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Nuestra constitución, al concebir el proceso penal, lo hace desde los paradigmas que sostienen al estado democrático, por eso lo funda en diversos principios que lo erigen, un princio toral es el de presunción de inocencia, pues para un estado democrático sólo se podrá considerar culpable a alguien que a través de un debido proceso, donde sea oida la persona imputada, éste sea vencido al derrotarse, más allá de toda duda razonable, dicho principio que lo amparaba. Pero para hacer prevalecer el principio de presunción de inocencia durante todas las etapas del proceso se requiere, necesariamente, que se actualice en todo momento otra de las garantías transcendentales para la persona imputada de un delito, esto es, contar con una defensa adecuada. Una defensa adecuada que ya no sólo se debe limitar a la circunstancia de que ésta recaiga en un abogado o licenciado en derecho, como lo exigen los artículos 20 apartado “A” fracción VIII y 17 de nuestra constitución y del CNPP respectivamente, sino que en forma extensiva, y como garantia procesal, se le debe exigir un conocimiento sistemático no sólo del proceso penal, sino también de la dogmática penal (artículo 121 CNPP), pues debe tenerse presente que el CNPP no sólo comprende las categorías procesales, sino también penales, ya que la consecuencia de no contar con ella obliga al órgano jurisdiccional a advertir al acusado para que se designe a otro. De ahí la importancia de proporcionar este tipo de herramienta para que, desde la práctica adquirida como juzgadores, se comparta con el medio de abogados o licenciados en derecho, que ejercen diariamente el cargo de defensor en los tribunales del país, el poder instruirse en el manejo sistemático del procedimiento acusatorio adversarial, pero también de aquellas categorías de carácter sustantivo que pueden resultar aplicables en los casos penales que defienden. Desde su primera edición, se pretendió exponer en forma detallada y sencilla cada uno de los conceptos jurídicos que comprenden no sólo las normas procedimentales, sino también las de carácter sustantivo con la finalidad de dar una mayor visión acerca de lo que se debate en cada audiencia. Sin duda, creemos que ha resultado ser una herramienta indispensable para el foro de abogados, tanta ha sido su aceptación que nos han permitido que la misma a su cuarta edición. Por eso, ésta se ha enriquecido con doctrina, casos prácticos, jurisprudencia nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elementos claves para contar con un conocimiento jurídico sistemático de utilidad para poder brindar una asesoría integral acerca de cada caso que se tenga que defender en nuestros juzgados en materia penal.

El proceso penal en México comienza cuando, ante el juez de control y con la presencia del imputado, el Ministerio Público, dentro del contexto de la audiencia inicial, informa a éste que desarrolla una investigación en su contra por un hecho que la ley señala como delito y del cual estima pudo haber intervenido bajo cualquiera de las formas señaladas para ello por la ley penal. De igual importancia es que la comunicación sea verificada en un escenario enmarcado por los principios rectores del sistema acusatorio y en un contexto necesario de protección a los derechos de los intervinientes, ya sea que se trate del imputado o de la víctima u ofendido, esto tanto a nivel supranacional, constitucional como legal. Es en la audiencia inicial y, en lo particular, en la formulación de imputación, cuando se fija la litis o el hecho que será objeto o núcleo esencial del proceso y en su caso del juicio, así como en función de su estructura, de los derechos y posibilidades procesales de las partes, lo que sin duda afectará sus respectivas teorías del caso. En ese sentido, la formulación de imputación no es la acusación, es decir, no es la solicitud de una determinada pena y monto de reparación del daño, por el contrario, es la comunicación oficial al imputado del porqué se le atribuye tal calidad, y para garantizarla se exige que sea en audiencia con presencia del juez de control, es decir: formular imputación es el acto de presentar y explicar aquellos cargos de carácter delictivo que se le atribuye a una determinada persona. Véase que la importancia de la formulación de imputación radica en que en ésta el Ministerio Público le informa al imputado el hecho por el cual considera que éste puede ser responsable de haber cometido un hecho criminal, así como también por qué considera que éste lo cometió o participó en él. Dicha situación no debe verse a la ligera, ya que cualquier error que cometa el órgano técnico en la misma puede tener consecuencias graves para los intereses del imputado al momento de debatirse la vinculación a proceso del imputado, dado que aún y cuando el artículo 316 del CNPP establece en su último párrafo