidad para heredar por razón de delito; VI. Ineficacia o nulidad total de testamento; VII. Ineficacia de los testamentos; VIII. Los legados; IX. Clasificación de los testamentos; X. Sucesión legítima; XI. Del albaceazgo; XII. El interventor; XIII. Proceso de liquidación y apertura de la herencia; XIV. Procedimiento sucesorio testamentario y XV. Procedimiento sucesorio intestamentario. La segunda edición de Derecho civil V, Práctica forense del derecho sucesorio (Doctrina, legislación, jurisprudencia y formularios) cuenta con dos capítulos más de los enlistados, el XVI dedicado a la oralidad en materia familiar, conociendo desde sus principios hasta las etapas y fases que la componen, y el XVII donde el Doctor José Antonio Navarrete Hernández, Juez 37o. de lo Familiar del TSJCDMX, presenta una propuesta de inclusión de los procedimientos sucesorios dentro de la oralidad en materia familiar para el citado Tribunal o los de aquellas entidades en las que la oralidad ya sea una realidad, si es que se cumplen con una serie de requisitos para su tramitación. Cumpliendo con el aspecto de práctica forense, en esta segunda edición se dota al lector de nuevos formularios que conforman un procedimiento sucesorio testamentario, tanto de las promociones de las partes como de los acuerdos, autos y oficios hechos por parte del juzgador. Cuenta también con un glosario, criterios jurisprudenciales emitidos por nuestro Máximo Tribunal, e incluso, se transcriben y analizan aquellos numerales que fueron derogados de nuestra actual legislación con la finalidad de aportar un aspecto doctrinal de los temas, siempre haciendo mención del estatus jurídico en el que se encuentran dichos numerales.

Los temas de transparencia y corrupción sugieren especial atención con respecto a la necesidad social de una buena gobernabilidad; sin embargo, estos conceptos pueden utilizarse como justificadores de una dinámica neoliberal globalizadora que pretende controlar los capitales que se obtienen a causa de las dinámicas económicas alternas, es decir, aquellas que no son fiscalizadas por la legalidad, y que en la mayoría de los casos representan un ejercicio del poder económico por encima de la obtención lícita de recursos. Así, el ingreso ilícito de capital permite la intervención de organizaciones delictivas en las esferas gubernamentales, dirigiendo las políticas públicas a los intereses de unos cuantos para mantener su hegemonía económica. Manuel Castells indica que “la globalización del crimen organizado tiende a penetrar las instituciones de gobiernos en nuestros países, con efectos perversos considerables sobre la soberanía y la legitimidad políticas.”1 En ese sentido, también la corrupción se convierte en un constructo ideológico que permite calificar a los países como “democracias” o “dictaduras”, es decir, aquellos que sigan las políticas internacionales anticorrupción y las materialicen en sus legislaciones locales serán dignos del reconocimiento de la comunidad internacional, en cambio, aquellos que se rehúsen a hacerlo serán susceptibles de ser bloqueados política y económicamente.