que el juez de control puede realizar una reclasificación jurídica del hecho criminal, también lo es que la misma tendrá que realizarse de forma exclusiva y directa al contenido del hecho narrado previamente por el Ministerio Público al momento de formular imputación, de ahí la importancia de que la defensa tenga perfectamente claro el hecho imputado de la manera más detallada, pues éste será la base fáctica, jurídica y probatoria de la vinculación, de la acusación e incluso de la audiencia de juicio oral y de la respectiva sentencia, en vista de que el mismo no se puede modificar. En consecuencia, esta obra desarrolla de forma práctica las implicaciones que para el proceso y el ejercicio de las posibilidades procesales de las partes y sus respectivas teorías del caso, representa la formulación de la imputación, de la que se afirma, sin lugar a dudas, fija o cierra la litis en el proceso penal mexicano, esto, al establecer un hecho que no podrá ser alterado en su núcleo duro o esencial y delimitar las posibilidades que en función de su contenido podrán ejercer las partes al interior del proceso, hecho que, dicho sea de paso, aún y cuando pueda recibir un distinto nombre jurídico, mediante su reclasificación, ya sea, según el caso, por el Ministerio Público o por el órgano jurisdiccional, no podrá ser alterado de forma alguna en su contenido, pues como lo afirma el artículo 19, quinto párrafo, de nuestra carta magna, el hecho que se establezca en la vinculación deberá ser forzosamente el mismo sobre el cual se siga el proceso penal. De tal modo, este libro trata de demostrar al lector la importancia de fijar especial atención a la formulación de imputación, pues como se demostrará de forma teórica y práctica, resulta un elemento esencial para la acusación o defensa de las causas penales en México.

Este manual surge como resultado del nuevo escenario que enfrentan las víctimas y sus asesores jurídicos en la práctica del sistema acusatorio mexicano. Sin lugar a dudas, el papel de las víctimas y su intervención como verdaderas partes del proceso penal dista mucho del rol que tristemente desempeñaban en el coloquialmente llamado sistema tradicional o inquisitivo- mixto, pues ahora cuentan con un verdadero derecho para intervenir de manera activa en el proceso penal, no sólo para buscar que se les repare el daño causado por el delito, sino para coadyuvar a efecto que, como una condición previa a ello, se demuestre tanto la existencia de un hecho delictivo, como la intervención penal en el mismo de una persona determinada, todo ello relacionado a lo que se conoce como una reparación integral. Este panorama a primera vista pareciere alentador, puesto que se refiere a que ahora se reconozca el derecho de las víctimas a intervenir de manera activa en el proceso penal, lo que comprende, desde luego, actos procesales como son: ser debidamente notificada de las audiencias; su asistencia en intervención en las mismas; la posibilidad de alegar a su favor; controvertir las manifestaciones de la defensa; recurrir cualquier resolución que le sea adversa, etcétera, ha sido potencializada mediante el acompañamiento técnico de un abogado que, de forma independiente a la labor que realiza el Ministerio Público, se dedica en exclusiva a la asesoría técnico-jurídica de las víctimas del delito para la defensa de sus intereses. Esta figura del asesor jurídico de víctimas, contemplada de manera normativa desde la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en el artículo 20, Apartado C, de nuestra Carta Magna e instrumentalizada mediante la Ley General de Víctimas, así como por el Código Nacional de Procedimientos Penales, implica el derecho de las víctimas a contar con un abogado que, durante todo el proceso penal y casi a partir de que se cometa el hecho delictivo, se dedique a proteger sus derechos para buscar la adecuada e integral restitución de los mismos. Dicha labor no ha resultado sencilla, pues en la práctica se ha descubierto que los ojos y atención de la mayoría de los operadores están centrados en la protección de los derechos del imputado relacionados al debido proceso, mas no así a los de las víctimas, lo que sin duda es un error, pues el concepto de debido proceso ha cambiado en nuestro país, porque para respetar tal derecho no sólo se debe tutelar los derechos del imputado, sino los de las víctimas, lo que no ha resultado sencillo, ya que se ha descubierto que los asesores jurídicos enfrentan en su labor dificultades formales como la mala regulación de sus facultades y derechos al interior del proceso penal, tanto a nivel procesal como en materia de amparo; así como dificultades materiales que se reflejan en cuestiones como un trato inadecuado por parte de agentes del Ministerio Público, quienes, en ocasiones, incluso se niegan a proporcionarles una cuestión meramente elemental como es la copia de la carpeta de investigación, o bien, tratan de impedir su intervención directa en la conformación de la carpeta de investigación o la toma de decisiones esenciales en audiencia, a lo que se suma la postura de algunos órganos jurisdiccionales que, al no estar acostumbrados a su intervención en audiencia, llegan a dejarlos fuera de la toma de postura en audiencia en temas claves. A todas estas problemáticas, entre muchas más, se deben añadir las dificultades que enfrentan tanto los asesores jurídicos públicos como particulares, relacionados a falta de una adecuada capacitación, acceso a servicios periciales independientes de calidad, mala infraestructura física, inexistencia de protocolos estandarizados de atención a víctimas, etcétera, temas que en efecto pueden llegar a afectar la calidad del servicio prestado a la víctima. Por todo lo anterior es que se elabora esta obra, pues este libro busca explicar a detalle y desde un enfoque práctico al proceso penal vinculado a la labor de los asesores jurídicos de víctimas, además de detallar los derechos con que cuentan, las posibilidades normativas y figuras legales a su alcance para la protección de los derechos de las víctimas en temas como: el acceso eficaz a la justicia, el derecho a la verdad, la reparación integral del daño, el embargo precautorio en contra del imputado, la intervención en audiencias, el ofrecimiento y desahogo de medios de prueba por parte de la víctima, la impugnación de las decisiones que en su perjuicio realice el Ministerio Público o incluso el órgano jurisdiccional, etcétera. En conclusión, este libro busca convertirse en un verdadero apoyo para que cualquier abogado que se dedique a la interesante labor de asesor jurídico de una víctima cuente con las herramientas, conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas necesarios para proteger eficaz y exitosamente los derechos de las víctimas.

México enfrenta uno de los retos más importantes en su historia, es decir, la aplicación de un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral en armonía tanto con el sistema nacional anticorrupción, como con el sistema nacional de transparencia y fiscalización, que, en conjunto, implican un cambio histórico y único para nuestro país. Para los mexicanos, este momento tan importante nos brinda la oportunidad de participar en una transformación sistémica que trasciende a la cultura de legalidad y al Estado de derecho. Contamos con una Constitución que ha impactado de manera histórica en nuestra sociedad y que, en materia de justicia, debemos celebrar también, pues a partir de junio de 2008 se trazó un direccionamiento distinto hacia la obligación de contar con un proceso penal acusatorio y oral. En esta reforma constitucional se plasman varios cambios benéficos en materia de procuración e impartición de justicia, como son la posibilidad de acceder a jueces de control de legalidad de manera inmediata para las diversas solicitudes de las partes en audiencias, la utilización de mecanismos alternativos en materia penal, así como un sistema de reinserción. Este fue un gran paso para nuestro país y debemos celebrarlo, así como la promulgación de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en Materia Penal, que permiten la aplicación eficaz de la reforma contenida en nuestra Constitución Federal en materia de justicia penal. Nuestra Constitución ha evolucionado de acuerdo con las necesidades cambiantes de nuestra sociedad. México es uno de los países que ha realizado más reformas a su Carta Magna Federal. A partir de la reforma constitucional de junio de 2008, en materia de justicia penal, comenzó el proceso de implementación de un sistema de justicia penal acusatorio. Uno de los grandes logros de nuestro país ha sido, sin duda, la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ha acelerado el proceso de implementación en las diversas entidades federativas en sus diversas etapas y busca atinadamente armonizar criterios en la aplicación del nuevo esquema de justicia penal, además de lograr la mejor y mayor aplicación de figuras tan importantes como son las diversas alternativas para poner fin al conflicto penal y no sea el juicio la única opción.

El contenido del presente libro constituye una herramienta de trabajo invaluable, tanto para el profesionista dedicado a las labores académicas, como para el postulante o servidor público; presenta temas de actualidad e interés general del quehacer jurídico y judicial, tales como la utilidad de la criminalística en el actual sistema penal acusatorio, la suspensión de derechos políticos del gobernado por estar vinculado a un proceso, análisis del delito de violación equiparada, el procedimiento abreviado y otros. Además, incluye propuestas y planteamientos claros y novedosos, desarrollados con base en investigación teórica, fundamento legal y práctica que el autor como impartidor de justicia nos brinda.

Quizás en lo menos pertinente ahora para escribir estas líneas, tengo la distinción que antes de su partida del mundo terrenal, mi amigo, colega, excelente administrativista y experto en derecho fiscal, don Alejandro Paz López †, hiciera en solicitud a mi persona, para presentar esta obra y, mejor aún, a su ruego, la misma apareciera indeleble en sus páginas; como imborrable también, la huella y buenos recuerdos de vida y praxis profesional que muchas veces nos unieron con ése y otros motivos. Sean mis oraciones en Cristo y con él hasta el destino finito dónde alguna vez arribaremos los mortales, en la consabida dicha celestial en que ya mora Alejandro, en su descanso eterno. En ese contexto, vistos en esta posteridad y la que sobreviene a su partida, sirvan las presentes líneas para presentar esta obra, que sin lugar a dudas es una colección de experiencia profesional, laboral y docente del autor, en sus años como servidor público de las haciendas públicas locales y federales, así como en su rol de jurista y maestro, que, hasta en sus últimos momentos, predicó y nos enseñó, en varios de sus libros, la inagotable fuente de estudio y especialidad que debía revestir el derecho administrativo mexicano en la actualidad. Es precisamente esta obra, en la que página a página, don Alejandro Paz revela que ser técnicos y precisos en el argot del derecho administrativo no es lo básico, sino lo único y toral. Esto es así porque, en la obra, es incansable su intención de dejar en claro que durante muchos años la inveterata consuetudo et opinio iuris seu necessitatis de la reconsideración administrativa evolucionó y mutó, si bien no a otra figura per se, sí a una de cuya intención fue la misma pero con esencia procedimental y teórica distintas, denotando, así, que esa nueva institución en la actualidad debe intitularse y ejercerse como medio de defensa en sede de la autoridad fiscalizadora como revisión administrativa. De ahí el título de la obra. Realizó un viaje al pasado, de 1929 a 1995, para actualizarla a nuestros días, bajo una nueva concepción de la figura: “de la reconsideración a la revisión administrativa”. Una intención que los operadores y protagonistas del derecho administrativo y fiscal debemos cultivar y acoger en aras de llamar a las cosas por su nombre —como él dijo—, y, con ello, lograr un recurso de impugnación más efectivo, propio y técnico, como el autor lo expone y pretende. Esta obra permitirá que el lector diferencie sendas instituciones y le dará —como al suscrito— una mayor óptica de defensa y más elementos para seguir provocando una verdadera actio mutatis mutandis, como la que nos deja el maestro Paz, quizás para, en un futuro, dotarla de un recurso que permita el acceso a una adecuada defensa y a la tutela judicial efectiva a la que aspiran los gobernados en actos vejatorios de sus derechos fundamentales y humanos cometidos por autoridades administrativas. Ésa era la intención a la postre del autor, empero, hoy nos toca secundarla a los abogados interesados o, cuando menos, fomentarla para su loable consecución: ya en la práctica, en la difusión o la lectura verbi gratia de esta obra.

En esta obra se ha escrito lo que tenía que decirse: es inconcebible que, a casi treinta años de la reforma que atinadamente sustituyó el criterio rector de la peligrosidad por el de culpabilidad para realizar juicios punitivos, los operadores jurídicos aún estén confundidos y desinformados. Sin duda, la falta de una dogmática bien estructurada con la epistemología integral, que concierne a la individualización judicial de las sanciones, ha influido en una praxis errónea, soportada en prejuicios especulativos que conducen a actuaciones instintivas y no racionalizadas, en detrimento de una justicia democrática. Qué mejor que un miembro de la judicatura para exponer las sin razones de una importante actuación jurisdiccional y para alentar a todos los operadores de la materia —abogados defensores y fiscales— a instruirse y a contribuir en una elaboración dogmática del subsistema de individualización de las consecuencias jurídicas del delito, para lograr una mejor hermenéutica en la práctica judicial, con lo que se rectifiquen conceptos y se impongan sanciones justas y congruentes en beneficio de los justiciables y del Estado de derecho, pues lo contrario ha motivado al legislador a generar derecho actuarial. En esta tarea es fundamental, además del conocimiento del derecho penal, en específico, de la teoría del injusto y de la culpabilidad, la episteme de otras ramas como la política criminal, la criminología y la penología, así como la teoría de los derechos humanos. El tema que se aborda no es una cuestión baladí, como se le ha subestimado. Existe un gran peligro de deshumanizar el hecho delictivo, al cosificar la conducta por el mero acto, y el riesgo, además, de desproveer de cientificidad a la individualización de sanciones.